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Desamparados

5 min

Cualquier español poseedor de un carné de conducir —e incluso si no lo posee, como es, de momento, mi caso—, sabe que existe un código de circulación. Y que ese código hay que respetarlo, o sea, cumplirlo, so pena de exponerse a una sanción. Es más, desde 2005 está vigente en España una ley de tráfico que introduce un sistema denominado «permiso y licencia de conducción por puntos», ley que ha sido reformada en años sucesivos aunque sin modificar el sistema en cuestión. En paralelo, se han intensificado los controles de alcoholemia y perfeccionado los de velocidad, hasta tal punto que todo conductor sabe hoy en día a lo que se expone si viaja con una copa de más o acelera más de lo debido. En el mejor de los casos, perderá sólo algunos puntos del crédito de que dispone; en el peor, se quedará sin carné o dará incluso con sus huesos en la cárcel. Los efectos de ese nuevo marco legal son de sobra conocidos: han disminuido los accidentes y, en consecuencia, se ha reducido considerablemente el número de muertes en nuestras carreteras. O, si lo prefieren, ha aumentado la seguridad de automovilistas y motociclistas. De todos, por más que, como es lógico, sea imposible garantizar esa seguridad al cien por cien, dado que siempre hay algún loco que no atiende a razones ni a sanciones y está dispuesto incluso a jugarse la vida poniendo en peligro la de los demás.

El «proceso participativo» del 9N había constituido un éxito para los inductores, organizadores y ejecutantes de la burla a la democracia, esto es, para los violadores de la ley

Figúrense ahora que, con ese marco legal en vigor, la Guardia Civil o las policías autonómicas de Cataluña y País Vasco, tras comprobar que la velocidad de un conductor o su grado de ingesta alcohólica son manifiestamente excesivos, se limitaran a mirar para otro lado, esto es, a no aplicar la ley sancionando al infractor con arreglo a la falta o al delito cometidos. ¿Qué pensaría el infractor? Pues, como mínimo, que ancha es Castilla —o Cataluña o el País Vasco—. ¿Y qué pensarían los demás y, en especial, los que nunca cometerían adrede una infracción parecida? Pues que la ley es papel mojado. Y, al mismo tiempo, sentirían una gran desazón, una sensación de profundo desamparo ante la evidencia de que el Estado, que es a quien compete garantizar la seguridad vial de los ciudadanos —y, por extensión, su seguridad jurídica—, no está por la labor que tiene encomendada.

Algo parecido han sentido muchísimos españoles este domingo al constatar como el Gobierno central permanecía impasible ante la violación del Estado de derecho que se estaba produciendo en Cataluña. Durante los días anteriores, tras la segunda de las sentencias del Constitucional suspendiendo de forma inequívoca toda acción relacionada con lo que el propio presidente de la Generalidad había rebautizado como «proceso participativo», ya tuvimos ocasión de comprobar hasta qué punto Mas y sus derviches estaban dispuestos a llevar la cosa hasta el final. Y no en la sombra, sino en un primerísimo plano. Y también comprobamos, por boca del ministro de Justicia, que este no era el caso del Gobierno. Pero la bravuconería, la desfachatez y la chulería del presidente de la Generalidad llegó a su máxima expresión el mismo domingo, cuando desafió los tímidos intentos de la Fiscalía por aplicar la ley en lo tocante a la apertura de locales públicos y a la presencia en ellos de funcionarios indicando que asumía toda la responsabilidad. Y tampoco pasó nada.

Porque, en realidad, ya había pasado todo. El «proceso participativo» del 9N había constituido un éxito para los inductores, organizadores y ejecutantes de la burla a la democracia, esto es, para los violadores de la ley, y un fracaso para los encargados de cumplirla y hacerla cumplir. Y eso ya no tiene remedio, por más que intente compensarse ahora con apelaciones a la Fiscalía y con alusiones a la patochada electoral, a su falta de validez jurídica y a los parcos, por imprevistos, porcentajes de participación y voto independentista. Cuando alguien puede saltarse la ley y montar lo que se montó hace tres días en Cataluña sin que tal comportamiento traiga consecuencias, es que el Estado no existe. En otras palabras, es como si aquí todo Dios pudiera circular borracho y a 200 por hora sin que nadie le llamara al orden y lo metiese en vereda. El desamparo ciudadano, convendrán en ello, no puede ser mayor.

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¿Quién es... Xavier Pericay?
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Escritor y filólogo. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Ramon Llull. Está considerado uno de los mejores especialistas en la vida y la obra de Josep Pla. Trabajó en el Diari de Barcelona y colabora en Abc.
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PauGuix 25/08/2015 - 11:21h
Benvolgut Xavier, els catalans de seny sembla ser que estem tots sols en aquesta dissortada situació... seny i paciència toca ara... i molta pedagogia...
Bruno1 25/08/2015 - 11:21h
"todo Dios", no; només alguns, els de sempre, els nacionalistes. Aquests tenen bula per fer i desfer amb tota impunitat i si algú els para els peus, s'enfilen per les parets tot cridant "llibertat i democràcia". La farsa s'ha acabat. L´única cosa positiva del 9N és que ara sabem EXACTAMENT quants són. I el millor de tot és que la xifra coincideix amb el que ja sabíem.
EduardoPinzolas 25/08/2015 - 11:21h
Ha expuesto usted perfectamente las consecuencias ciertas negativas de la decisión del Gobierno ante el 9N y créame que las comparto. Ahora bien, es muy fácil exigir actuaciones desde la barrera de la pureza ideológica, sin embargo la responsabilidad de la acción política requiere también dosis de realismo y ese realismo pasa por contrapesar los efectos positivos y negativos de cualquier decisión política. Ahora piense por unos momentos en las consecuencias positivas e imagínese la presencia policial de mossos y guardia civil ante los colegios cerrados y frente a colas de gente queriendo votar, mucha de ella convencida de que se les priva de un derecho básico y cargada de testosterona. Imagínese las oleadas de victimismo subsiguientes y las reacciones de la opinión pública nacional e internacional ante las fotos y crónicas de esa situación. No estoy diciendo que me parezca genial la decisión del Gobierno, pero trato de ponerme en su posición y comprender sus motivos.
EduardoPinzolas 25/08/2015 - 11:21h
Otra cosa que me parece obvia: no podemos esperar siempre a que papá Estado nos saque las castañas del fuego. Si los catalanes no nacionalistas no somos capaces de estructurar una alternativa política ni de salir a votar masivamente en las próximas elecciones a opciones no separatistas o nacionalistas, mal podemos ir exigiendo nada a los demás. Nosotros somos los primeros responsables en intentar revertir la situación política catalana desde dentro.
LARRA 25/08/2015 - 11:21h
Para que quieren la independencia no cumplen las sentenciasni las leyes que no les gustan y chulean al Estado, y traen mediadores internacionaleS pagados por todos que vergüenza.
Olegario 25/08/2015 - 11:21h
(1) Seguro que la conducta de Rajoy y la diligencia no van muy en paralelo; ahora bien, de este proceder, en el caso que nos atañe, se derivan DOS consecuencias de valioso alcance, todavía no bien valoradas: la primera es que no ha caído en provocaciones; el nacionalismo se nutre de la dinámica provocación-respuesta, muy específicamente el Sr Mas y su inefable conducta. Al fallarle la respuesta ha dado suficientes muestras de impaciencia rayanas en el ridículo y denunciadoras de su "valía" como estadista. Se ha semejado al adolescente caprichoso que no ha superado los berrinches de mocoso malcriado, al que se le toma la medida simplemente ignorándolo. La otra consideración con componente positivo es que, por su inacción, finalmente ha habido la oportunidad de contar. De la amenaza constante teñida de determinismo telúrico materializado por "la demanda imperiosa del 70 % de Cataluña"
Olegario 25/08/2015 - 11:21h
(2) o el "respaldo sin fisuras del 80 % de catalanes" se ha pasado a menos de un tercio. Llamarle bocazas al "President" sería injusto, ya que el argumento es compartido por la pléyade de prohombres que componen esa amalgama de criaturas con proximidad al micrófono, con carguillos variopintos y con el denominador común de componer la nueva burguesía de carácter parasitario que compone la administración más grande, compleja e inútil que hemos dejado crecer. Han acudido todos, lo han controlado todo, han movilizado todos nuestros recursos... y al final, si no el parto de los montes, la evidencia, la gran MENTIRA, desnuda, sin paliativos. Sería sarcástico que estos usurpadores de la legitimidad social obtuvieran el más mínimo rédito, no ya por su deslealtad miserable, proyectada muy en primer lugar hacia los dos tercios de catalanes indiferentes a su "epopeya", sino por su apostolado de la falsedad.
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