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Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, vicepresidente y presidente de la Generalitat, respectivamente.

Puigdemont se ‘tragará’ ATLL por falta de dinero

El nuevo Gobierno de la Generalitat mantendrá la concesión a Acciona sin alterar a pesar del pacto con la CUP a la espera de la última sentencia del Tribunal Supremo

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Recuperar la titularidad pública de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) es una de las prioridades del nuevo Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont. Así lo reivindicó la CUP en el pacto de investidura, pero la rescisión del contrato actual con Acciona deberá esperar por necesidades económicas, indican fuentes de Junts pel Sí.

La concesión está invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desde el pasado verano, cuando el alto tribunal manifestó por enésima ocasión que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, la antigua Oarcc, tenía razón en anular el concurso público. Ratificó que la oferta de Acciona no cumplía con los pliegos de condiciones y se debía quedar fuera del concurso público.

Estrategia por necesidad

Artur Mas mantuvo su política de hacer oídos sordos a la justicia y continuar la concesión del servicio de agua sin alterar para quemar el último cartucho jurídico que le quedaba, presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Puigdemont y el nuevo consejero de Territorio, Josep Rull, mantendrán la estrategia por “necesidad más que por convicción”, indican los mismos interlocutores.

El principal problema es que las arcas catalanas no tienen disponibles los 326 millones de euros que el ex responsable de Economía, Andreu Mas-Colell, cifró como compensación a Acciona para echarla de las aguas catalanas. Los propios miembros de Junts pel Sí son conscientes de que esta cifra deberá crecer para evitar un nuevo periplo judicial con la compañía de los Entrecanales.

Esperar al Supremo

El plan del Gobierno es reunir los recursos necesarios para rescindir el contrato en los meses que quedan para que el Supremo publique la última sentencia. Ésta será una de las tareas del vicepresidente económico, Oriol Junqueras. El líder de ERC acaba de desembarcar en la consejería de Economía y aún realiza su particular due diligence del departamento, afirman otras fuentes del círculo de confianza del vicepresidente.

Junqueras no descarta incluir la indemnización a Acciona en los próximos presupuestos catalanes y recuperar la titularidad pública de ATLL, el escenario en el que ERC siempre se ha sentido más cómodo a pesar de su apoyo sin fisuras a CDC por el procés. Pero la incertidumbre política en Cataluña llega al extremo que Junts pel Sí no cuenta por ahora con los apoyos necesarios para tirar adelante las cuentas para 2016.

Resistencia de la oposición

La oposición le presentará resistencia. Los grupos no independentistas del Parlamento catalán son conscientes de que el caso ATLL debilita la alianza de Junts pel Sí y la CUP y lo usarán como arma de batalla. El primer partido en dar el paso es el PSC. Los socialistas de Miquel Iceta registraron el pasado 18 de noviembre una proposición de ley con carácter de urgencia para reclamar la titularidad pública de las aguas catalanas. El retraso en la formación de Gobierno la dejó inactiva hasta la semana pasada.

Catalunya Sí que Es Pot (CSQEP) le ha dado su apoyo. La confluencia de izquierdas, además, preparan varias mociones en las que exigirán a Puigdemont que cumpla con las sentencias del TSJC y que cumpla con el pacto del agua, un documento en el que se insiste en la necesidad de mantener el control público del servicio.

Para que las iniciativas legislativas lleguen a buen puerto el PSC y CSQEP necesitarán el apoyo de Ciudadanos y el PP. También el de la CUP, que se podrá desmarcar del pacto de investidura por ATLL.