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Primeras planas

Variaciones sobre la operación salida y desplome del consumo

El Gobierno no quería que el emérito se fuera de España, pero avaló la decisión de la Casa Real, según la última versión. Los letrados del Parlament siguen sin publicar la reprobación republicana

19 min

La semana del rey emérito concluye con encuestas e incertidumbres. Don Juan Carlos está en paradero desconocido, entre Abu Dabi y Nueva Zelanda, donde le emplazan las últimas especulaciones. Circulan variadas versiones sobre el destierro y el papel del padre, el hijo y el Gobierno en el entretenido sainete. La monarquía estaría sufriendo un moderado desgaste. El pueblo es comprensivo y poco partidario de la guillotina, que es cosa de los exaltados y los fariseos de Podemos y los nacionalistas.

En términos generales, la ciudadanía aboga por retirar los privilegios al emérito, en cuyo caso vendría a ser menos que un futbolista y aún más expuesto a Hacienda y ante la ley. Que la justicia debería ser igual para todos es un anhelo universal, una aspiración generalizada, un deseo fraternal y republicano. Así queda reflejado en la encuesta de El Español, que titula así el destilado demoscópico: "El 60% está en contra de que Juan Carlos goce de inviolabilidad y el 51% ve razones para juzgarle". 

El análisis de los resultados viene con la firma de Alberto D. Prieto, quien escribe: "El Tribunal Supremo ha rechazado imponer medidas cautelares contra el rey emérito Juan Carlos y evitar su salida de España, porque no tiene ninguna causa pendiente en España. Lo único que hay es unas diligencias de la Fiscalía suiza en manos de la del Alto Tribunal, que debe dilucidar si hay indicios de delito, si en caso de haberlo ha prescrito y si, de cualquier modo, la especial protección que le otorga la Constitución Española al jefe del Estado ampara esos presuntos actos".

Sigue la pieza: "Pero más allá de lo que diga la Carta Magna, una gran mayoría de españoles, hasta el 60,4%, cree que la inviolabilidad no debe seguir protegiendo los hechos ocurridos cuando el exmonarca aún lo era. Según la encuesta de Sociométrica para El Español, sólo el 35,4% de los ciudadanos creen que, tras haber abdicado la Corona en su hijo Felipe VI, los posibles delitos de Juan Carlos deben seguir siendo imperseguibles. (...) Dos tercios de los votantes del PP (66,2%) y de Vox (66,5%) sí quieren mantener esa inviolabilidad. Abrumadoramente, los socialistas (83,9%) opinan justo lo contrario y, junto a la inmensa mayoría (91,7%) de los simpatizantes de Unidas Podemos, abogan por desproteger al padre del Rey. Por su parte, los votantes de Cs están divididos en mitades (un 48,1% apuesta por ampararlo y un 48,7% prefiere que se pueda investigar)".

La encuesta de Sigma 2 en El Mundo abunda en el legado de Juan Carlos I: "El sondeo, realizado entre el 4 y el 6 de agosto, después del anuncio de su salida de España, refleja que el 67,2% de los españoles cree que el papel institucional del Rey emérito fue 'muy'" o 'bastante importante' en la Transición y en el conjunto de su reinado. En el lado contrario, uno de cada cuatro, el 24,4%, lo califica como "poco" o "nada importante"".

Continúa el texto: "Los votantes de Ciudadanos, los del PP y los de Vox, por ese orden, son los que más y mejor valoran el papel histórico e institucional de Juan Carlos I. El 95,1% de los que apoyaron a Cs, el 92,3% de los que votaron al PP y el 77,1% de los simpatizantes de Vox ponen en valor su figura durante la Transición y desde 1978 hasta su abdicación en 2014. Los ciudadanos que votaron al PSOE también son mayormente juancarlistas, denominación que se puso de moda entre muchas personas de sentimiento republicano que defendían el papel y la figura de Juan Carlos I. El 73,6% de los que votaron a los socialistas el pasado noviembre, cuando el PSOE ganó las elecciones, consideran muy o bastante importante su legado. En el lado contrario, más de uno de cada cinco simpatizantes del partido que dirige Pedro Sánchez tienen una mala opinión de su rol en la historia de España".

En lo que no hay duda, según este sondeo, es en que el emérito debería responder ante la justicia. Así lo cree más del 80% de los encuestados. 

En cuanto a la operación salida, El País ofrece este domingo la versión actualizada del Gobierno, que apoyaba la marcha de Zarzuela, pero no del país, según la crónica de A. Díaz y M. González: "La salida de España de Juan Carlos I es el resultado de unas conversaciones a tres bandas: Pedro Sánchez, Felipe VI y el propio rey emérito. El presidente del Gobierno trasladó hace tiempo a Felipe VI la necesidad de que marcara distancias con Juan Carlos I para evitar que la institución resultara dañada por las informaciones sobre las cuentas opacas del rey emérito en paraísos fiscales. Las encuestas que manejaba reflejaban un deterioro acelerado de la popularidad de la Monarquía, especialmente entre los menores de 45 años. Felipe VI y Pedro Sánchez cerraron los últimos flecos del movimiento en un encuentro a solas el viernes 31 de julio en San Millán de la Cogolla, durante la conferencia de presidentes autonómicos. Antes, se había producido otra reunión clave, un cara a cara entre Felipe VI y su padre. De esta reunión salió la decisión del rey emérito no sólo de dejar la Zarzuela --como quería el Gobierno-- sino la de abandonar España. El Ejecutivo pensaba que salir del país acarrearía complicaciones. Pese a ello, respaldó el paso dado por la Corona. El lunes 3 se hizo público que Juan Carlos I abandonaba el país".

Portada de 'El País' del 9 de agosto de 2020
Portada de 'El País' del 9 de agosto de 2020

Sigue la nota líneas después: "En sus audiencias con el Rey, Sánchez le expresó, con toda franqueza, su alarma por la deriva de los acontecimientos y la necesidad de salvaguardar a toda costa la institución, levantando un cortafuego que la protegiera del escándalo, pero no le marcó el camino a seguir. 'El Gobierno apuntó el problema, pero la decisión la tenía que tomar el Rey', aseguran fuentes gubernamentales. En otras palabras, Felipe VI tendría todo el apoyo del presidente cualquiera que fuera su decisión, pero la responsabilidad sobre la misma. y sus consecuencias, sería solo suya. Lo que estaba en juego era la credibilidad de la Corona".

En el ABC, la moviola del episodio tienen otros acentos. Escribe Almudena Martínez Fornés: "Podemos y los separatistas presionaron al Gobierno, el Gobierno presionó al Rey, el Rey trasladó las presiones a su padre y Don Juan Carlos tomó su propia decisión: no abandonaría el Palacio de La Zarzuela, como Pedro Sánchez pedía, sino que se iría de España por un tiempo sin definir. Este es el resumen de los acontecimientos que desencadenaron la salida forzada de Don Juan Carlos el pasado domingo y que han desatado una tormenta de consecuencias impredecibles".

Sin salir del diario monárquico, Esteban Villarejo y Luis Ventoso entrevistan a Pablo Casado, que se queja de que nadie le avisó de lo que iba a suceder. El líder del PP asegura que "el debate sobre la Monarquía es suicida para la concordia nacional". Ahí van algunas de las preguntas y respuestas del interrogatorio: 

P: Ahora mismo hay un debate en la sociedad española. Por una parte los que admiten que el Rey Juan Carlos cometió errores lamentables, pero que creen que el castigo de echarlo de su residencia ha sido excesivo, toda vez que no hay todavía causa contra él. Del otro lado están quienes piensan que este castigo era necesario. ¿Dónde se sitúa usted?
R: En el Estado de Derecho. A una persona que no se le acusa de nada y que no tiene ninguna causa en ningún órgano judicial, por supuesto, opera la presunción de inocencia. Y reprochamos a los que intenten imputar cualquier culpabilidad sin que lo haya hecho ningún juez. En este caso, absoluto respeto a alguien que en este momento no está teniendo ninguna investigación y ningún reproche penal. Y, en segundo lugar, desde la óptica de un español nacido en 1981, que siente como suyo el legado magnífico de la Transición, que es sinónimo de Juan Carlos I: sin el Rey Juan Carlos no podría haberse consolidado este Estado social, democrático y de derecho y una Monarquía parlamentaria que es un sistema que garantiza la continuidad histórica de España y que además es la garantía de la unidad nacional. A diferencia de la belga, la holandesa o la sueca, la Monarquía española, a semejanza de la británica, tiene un componente de malla territorial para evitar los intentos centrífugos de romper esa unidad, cinco veces centenaria.
P: ¿El PP no tenía información alguna de la operación que estaba en marcha? ¿Cuándo y cómo se entera usted?
R: No he tenido ninguna información por parte del Gobierno. Ninguna. Nosotros consideramos que esto es una deslealtad. Hay un Gobierno que pide mucha unidad y lealtad, pero no ejerce la lealtad respecto al partido de la oposición y no ejerce la unidad dentro de su propio Gobierno, que parece cada vez más el camarote de los hermanos Marx, que denunciaba Felipe González. Habría que recordar lo que hizo Rajoy con Rubalcaba en relación a la abdicación de Don Juan Carlos. Además, estamos en una legislatura en la que oposición y Gobierno tienen un respaldo bastante similar. Nosotros tenemos 89 escaños; el PSOE, 120. Es el Gobierno encabezado por un presidente con menos escaños de su grupo parlamentario de toda la historia democrática. En este caso, el consenso entre las dos principales fuerzas políticas en cuestiones de Estado es si cabe aún más importante.
P: Es desconcertante pensar que ante esta situación grave, que estaba en el ambiente, el líder de la oposición no pueda hacer una llamada al presidente para interesarse sobre la cuestión. ¿No tenemos ese grado de relación elemental en España entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en estos momentos?
R: Quien tiene que descolgar el teléfono es quien tiene la información en este caso. Es insólito que no me llamen, pero no me ha sorprendido este debate, que en las últimas semanas ha sido cebado por el Gobierno marcando lo que finalmente ha pasado. Si escuchamos a Carmen Calvo, a ministros de Podemos o barones territoriales del PSOE y unimos esa línea de puntos ya apuntaban a esta solución. Es algo tremendamente irresponsable y peligroso. Me explico. El Gobierno y Podemos necesitaban un debate plebiscitario y polarizante para esta legislatura, igual que en las anteriores elecciones utilizaron el tema de la memoria histórica para polarizar y partir España por la mitad. En privado, llevo avisando sobre este debate plebiscitario sobre Monarquía o república, porque para la izquierda la Monarquía española reúne muchos demonios. En primer lugar, la malla territorial mencionada ya; en segundo lugar, la legitimidad de la Transición y de la Constitución; en tercer lugar, un supuesto debate de privilegio o de clase; y en cuarto lugar, un supuesto debate de regeneracionismo y transparencia. Esos cuatro vectores van en contra ahora mismo de lo que a la gente le preocupa: pandemia, economía, paro, okupación... Y lo necesitan porque ellos juegan siempre con el artificio. La primera campaña de abril de 2019 fue sobre eutanasia y aborto, la segunda fue sobre Franco. Ahora están preparando un eje electoral, a medio-largo plazo, que vaya sobre estas cuestiones, que en mi opinión son lesivas para todos los partidos porque el PSOE forma parte de este consenso del 78 y en estos 40 años ha sido un factor determinante para construir el Estado democrático y, sobre todo, porque el debate sobre Monarquía o república es suicida para la concordia nacional y para resolver los problemas actuales. La Monarquía es el pilar de nuestra convivencia y de nuestro futuro.

Noticia de 'El Confidencial' del 9 de agosto de 2020
Noticia de 'El Confidencial' del 9 de agosto de 2020

Coronavirus. Factura económica. Desplome del consumo, según la apertura de El Confidencial que fira Javier G. Jorrín: "Los datos de compras con tarjetas de crédito y retiradas de efectivo muestran un agravamiento de la crisis económica a finales del mes de julio y los primeros días de agosto. La tendencia de recuperación que vivía España hasta entonces, gracias al impulso de la desescalada, se ha revertido coincidiendo con el agravamiento de la pandemia del coronavirus. En los últimos días se están registrando cifras de nuevos contagios no vistas desde el mes de abril. Es cierto que la pandemia ahora está en una fase muy diferente y que se detectan tantos casos porque se hacen muchas más pruebas PCR, pero la incertidumbre económica ha vuelto con fuerza".

Sigue Jorrín: "Aunque los focos del virus están controlados, están contagiando a la economía por la vía de la confianza de los agentes económicos. Los datos de la última encuesta de la Comisión Europea elaborada a los consumidores muestran una leve recaída del clima económico en julio respecto a junio. Justo cuando los datos deberían haber experimentado un fuerte repunte gracias a la desescalada y el inicio de la temporada turística, ocurrió todo lo contrario".

Cataluña. Los servicios jurídicos del Parlament persisten en su negativa a publicar la resolución antimonárquica de los grupos independentistas a pesar de que el presidente Torra haya dicho que hasta ahí podíamos llegar. De tal modo y efecto que el grupo de Junts per Catalunya apuesta por la autogestión ante el sospechoso silencio de ERC. De la versión de El Nacional: "El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, ha proposat una nova fórmula per tal de publicar la resolució contra la monarquia que va aprovar aquest divendres el plenari del Parlament. Junts, ERC i la CUP van aprovar ahir una resolució conjunta que declarava Catalunya republicana i afirmava que 'no reconeixia ni volia tenir cap rei' però ho va fer amb una enorme polèmica. Alguns funcionaris van advertir que no publicarien els textos més compromesos al Butlletí Oficial del Parlament (BOPC), perquè entenen que podrien anar 'contra el criteri del Tribunal Constitucional'. Davant això, Costa ha assegurat en una piulada que hi hauria una manera d'esquivar la plantada dels lletrats: que els membres de la Mesa assumeixin personalment la responsabilitat de publicar-les, tal com va passar amb la Llei del Referèndum. Aquesta última acció va portar tots els aleshores membres a judici i encara esperen la sentència".

Mientras tanto Pere Aragonès va por los puestos diciendo que el Tribunal Constitucional puede decir misa, literal, pero que la no publicación de la resolución no es importante. Tremendo Aragonès, menudo milhomes.

Ha fallecido a los 92 años Pere Casaldàliga, el llamado obispo de los pobres y también de los sin tierra.

9 de agosto, santoral: Teresa Benedicta de la Cruz, Osvaldo de Maserfield, Fedlimino de Kilmor y Nateo de Achad.