Menú Buscar
Primeras planas

Tormenta fiscal y una 'jaimitada' del PP

Los 60 folios de Grinda y Bermejo sobre Gordó y las maniobras de 'Maza&Moix'. El PP creará una oficina anticorrupción interna con dos o tres militantes que sepan algo de derecho

11 min

Ni siquiera el puente que en Madrid se celebra hasta mañana reduce el volumen de la bronca nacional de los fiscales. Las remociones ordenadas por Manuel Moix, el fiscal jefe anticorrupción, en el caso 3% y su renuncia ante algunas de las diligencias del asunto del Canal de Isabel II han causado una brecha en el cuerpo de fiscales de difícil arreglo. A Moix se le acusa de estar al servicio del Gobierno y se blande contra él su aparición en las conversaciones de Ignacio González, el expresidente de Madrid encarcelado, intervenidas por la Policía y en las que el fiscal aparece como un propio teledirigido por el PP. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, también está bajo sospecha.

Más allá de las interioridades del cuerpo, los responsables del buen orden y correcto funcionamiento del Ministerio Público proyectan una imagen que abona las hipótesis sobre el sesgo ideológico que rige sus actuaciones. Las defensas de todos los investigados parten con ventaja frente a unos fiscales sometidos a un control y disciplina que merma tanto su actividad como su credibilidad. 

En La Vanguardia, José María Brunet da cuenta de las maniobras de Maza para salvar la situación en el caso 3% por la vía del derecho salomónico: "Desde la Fiscalía General del Estado se intenta aproximar posiciones o, por lo menos, ganar tiempo. Para favorecerlo, hay un principio de acuerdo con respecto al cambio de los fiscales del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo, consistente en una declaración pública en la que el Consejo Fiscal exprese su confianza --y tal vez incluso su reconocimiento-- hacia el trabajo desarrollado por estos fiscales, pero al propio tiempo les niegue la concesión del amparo que han solicitado".

O sea, degradados, pero con honores. Manuel Marraco firma un texto en El Mundo que se remonta a los antecedentes primeros del actual colapso: "El origen del conflicto que ahora llega al órgano que representa a la carrera fiscal está en un viernes del pasado noviembre, cuando antes del Consejo de Ministros, Rafael Catalá, convocó de urgencia a Consuelo Madrigal para comunicarle que, al final, no seguiría como fiscal general. Luego llegaron nombramientos como el de Manuel Moix en Anticorrupción, anticipado y celebrado en las escuchas de la operación Lezo y que ha acabado por encender el debate sobre la autonomía de la Fiscalía frente al poder político". 

La clave en el caso de la investigación sobre las mordidas de Convergència la aporta Carlos Quílez en Crónica Global y alude al blindaje de Gordó: "En su descargo, la munición que Grinda y Bermejo han presentado tiene nombre propio: los 60 folios del lapidario informe incriminatorio contra el ex-conseller de Justicia del Gobierno catalán Germà Gordó, a quien los dos representantes del ministerio público consideran poco menos que la X de la trama de presunta financiación irregular de CDC".

Continúa Quílez: "Grinda y Bermejo esgrimen este informe como una muestra de la imparcialidad y firmeza de la actuación de la fiscalía en este caso. Algunas fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global señalan que cuando ambos enarbolan este documento, en cierta medida, además, quieren dar a entender que, quizá, su cese, justamente, radica en la existencia del mismo y en la falta de apoyo --sin justificación técnico-jurídica alguna-- de Moix para proceder a la investigación de este alto cargo histórico de la extinta CDC".

A todas estas, el PP tiene en mente montar una oficina anticorrupción en el partido porque todavía debe haber alguien en esa casa que está convencido de que la gente es gilipollas. Caben toda clase de paralelismos, como una oficina de alcohólicos anónimos en medio de un bar. Y está el precedente de la Oficina Antifrau, que es a la que van los muchachos de la CUP con sus casos por no denunciar ante la justicia "española". 

portada paisEl País da esta noticia en todo lo alto de la portada con la firma de Javier Casqueiro: "El PP ha decidido acelerar la creación de una oficina para luchar contra la corrupción, impulsada en los estatutos en el congreso nacional y que se aprobará en la próxima ejecutiva, ante los fallos constatados en el caso de las denuncias internas contra Ignacio González, el expresidente madrileño hoy en prisión. Al PP le llegaron varios avisos, por distintas vías, sobre cuentas en Suiza de González y su enriquecimiento, pero no hizo nada, excepto apartarle de la candidatura para repetir en la Comunidad. La oficina anticorrupción del PP podrá investigar este tipo de asuntos incluso de oficio".

¿Pero cómo es posible? Así que recibieron el queo pero se hicieron el longuis. Qué raro, ¿no? Párrafos después se revela el potente instrumento del que se va a dotar el PP: "El caso González y los errores cometidos han ayudado a perfilar mejor esa nueva oficina anticorrupción, que ahora quieren que la compongan entre dos y cinco militantes independientes, es decir, que no ostenten ya cargos orgánicos o institucionales y que sean abogados o vinculados al mundo del derecho, y que puedan actuar sobre cualquier ámbito, por intermediación de terceros o de oficio y sin denuncia previa. Ese grupo solo dependería, para elevar sus conclusiones, del comité de derechos y garantías, que propondría las respectivas sanciones o expulsiones".

Ojo, entre dos y cinco hombres sin piedad, letrados o ni eso, contra la corrupción. Pedazo de departamento de Asuntos Internos. Y las funciones son de aúpa, según el informe. Las competencias de esa nueva oficina previstas en los estatutos incluyen desde “garantizar el cumplimiento de la normativa sobre declaraciones de bienes y actividades que han de prestar los cargos públicos del partido”, a redactar “el proyecto de declaración de bienes y actividades de los cargos públicos del partido, que habrá de someterse a la aprobación de la junta directiva nacional".

Complejo operativo, que los diputados cumplan los más elementales requisitos, entre ellos el de no estar en búsqueda y captura. 

Los tiempos cambian y las tortillas giran. El nacionalismo catalán está echado al monte y a perder y el nacionalismo vasco exhibe las mejores cualidades para el arte de la negociación, la componenda y el apaño. A modo de ejemplo a seguir La Vanguardia exhibe en portada las excelencias del mercantilismo político con el titular "El PNV ultima su acuerdo más ventajoso con Rajoy". La información lleva la firma de Joaquín Lecumberri: "Sobre la bocina, los peneuvistas decidieron el viernes no presentar la enmienda a la totalidad que tenían preparada contra los presupuestos del Ejecutivo de Rajoy del 2017, una decisión con gran carga simbólica de cara a la negociación abierta y la votación de esta semana. Aunque desde el partido aseguran que el movimiento no supone que vayan a ayudar al PP a aprobar las cuentas, en el País Vasco se da por hecho. EH Bildu y Podemos han puesto en marcha una campaña en la que acusan a los jeltzales de “perpetuar” la corrupción con su apoyo, asunto que el PNV desvincula de la negociación apelando al pragmatismo. “Debemos diferenciar las relaciones entre instituciones y la situación propia del PP”, dijo el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka".

Eso es fineza, separar el tendón de la carne, la grasa del magro. Seguro que Erkoreka sabe pelar una naranja con cuchillo y tenedor.

Follón en el aeropuerto de El Prat con el control de pasaportes. Munición para el proceso sobre los inconvenientes del Estado caduco, insolvente y chapucero. En El Nacional, Lluís Bou firma el texto sobre una chapuza que atribuye al delegado Enric Millo: "La Policía Nacional ha creado este fin de semana un caos sin precedentes en el aeropuerto de Barcelona, con tres días de colapso por las largas colas en el control de aduanas. La falta de efectivos suficientes en las aduanas en el puente del Primero de Mayo, a pesar del incremento notable del tráfico aéreo, y cuando se ha extendido el control de pasaportes y DNI a los usuarios por razones de seguridad, ha puesto de manifiesto que la Delegación del Gobierno español no ha preparado con suficiente intensidad el operativo. (...) La mala gestión de las autoridades ha sido tan evidente que ha provocado un enfrentamiento público entre los diversos organismos del Estado implicados en el aeropuerto, en un episodio también sin precedentes". 

Entra en vigor el impuesto de las bebidas azucaradas. El trinaranjus se va a poner por las nubes.

1 de mayo, santoral: San José artesano, Amador, y Jeremías profeta.