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Primeras planas

El Supremo, Arabia y la cárcel de Junqueras

Apuestas sobre el pleno del alto tribunal sobre el tributo de actos jurídicos: dos a uno a que falla a favor de los hipotecados. Los privilegios de los políticos presos y el "patrimonio" de Chacón

23.10.2018 09:58 h.
9 min

Como es un asunto urgente, el pleno del Tribunal Supremo no se reunirá hasta el próximo 5 de noviembre. La dilación contribuye al espectáculo hipotecario, el negocio sagrado de los bancos, que han congelado la concesión de los préstamos de cemento hasta que los jueces del alto tribunal definan quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, si las entidades o los que van a morir a la notaría y ya no les viene de tres, cuatro o cinco mil euros más. Será por facilidades...

Supremo entretenimiento, el poder judicial y el poder del dinero, jueces a la gresca y los largos tentáculos de la banca. ¡Viva el mal, viva el capital! El alto tribunal ha caído en el máximo descrédito posible. Las quinielas en las casas de apuestas se inclinan por una solución salomónica con ligera ventaja para los hipotecados. Escribe Beatriz Parera en El Confidencial: "La tensión en el Tribunal Supremo a raíz de la liquidación del impuesto hipotecario ya ha comenzado a caldear el pleno en el que se fijará un criterio definitivo sobre la cuestión. Cuando quedan más de 10 días para que se celebre la reunión de los 31 magistrados en la que se dirimirá, de forma definitiva, si este tributo debe pagarlo el banco que concede la hipoteca o el hipotecado que recibe el dinero, la guerra abierta en la Sala de lo Contencioso-Administrativo puede acabar inclinando la balanza a favor del cliente, informan fuentes jurídicas".

Todo apunta también a que el marrón se lo va a comer el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, a quien tachan de chapucero y reprochan no haber convocado el pleno en primera instancia, dado el alcance de la cuestión. Resulta que al magistrado le aburren soberanamente esas sesiones plenarias por su larga duración. Sea como fuere, 31 magistrados tendrán que votar sobre el espinoso expediente. Deberían enseñar sus hipotecas si las tuvieren.

Esa cosa de la realpolitik puede causar estragos en el Gobierno. Se dice en El País que "PSOE, PP y Ciudadanos piden esperar a la investigación oficial en el caso Khashoggi", así como que "PP y Ciudadanos apoyan al PSOE en la venta de armas a Arabia Saudí". Pablo Iglesias ya está bramando en arameo. Como buen partidario de Irán, exige que se deje de vender armas a la monarquía del desierto. En cambio, su colega el alcalde de Cádiz prefiere que los obreros de los astilleros construyan fragatas para el diablo a que se queden en paro. 

El caso Khassoghi no sería nada si el régimen de Erdogan se hubiera avenido a considerar el consulado de Arabia Saudí como territorio saudí. El espeluznante crimen habría pasado desapercibido por mucho que la víctima fuera colaborador del Whasington Post. La administración de Turquía ha desvelado el atroz asesinato sin aclarar sus pretensiones. Nadie se traga que actúe en defensa de los derechos humanos en general o de la prometida del disidente saudí, una ciudadana turca, en particular.

Es raro que se enviara un comando de quince sujetos para neutralizar a un individuo que acudía al consulado a recoger unos papeles imprescindibles para casarse con su prometida. Si Khassoghi era un peligro público para Arabia Saudí, está claro que no era consciente. Uno de los comisionados para acabar con él era una especie de doble que deambuló delante de las cámaras del consulado ataviado con la misma ropa o parecida. Otro es el forense, Salah al Tubaygi, que habría descuartizado el cuerpo mientras el infortunado permanecía con vida durante aproximadamente siete minutos, según supuestas grabaciones de los servicios secretos otomanos. Un tercero, Mashal Saad al-Bostani, oficial del ejército del aire de 31 años, recién ha fallecido en un accidente de tráfico rodeado de extrañas circunstancias, entre ellas la de que el príncipe Mohamed bin Salmán haya expresado sus condolencias al hijo de Khassoghi. Quedan doce.

Ahmed al Asiri, asesor de Bin Salman y segundo de la mujabarat, el espionaje saudí, está nominado a cabeza de turco. Una orden mal entendida, según otros asesores del príncipe, le puede costar la vida, pero sigue sin entenderse que se enviara a quince hombres a Estambul para matar a un simple periodista. No es el típico caso para Montalbano ni va a dinamitar la entente entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Se prefiere vender barcos sin honra que quedarse a dos velas.

La aportación de Público al caso es que los comisarios Villarejo y Castaño trataron de intermediar en el negocio de la venta de armas con destino Riad y Damasco. 

Noticias catalanas. La Razón ya avizora las posibilidades de que los independentistas presos sean puestos en libertad a pesar de una hipotética sentencia condenatoria. Escribe Ricardo Coarasa: "Fuentes expertas en la legislación penitenciaria señalan tres vías principales para acortar la privación de libertad una vez las condenas sean firmes (que lo serán en todo caso, pues el Supremo es la última instancia jurisdiccional): el indulto del Gobierno, la concesión de un tercer grado directo sin esperar a que los presos cumplan la mitad de su condena y, por último, la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que propicia un régimen de semilibertad a caballo entre el segundo y tercer grado. Dejando a un lado el indulto, una medida de gracia de carácter político, para beneficiase de las otras dos los presos deben haber progresado previamente al régimen ordinario (el segundo grado, del que podrían beneficiarse en apenas unos meses, o incluso menos, al no tratarse de presos peligrosos)".

En El Español no adelantan acontecimientos sino que se centran en las peculiares condiciones penitenciarias que gozan los procesados de Llarena. Firma la pieza Cristian Campos: "Ni siquiera Junqueras intenta disimular lo que es un secreto a gritos en prisión, que ejerce de presidente de la Generalidad desde su despacho en la cárcel: "Un día salió del locutorio pegando gritos después de una de sus visitas supuestamente institucionales y le dijo a un funcionario "de aquí vas a salir con un máster en ciencias políticas". También juega a fútbol. Muy mal, por cierto. Pero disfruta como un niño. En la piscina jugaba a waterpolo y cuando marcaban un tanto los gritos se escuchaban en toda la prisión. Está ejerciendo el poder desde la prisión y lo disfruta".

Intenta Puigdemont por todos lo medios que Lledoners no sea el centro del universo catalán, pero sus iniciativas suscitan profundos recelos en el conjunto del secesionismo. "Un Consell per la República a mig gas i sense consens" titula Nació Digital sobre la última iniciativa de Puigdemont para no quedar definitivamente preterido. 

Se ha publicado en el Portal de Transparència el teórico patrimonio de los miembros del Govern. Torra se lleva la palma con 710.505 euros que equivalen a cinco viviendas, una finca rústica y 255.000 euros en cuentas bancarias, planes de pensiones y participaciones en la editorial A Contra Vent Editors. En cambio, la titular de Empresa, Àngels Chacón, dice tener sólo 5.000 euros. A su lado, Elsa Artadi, que declara 65.000, es una potentada. Habrá que creérselo.

23 de octubre, santoral: Ignacio de Constantinopla, Juan de Capistrano, Pablo Tong Viet Buong y Teodoreto de Antioquía.