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Primeras planas

Ingreso mínimo y "crisis constituyente"

La medida estrella del Gobierno, la renta vital, pasa el examen del Congreso sin un voto en contra. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habla de "crisis" y "debate constituyente"

16 min

El ingreso mínimo vital ya es un derecho social en España. Los pobres de solemnidad percibirán una renta mínima de 462 euros mientras que la familias sin recursos y con hijos podrán llegar a cobrar un máximo de 1.051 euros. En principio se empezará a cobrar a final de este mismo mes de junio. Toda oposición a la medida estrella del Gobierno durante la pandemia se diluyó como un azucarillo en el Congreso a pesar del ambiente cainita de la cámara. El PP pasó de la abstención al voto a favor; Vox, del "no" a la abstención. Punto para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

De la nota de Natalia Junquera en El País: "La medida pactada por el PSOE y Podemos recibió 297 votos a favor y 52 abstenciones, un raro consenso en una jornada parlamentaria que vivió otros encontronazos entre los partidos. Pablo Iglesias celebró la decisión del PP y dijo que este ingreso mínimo es 'la mejor vacuna contra los discursos de odio'. Para el ministro José Luis Escrivá, la norma es un 'éxito colectivo' que 'dignifica al país'. El PP explicó su voto en que la medida ya se aplica en autonomías que gobierna y pidió una tarjeta social única para 'garantizar la transparencia'. PP y Cs lograron que el decreto se tramite como proyecto de ley para recoger enmiendas".

Sin salir del hemiciclo, nueva jornada de alta tensión. La prensa conservadora subraya unas palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que deslizó la especie de que nos encontramos en medio de una "crisis constituyente". Ainhoa Martínez escribe al respcto en La Razón: "En medio de las negociaciones para que los republicanos se adhieran al decreto para la 'nueva normalidad', el titular de Justicia lanzó un guiño que pudo pasar inadvertido en los principales titulares de la jornada, pero que tiene un importante trasfondo jurídico. Interpelado por la diputada de ERC, María Carvalho, por si 'piensa el Gobierno español considerar como terrorista al movimiento antifascista', el ministro se descolgó reconociendo que España se encuentra en mitad de una crisis 'constituyente' y que, entre todos, se debe abordar la salida de la misma porque junto a ella existe un 'debate constituyente' del que 'no se puede dejar a nadie fuera'". 

Sigue la pieza: "Esto supondría tanto como admitir que para el Gobierno lo que está encima de la mesa es el debate sobre la vigencia de la Constitución. El PSOE nunca ha escondido su vocación reformista en relación a la Carta Magna y en su etapa en la oposición el propio Sánchez llegó a dejar por escrito su intención de modificar el artículo 2 de la misma para reconocer el carácter 'plurinacional' de España. Sin embargo, estas aspiraciones se abandonaron con su llegada al Gobierno y es cuestionable que el momento para recuperarlas sea ahora, tras los efectos devastadores de la pandemia".

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Portada de 'La Razón' el 11 de junio

Coronavirus. La querulancia ya afecta al personal médico, avisa El Confidencial. "Los sanitarios se ven abocados a una 'segunda batalla' por el Covid, esta vez en los juzgados. Advierten de que si hay segunda ola, quizá no se entregarán a derrotarla con tanto arrojo", apunta el referido digital. Rafael Méndez y Ángel Villarino firman la pieza: "Primero fueron a por los políticos, con multitud de denuncias y querellas --solo en el Supremo, hay más de 40 contra aforados--. Ahora, las denuncias por la gestión del Covid empiezan a salpicar a los médicos. Los sanitarios, aplaudidos durante la crisis, están empezando a ser llamados a declarar en procedimientos, especialmente por los tratamientos a ancianos en residencias. 'Siempre hemos trabajado con protocolos y con una escasez de medios y conforme lo que cita la lex artis. Es impresentable que se produzcan estas denuncias. No podemos pasar de ser aplaudidos a encontrarnos con estas demandas', señala Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, el sindicato mayoritario en Madrid".

Continúa el texto: "Polonia Castellanos, abogada de la Asociación de Abogados Cristianos, ha conseguido que un juzgado en Extremadura abra una causa por la muerte de un anciano con Covid. 'Se trata de una persona de más de 80 años que murió con coronavirus en una residencia. La estuvieron mareando pese a que la familia pedía que la trataran en un hospital y había plazas de UCI libres. Creemos que hay muchas irregularidades'. Castellanos se congratula de abanderar uno de los primeros casos abiertos sobre los más de 40.000 fallecidos con el virus en la pandemia. 'Ha habido eutanasia o un homicidio en contra de la voluntad de la familia y del enfermo. Ha fallecido sin que se le haya tratado y en condiciones sospechosas. Queremos saber si los responsables son de la residencia, el hospital, la comunidad autónoma, el ministerio o Pablo Iglesias. Vamos a pedir la declaración de los médicos y seguro que del responsable de la comunidad autónoma'".

En El Español se da voz a la presidenta de la patronal de las residencias geriátricas, que clama que las administraciones desoyeron sus peticiones de auxilio. Es una entreivsta de Diego Rodríguez Veiga: "Lo que ha sucedido en las residencias de ancianos agrupa todo lo peor de la crisis causada por el coronavirus. Ancianos vivos cohabitando en la habitación con su compañero fallecido. Ancianos sin derecho a ir al hospital. Trabajadores sin los equipos de protección que necesitaban. Etcétera. Todo cabe en el agujero negro de las residencias. Y todos lo sabían. 'Ya avisamos en febrero, y el Gobierno nos contestó diciendo que era una gripe normal', denuncia Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), la patronal, en conversación con El Español

P. El presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias… ¿lo sabían?

R. ¿Cómo puede ser que el mismo presidente hable de la fragilidad del sistema o el vicepresidente diga que la culpa es de la privatización? Esto es tal vez lo que duele más. No queremos reproches políticos, estamos preocupados por la realidad. Pero desde el primer momento hemos informado de todo. Yo misma, al presidente del Gobierno, en un encuentro informal en Cataluña, le dije que teníamos que hablar. Le dije que los países del entorno están gastando hasta el 2% del PIB para la dependencia y sus mayores y aquí no llegamos al 1%, estamos en el 0,56%. Es un problema de España, de en qué invertimos el dinero de los españoles. El sistema, dicen, se mide por la capacidad de cuidar a sus mayores y dependientes. Es un dilema ético. Ahora tenemos que construir el posible rebrote por si vuelve a pasar, para que estemos preparados.

P. ¿Desde cuándo y cuántas veces se han puesto en contacto con las autoridades del Gobierno para explicarles la situación en las residencias?

R. Hicimos una cantidad de llamadas de socorro… Las primeras en febrero ya. Les dijimos, ¿qué está pasando aquí? Nos dijeron que era una gripe normal, en un correo electrónico. Hicimos llamadas a los gabinetes de los ministros, cartas a todo el mundo pidiendo reuniones. La segunda petición de reunión, la segunda, fue en febrero. El 20 de marzo mandamos una carta de denuncia al vicepresidente (Pablo Iglesias) pidiendo actuaciones y reunión. Mandamos una carta a la ministra Margarita Robles (Defensa), el 30 de marzo. No había nadie que no supiera qué estaba pasando. Estuvimos mucho tiempo pidiendo reuniones para que les pudiéramos explicar nuestra situación. También les hemos pedido estar en la Comisión de Reconstrucción y no nos han aceptado. Al final, por mover tantos hilos, nos han aceptado en la subcomisión de Sanidad, pero no propuestos por el Gobierno. Les pedimos estar a su lado y que cambiaran el daño que nos están haciendo, reputacional y moral, porque han abandonado a sus mayores y familiares.

P. ¿Cómo ha sido en la Comunidad de Madrid? ¿Podría el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acabar con responsabilidades penales?

R. Las comunidades que no colapsaron es porque no tenían tanto Covid como otras, no porque el sistema funcionara. Me gustaría decirlo, pero no es así. En Barcelona y Madrid ha sido especialmente catastrófico. Creo que va a haber demandas en todas partes de España. A nuestro sector también. Pero esto va a servir para que todo salga a la luz. ¿Por qué ahora insistimos en ello? Porque estamos muy asustados y creemos que puede haber un rebrote. En Madrid ha sido muy duro. Lo que se tenía que haber hecho es preparar mejor. Si no había hospitales a donde llevar a los ancianos, pues preparar otros dispositivos. A una persona con demencia la puedes tratar en un hospital pero en Ifema no; porque se levantan, no entienden dónde están y es peor lo que están viviendo que la enfermedad propia".

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Noticias de portada de 'El Español'

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, compareció ayer tarde ante la juez del caso 8M. El hombre trató de quitarse de enmedio y de apuntar hacia Isabel Díaz Ayuso. De la nota de Carmen Lucas-Torres en El Independiente: "El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sostuvo este miércoles ante la jueza del 8M que no tuvo conocimiento de los riesgos de contagio de coronavirus que podía conllevar la celebración de una manifestación como la del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo porque 'ninguna autoridad sanitaria' advirtió de ellos, así como porque el organismo que él encabeza 'no tiene competencia en Sanidad, sino sólo en Seguridad Ciudadana'".

Sigue la pieza: "Según las citadas fuentes presentes en su declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, Franco ha apuntado en distintas ocasiones a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como la que debería haber advertido de dichos riesgos. Incluso en algún momento de su comparecencia consideró que dicha Consejería del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería haber remitido una resolución en la que se instara a prohibir las manifestaciones si vio que había riesgos de contagio por el contacto social".

El regreso a las aulas en septiembre amenaza con serios conflictos entre el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas. El Mundo le dedica la portada al asunto. Escribe Olga R. Sanmartín: "La escuela que viene en septiembre traerá imágenes insólitas: unos alumnos dando clases en el parque municipal mientras otros comen dentro de las aulas. Los colegios tendrán un equipo Covid-19 formado por docentes, limpiadores y representantes de las familias, y los críos recibirán clases cada mañana con consejos para prevenir la pandemia del coronavirus".

Sigue: "Así lo contempla el protocolo con las medidas de seguridad e higiene para el próximo curso, 26 páginas a las que ha tenido acceso El Mundo, que permiten a los menores de 10 años y a sus profesores ir sin mascarilla, pero no dejan celebrar asambleas ni reuniones dentro del colegio.

El texto, muy laxo en algunas cuestiones y muy quisquilloso en otras, no gusta a los profesores ni a los padres ni a regiones como la Comunidad de Madrid y Cataluña. 'Cambia radicalmente nuestro sistema educativo', denunció este miércoles el consejero madrileño Enrique Ossorio. 'La señora ministra olvida que las competencias son de la Generalitat y que será el Departamento de Educación quien decidirá las condiciones', advirtió el presidente catalán, Quim Torra".

Noticia de alcance en El Diario: "El sector conservador del Constitucional pide estudiar una denuncia de Vox para dejar sin escaño a 29 diputados por su forma de prometer el cargo". De prosperar la queja se habría acabado lo de jurar por el Osasuna o la Pachamama. La nota lleva la firma de Gonzalo Cortizo: "El sector más conservador del Tribunal Constitucional quiere abrir el debate sobre la nulidad de la condición de diputados de 29 miembros de formaciones independentistas y de Unidas Podemos. Se trata de parlamentarios que usaron fórmulas innovadoras para tomar posesión de su cargo durante la Constitución de las Cortes el pasado 3 de diciembre. Durante aquella tensa sesión que inauguró la actual legislatura, 29 diputados de formaciones como ERC, JxCAT, PNV, BNG, Bildu o Unidas Podemos adornaron sus fórmulas para acatar la Constitución con añadidos de cariz ideológico y referencias nacionalistas, republicanas o ecologistas. Un ejemplo de esto último fue la intervención protagonizada por Juan López Uralde aquel día, cuando prometió acatar la Carta Magna 'por todo el planeta'".

11 de junio, santoral: Bernabé apóstol, Máximo de Nápoles, Paris de Treviso, Remberto de Bremen y Rosa Francisca María de los Dolores.