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Primeras planas

La Fiscalía investiga al emérito y coronavirus judicial

Don Juan Carlos, en el punto de mira por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Fiscalía de Madrid pide el archivo del caso 8M mientras crece el caso de las residencias

17 min

Zambombazo de la Fiscalía, jornada frenética en los despachos del ministerio público, día de calado histórico en las dependencias de la fiscal general Dolores Delgado. Ni el rey emérito es intocable. Tras el caso Urdangarin, saldado con el yerno en la trena, llega el caso del emérito, las supuestas comisiones que habría cobrado don Juan Carlos por mediar en el AVE del desierto. La Fiscalía del Supremo le investiga por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Ahí es nada. ¿De La Meca a Alcalá Meco? Aún es pronto para esas especulaciones.

Unidas Podemos y ERC celebran la iniciativa fiscal con gran orgullo y satisfacción. Entienden que es un primer paso sustancial en el viaje definitivo a la tercera república. También pudiera ocurrir que pase con Juan Carlos I lo que ha ocurrido con Jordi Pujol, quien hoy cumple nueve décadas de vida, y su caso vaya a parar al limbo de los expedientes judiciales, allí donde moran los papeles perdidos de la justicia en España. 

En El Confidencial, el asunto requiere las firmas de tres periodistas, Rafael Méndez, Beatriz Parera y José María Olmo, que escriben: "El rey Juan Carlos presentó en Riad a la iraní Shahpari Azzany Zanganeh, exmujer del magnate Adnan Kashoggi y una de las grandes comisionistas del AVE a La Meca, como su 'persona de confianza'". Lo hizo en una carta dirigida al príncipe Bin Abdul Aziz, entonces ministro de Defensa, el 13 de marzo de 2006. Un mes después, Juan Carlos, Corinna, Zanganeh y empresarios españoles viajaron a Riad. Así consta en la documentación de la Fiscalía española, según ha podido saber este medio. Zanganeh firmó un contrato de intermediación de 95,8 millones de euros que las empresas españolas dejaron de pagar en 2018, por lo que, como adelantó este diario, ha planteado un arbitraje".

Continúa el relato: "El AVE a La Meca se adjudicó en octubre de 2011, pero para entonces llevaba años de trabajos, gestiones, papeleo y comisiones. La documentación que maneja la Fiscalía española deja pistas del papel jugado por algunos intermediarios clave. El 13 de marzo de 2006, Zanganeh, una habitual de la jet set conocida porque fue esposa del traficante de armas saudí Adnan Kashoggi, acudió a entrevistarse con el príncipe Bin Abdul Aziz, por entonces ministro de Defensa. Zanganeh llevó en mano una carta en la que el rey Juan Carlos la "comisionaba" para 'poder realizar gestiones ante él, y a la que consideraba persona de confianza'".

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Portada de 'La Razón'

En La Razón aporta Francisco Velasco que no es previsible que el emérito sea llamado a declarar: "La Fiscalía se centrará ahora principalmente en pruebas documentales y aunque legalmente podría citar a declarar a don Juan Carlos, no parece que ello vaya a ocurrir, 'por prudencia'. El pasado mes de marzo, la Fiscalía Anticorrupción reclamó a las autoridades suizas todo lo relacionado con la investigación abierta en el país helvético relaciada también sobre el supuesto pago de comisiones millonarias pagadas por Arabia Saudí y entre cuyos beneficiarios podría estar don Juan Carlos, quien, a su vez, habria realizado también una supuesta donación de 65 millones a su amiga Corinna zu-Sayn-Wittgenstein, según señaló entonces el abogado de esta".

Más actividad judicial. La Fiscalía provincial de Madrid ha pedido a la juez del 8M que archive las diligencias que sigue contra el delegado del Gobierno en la comunidad de la capital, José Manuel Franco, por haber autorizado la manifestación feminista. Entre otros argumentos, sustenta que la juez no tiene causa ni acusación y que ha imputado al político sin tener una acusación concreta. Y le recuerda que, por más que busque, no encontrará una comunicación de la Delegación del Gobierno sobre las concentraciones y manifestaciones de aquellas fechas. No existe.

En El Español firma la nota sobre la Abogacía del Estado María Peral, que escribe: "A 48 horas de que el delegado del Gobierno en Madrid tenga que comparecer como investigado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito en el que insta el archivo de las diligencias porque José Manuel Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias" al no prohibir la manifestación del 8-M. La Abogacía del Estado descalifica de forma contundente los informes incriminatorios elaborados por la Guardia Civil, a la que acusa de 'hacer literatura'".

Prosigue la nota: "Hay una 'total ausencia de fiabilidad y credibilidad' de los atestados de la Policía Judicial, que realiza "una exposición reduccionista e incompleta" de los hechos, incurre en omisiones e 'imprecisiones esenciales' y hace 'lecturas sesgadas y parciales', afirma en el escrito, presentado el lunes. La propia Rodríguez-Medel es objeto también de crítica porque su instrucción tiene por objeto 'no investigar indicios de delito, sino encontrarlos' en una 'búsqueda voraz' en la que no ha respetado la suspensión de los procedimientos judiciales impuesta hasta el pasado viernes por el estado de alarma".

En El Mundo abren con el siguiente titular: El informe forense del 8-M desarma a Salvador Illa y Fernando Simón: La hecatombe se veía venir. Y añaden que "el médico entrega su informe definitivo a la juez Rodríguez-Medel y asegura que tanto el ministro de Sanidad como el director del CCAES 'subestimaron la gravedad' del coronavirus". 

En otra pieza del mismo diario, Ángela Martialay escribe sobre el delegado del Gobierno y el forense del juzgado: "'En la Delegación del Gobierno se tenía conocimiento de la peligrosidad que entrañaba el Covid-19 para la salud de los madrileños y también se tenía conocimiento de cuál era la información que había que suministrar a la población para su autoprotección por medio de medidas de distanciamiento social. Las mismas medidas que se ofreció a los trabajadores del organismo. No me consta que esta información y este conocimiento se traspasaran ni a las personas que solicitaban autorización para manifestarse ni a quienes iban a velar por la buena marcha de la manifestación del 8 de marzo'". Así de tajante se pronuncia el forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid en el informe donde analiza la repercusión que la marcha del Día de la Mujer tuvo en la propagación de coronavirus entre la población española".

El médico forense entra incluso a categorizar sobre lo que sabía o no el delegado del Gobierno. "En el informe de 60 páginas entregado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, el experto destaca que el 28 de febrero el organismo que dirige el investigado José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, emitió unas instrucciones muy claras para proteger a sus trabajadores pidiéndoles que llevaran a cabo 'medidas no farmacológicas, higiene y distanciamiento social'. 'Esa atención tan delicada y adecuada para con sus trabajadores choca o es contradictoria con haber permitido encuentros masivos de personas', recalca el facultativo".

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Portada de 'El País'

Lo que también esta vía judicial es la gestión de las residencias de ancianos. Al respecto de las de Madrid, Fernando Peinado escribe en El País que "Carlos Mur de Víu, director madrileño de Coordinación Sociosanitaria, destituido en mayo, solicitó que se enviaran a las 475 residencias de la Comunidad los protocolos que había firmado, según cuatro correos electrónicos fechados del 18 al 25 de marzo a los que ha tenido acceso el periódico. Algunos protocolos ordenaban excluir a discapacitados o a dependientes de la derivación a hospitales. Los correos contradicen lo dicho por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ambos del PP, de que no se emitió esa orden y que solo hubo un borrador que se remitió por error".

Más noticias sobre el coronavirus. Barcelona y su área metropolitana no entrarán en la nueva normalidad hasta dentro de varias semanas. Pasará el estado de alarma y la capital catalana y las ciudades que la envuelven aún estarán en la fase dos porque así lo ha decidido el Govern sin tener que dar grandes explicaciones o más bien ninguna. Es la apertura de La Vanguardia, que viene con las firmas de Marta Ricart y Celeste López: "Barcelona y el área metropolitana van camino de ser una isla en España que la próxima semana se mantendrá en fase 2, cuando todos los territorios que no están ya en esa recta final de la desescalada aspiran a entrar en ella el lunes. Salut plantea al Gobierno que solo Girona y la Catalunya central pasen de fase el día 15. Esta es la propuesta que aprobó ayer el Procicat, el ente de la Generalitat que gestiona la emergencia liderado por las consejerías de Interior y Salut. La propuesta se envió al Gobierno. Si la aprueba, Girona y Catalunya central, que ya están en su segunda semana en fase 2, saltarían a la 3 (ayer entraron en esta fase Tarragona, las Terres de l’Ebre y el Pirineu-Aran). Y Barcelona y su área y Lleida, que está en igual fase, quedarían al margen de la aceleración que se planteó la semana pasada para que toda España esté en fase 3 el día 15 antes de que acabe el estado de alarma el 21. En este caso, a Barcelona le tocaría entrar en fase 3 cuando esta ya no existiría (tras implantar la 'nueva normalidad')".

Sigue la nota: "El Procicat señaló que la evolución de los indicadores epidemiológicos (la incidencia de nuevos casos y la tasa reproductiva de contagios) siguen a la baja, por lo que no justificó por qué echa el freno en la capital, a diferencia de cuando pidió alargar la fase 1, en que sí detalló que se temía la densidad y movilidad de Barcelona y el área metropolitana y el riesgo de aumentar los contagios".

Más noticias coronavíricas. El personal sanitario, que no está acostumbrado a los reconocimientos, tiene la mosca tras la oreja, según apunta una pieza de Gemma Aguilera en El Món: "Després de més de dos mesos en què cada vespre a les 20h molts ciutadans d’arreu de l’Estat sortien al balcó a aplaudir la feina dels sanitaris, el Parlament de Catalunya va anunciar que concedirà al col·lectiu la Medalla d’Honor en la categoria d’Or als professionals sanitaris. I uns dies després, la Fundació Princesa d’Astúries anunciava la concessió d’un premi al col·lectiu. En paral·lel, el Govern de la Generalitat ultima una paga extraordinària per als sanitaris".

Sigue el texto: "Com veuen els professionals catalans aquests reconeixements? El sindicat Metges de Catalunya, que representa un 35% dels metges catalans, és contundent: 'Ens temem, i no crec que ens equivoquem, que això serà un teatre polític, una operació de maquillatge en un intent de posar punt i final a les reivindicacions del col·lectiu i passar pàgina. Les medalles i els premis són l’anècdota, ja ens semblaria bé si les administracions ens valoressin realment, però això no es demostra amb un copet a l’esquena', explica a El Món Josep Maria Puig, secretari general de Metges de Catalunya. Puig alerta que la intenció dels polítics amb aquests reconeixements pot ser 'endolcir' un col·lectiu que a partir d’ara 'ja es pot calçar per la quantitat de feina que ens caurà al damunt per assumir la feina extra que la crisi sanitària deixarà'".

Y: "En una línia similar d'expressa l'Imma Vivar, coordinadora de Sanitat del sindicat UGT de Catalunya. 'Agraïm tots els reconeixements que es puguin fer, però hi ha un deute que recau sobre el conjunt de la classe política i que cap medalla o premi pot substituir: S’han de destinar els recursos necessaris al sistema sanitari públic i prendre mesures a favor l’estabilitat laboral i contra la precarietat contractual de aquells que hem demostrat el nostre compromís professional'".

Cambio de tercio. Buenas noticias para el ex major de los Mossos Josep Lluís Trapero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cambiado de discurso, según explica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital: "La Fiscalía ha rebajado su acusación de rebelión contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero, a posibles delitos de sedición o desobediencia. Éste último conlleva multa e inhabilitación, pero no penas de prisión. El Ministerio Público ha elevado este lunes a definitiva la acusación contra Trapero. (...) El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha sido el encargado de anunciar en la vista oral la acusación de sedición o subsidiariamente de desobediencia contra el mayor de los Mossos. Una decisión tomada hace meses, tras la llegada de la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado".

9 de junio, santoral: Diomedes de Nicea, Efrén de Siria, Feliciano mártir, Primo mártir, Ricardo de Andría y Vicente de Vernemet.