El fiscal que mira a los ojos de los alcaldes

Los tíos y tías de la vara están preocupados y preocupadas con la disposición del fiscal Maza, que con el apellido paga. Sin embargo, el alcalde de Argentona, Eudald Calvo, hace un ídem a la orden y dice que le vayan a buscar al ayuntamiento. No sería la primera vez. En 2010 fue detenido por los Mossos acusado de asociación ilícita, destrozos y desórdenes. Protestaba el muchacho por el encarecimiento del transporte público en la estación de los Ferrocarrils de la Generalitat de la UAB.

En aquel tiempo, el cupero Calvo i Català denunció un trato "incorrecto" por parte de los agentes. En el Capgròs de Mataró se hacían eco del quebranto sufrido por el joven independentista. Un mosso le despertó al grito de "¡Viva España!" y otro que se identificó como miembro de Falange le obligó a escuchar el Cara al Sol a través de un teléfono móvil. Ahí es nada, pero hubo más. Quince jóvenes que acudieron a la comisaría a protestar resultaron contusionados. La leche.

Un año después sacaba acta de concejal y en 2015 convergentes, republicanos, socialistas e iniciativos por Cataluña le votaban para alcalde. Carrerón. De los mossos fachas no se ha vuelto a saber. Lo mismo ya son cabos.

Así es que Calvo se las puede tener que ver otra vez con los Mossos. Escalofríos le entran cada vez que se acuerda del Cara al Sol. Por un momento pensó que de esa, si salía, le quedaban secuelas de por vida. En el otro extremo está Francesc Garcia, exalcalde republicano de Ponts, en Lleida. Ha publicado un bando para explicar que lo deja porque sus intereses profesionales requieren de toda su atención precisamente en este mismo momento. Hasta tal punto llega la urgencia que se ha largado sin firmar el decreto de cesión de los locales electorales.

La inquietud de los munícipes es comprensible, sobre todo la de los que están forrados. Lo que no resulta tan fácil de explicar es cómo se lo ha montado Puigdemont para que a estas alturas del partido sean los primeros ediles quienes se estén comiendo el marrón de su jugada. Les manda todo su apoyo el president, que no aclara si dará orden a los Mossos para que desobezcan la instrucción directa y concreta del tal Mazas de acompañar a deponer a los que se resistan. La parte más jodida es la malversación de caudales públicos, cosa que está penada al nivel del atraco a un banco más la reposición de lo malbaratado.

Por ejemplo, la Sindicatura de Cuentas le ha dado un repaso a los números de Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la municipalidad por la secesión, que mirado desde la Fiscalía le saldría a detener. En la web del Tribunal de Cuentas catalán está la inclemente auditoría sobre cómo se las gasta Lloveras y con quién.

En La Vanguardia se temen lo peor y así lo constatan en el editorial: "Así las cosas, la decisión de la Fiscalía, que probablemente tendrá un notable impacto sobre el conjunto del territorio catalán, también sobre sus habitantes, causa cierta sorpresa y la consiguiente preocupación. Llamar a declarar a cerca del 80% de los alcaldes catalanes puede dar lugar a una importante reacción y propiciar hechos imprevisibles. En suma, difícilmente contribuirá a serenar los ánimos. La ley señala un camino inequívoco. Pero la oportunidad, la amplitud y el ritmo de su aplicación admiten cierta flexibilidad. Los tiempos son agitados. Precisamente por ello los planteamientos políticos o judiciales deben mesurarse con la mayor precisión. Sólo así se contendrán los problemas, algo siempre deseable y, en esta coyuntura, obligado".

Más vaselina prescribe el diario mientras Puigdemont presume en Telesanchis de que la réplica de la página del referéndum está alojada en un servidor luxemburgués y de que le ha llegado que la Guardia Civil busca la urnas en La Coruña. No parecía estar de broma ni otra cosa. Sergi Quitian aborda en la misma La Vanguardia la crónica de la entrevista en TV3 con el president en cap: "Cuando quedan poco más de dos semanas para la fecha prevista del referéndum independentista del 1 de octubre y a un día del inicio de la campaña de los partidos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene firme la apuesta del Govern: 'El 1 de octubre la gente podrá ir a votar libremente y decidir lo que quiere'. 'Nosotros aplicaremos el resultado', ha asegurado. En una entrevista en TV3, el president ha comenzado expresando su tranquilidad ante el proceso que está viviendo Catalunya a pesar de la tensión patente entre el Govern catalán y el Ejecutivo central: 'Me siento sereno y determinado. El Govern ya estaba preparado para vivir una situación así y nos sentimos fuertes para responder al encargo de la ciudadanía de Catalunya'".

Conmovido no parece Puigdemont a pesar del bombardeo judicial y político. Es más, empieza a gustarse y a recrearse en la suerte. Ha envejecido un tanto, pero está risueño como un niño con zapatos nuevos. Pues que sepa que Mariano está decidido a cortarle hasta la luz.

Eso mismo explica Marisa Cruz en un texto para El Mundo: "Impedir la apertura de colegios, la constitución de mesas electorales, la colocación de urnas, el suministro de papeletas y el uso de programas informáticos. Estos son los objetivos de Rajoy para evitar que se repita un 9-N, es decir, una farsa con apariencia de legalidad a los ojos de la ciudadanía. El Gobierno asegura que en ningún caso volverá a darse el espectáculo de noviembre de 2014, cuando la Generalitat logró transmitir al mundo entero imágenes propias de un proceso democrático homologable aun cuando las urnas empleadas para la votación fueran de cartón. 'Entonces', explica un ministro directamente concernido, 'actuamos sobre la marcha instando a la Fiscalía la noche anterior; ahora las cosas son muy distintas porque llevamos meses preparándonos para este momento'".

Preparados todos, el choque está resultando de lo más llamativo. Faltan 17 días para determinar quién los tiene más gordos.

14 de septiembre, santoral: Exaltación de la Santa Cruz.