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Primeras planas

La desamortización de Calvo y Trapero, retratado

El Gobierno pone en su punto de mira los bienes inmatriculados de la Iglesia en los últimos veinte años. Sombras judiciales sobre el papel de los Mossos el 20-S y el 1-O. El caso del doctor Carson

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La Mezquita de Córdoba es del pueblo. ¡Viva Mendizábal! Una "comisión de expertos" ha decidido que la catedral de la Asunción de Nuestra Señora, mismamente la Gran Mezquita, fue propiedad pública durante doce siglos. El Gobierno de Sánchez le ha puesto el ojo a los bienes inmatriculados por la Iglesia en los últimos veinte años. La Sagrada Familia no está afectada, de momento, pero persisten las sospechas sobre la ausencia de permiso municipal de obras.

La Conferencia Episcopal guarda un prudente silencio ante la que se le avecina. Al parecer, los obispos confían en la tesis de que el Gobierno tan sólo presiona con las inmatriculaciones para que la Iglesia no ponga objeciones a la exhumación y traslado de los restos de Franco. Sí, sí. Que se fíen y no corran.

La mano de la vicepresidenta Carmen Calvo está detrás de la nueva desamortización, que El País saluda con regocijo. De la nota del diario de Prisa: "Este comité de cuatro expertos —comisionado por el Ayuntamiento de Córdoba para fundamentar la titularidad pública de la Mezquita— pide, además, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anule en bloque todas las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998, cuando Aznar permitió el registro de los templos de culto, hasta 2015. En estas consideraciones participó Carmen Calvo como constitucionalista cuando no era vicepresidenta. (...) Elaboró las conclusiones jurídicas de dicho informe antes de entrar en el Gobierno. Calvo fundamentó las vías jurídicas para anular las inmatriculaciones y ningún otro jurista la sustituyó el pasado junio tras integrarse en el Gobierno, aunque se desvinculó del comité. La vicepresidenta rehusó pronunciarse. “No sería ni ético ni estético”, dijo una portavoz".

Concluye la semana negra del Gabinete Sánchez con la dimisión de Carmen Montón y la publicación de la tesis doctoral del presidente. La votación en el Congreso del desalojo del Valle de los Caídos ha pasado francamente desapercibida. Parafraseando a Nietzsche, el asesor Iván Redondo dice que lo que no mata, engorda. La crisis de la tesis no parece tener más recorrido, pero el Abc insiste y añade la derivada de que Sánchez se habría beneficiado de la necesidad de la Universidad Camilo José Cela de dotarse con urgencia de un cuerpo de doctores: "En sus primeros años de funcionamiento, cuando la UCJC no tenía programas de doctorado, necesitaba contratar doctores de otras universidades o que sus profesores leyeran las tesis en otros centros educativos. En el curso 2007/2008 nombró sus dos primeros doctores (fue en 2008 cuando el entonces rector, Rafael Cortés Elvira -secretario de Estado para el Deporte con Felipe González- fichó a Pedro Sánchez). A partir de ahí, las cifras fueron aumentando exponencialmente, hasta conseguir un total de 170 tesis leídas en el periodo 2007/2008 - 2016/2017, según Teseo, la base de datos del Ministerio de Educación".

El otoño catalán. Calma chicha. Un grupo de acampados en la plaza de Sant Jaume amenaza con aposentarse hasta que la república sea efectiva. Han optado por la vía Xirinacs. Pretenden evitar las manifestaciones de signo contrario en el corazón del poder republicano. Ni la alcaldesa Colau ni el consejero Buch se sienten interpelados. 

elmundo.200En El Mundo y en El Periódico abundan sobre las responsabilidades de los Mossos en general y de Josep Lluís Trapero en particular sobre los acontecimientos en torno a la consejería de Economía el 20 de septiembre y la celebración del simulacro de referéndum del 1-O. La nota del diario de Unedisa abunda en que Trapero habría pasado información operativa a los jefes políticos: "Asimismo, se instruyó a los agentes para que espiaran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «desviándose patrullas a realizar seguimientos a agentes de otros cuerpos policiales». Estas vigilancias fueron comunicadas a la Sala Regional de Mando, que «las autorizaba y ordenaba» y contemplaba también la identificación de agentes de Policía y Guardia Civil de paisano, dándose la orden de identificar las matrículas de sus vehículos camuflados".

En El Periódico lo ven y añaden la pavorosa pasividad de los Mossos en el cerco a la comitiva judicial en la consejería de Economía diez días antes: "Al principio de la protesta, hacia las nueve y cuarto de la mañana, los guardias civiles pidieron a la intendente Laplana por primera vez abrir un pasillo. La policía cree que entonces “se podría haber establecido un perímetro de seguridad que hubiese evitado los destrozos en los vehículos policiales y podría haberse asegurado una vía de entrada adecuada para el traslado de los detenidos que debían asistir a los registros, así como la normal salida de los funcionarios judiciales y los agentes de policía judicial con los efectos intervenidos”. Pero Laplana se negó y la policía aprecia, de toda la documentación incautada, “la negación de la existencia de un problema de orden público, a pesar de que la concentración iba en aumento y se cortaron al tráfico vías principales de circulación, que colapsaron la ciudad”".

Tercer grado a Meritxell Batet en El País sobre los independentistas presos:

P. ¿Está a favor o en contra de que esas nueve personas continúen en prisión preventiva?

R. Cuando, dentro de una situación de excepcionalidad, hay un esfuerzo por parte del Gobierno de normalizar las relaciones institucionales, de abrir un diálogo y una agenda de infraestructuras, de inversiones, de traspasos, evidentemente, sería mejor que no hubiera presos. Porque sería más fácil ese diálogo, esa agenda de normalidad. Pero la realidad es la que es y tenemos que actuar en ese marco.

P. ¿Sería mejor que no estuvieran en prisión preventiva?

R. Para hacer política, que es lo que nosotros queremos hacer, por supuesto que sería mejor que no hubiera presos, pero es una decisión judicial que nosotros debemos respetar. Y eso no puede impedir apostar por esa agenda de normalidad y ocuparnos de los problemas reales de la población.

Giro inesperado del doctor Clayborne Carson, que dice ahora que no dijo lo que dijo a El Confidencial. La publicación aporta los audios y una tesis plausible sobre la “rectificación”: "Es dificil saber qué ha llevado a Carson a matizar su versión hasta desdibujarla, sobre todo después de que en la entrevista mostrarse un punto de vista sólido sobre un tema que parecía conocer. Quizá por las presiones recibidas, quizá porque no fue consciente de la repercusión de sus palabras o por la avalancha en redes sociales de comentarios críticos e insultos por, presuntamente, hablar sin saber qué es Cataluña y opinar que España no es un país opresor".