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Primeras planas

Control de asintomáticos y control de movimientos

El Gobierno se dispone a desplegar la segunda fase: test masivos y seguimientos individualizados. Pablo Iglesias promete la renta mínima. La política catalana se acomoda al coronavirus

17 min

Lo del Gran Hermano orwelliano se va a quedar en una aproximación timorata en comparación con el mundo que se nos avecina. Decían y decíamos que en China se podía cerrar una ciudad de cinco millones de habitantes porque, a fin de cuentas, aquello era una dictadura y cinco millones de chinos eran como cinco catalanes. Empezamos a saber lo que vale un peine y si se puede o no se puede cerrar una ciudad del Mediterráneo en plena y florida primavera. 

El siguiente paso, según avanza el Gobierno, será aislar a los coronavíricos asintomáticos, aquellas bombas humanas que ni sienten ni padecen el zarpazo de la enfermedad pero la esparcen a través de las gotas de saliva que expelen al toser, hablar o incluso respirar. El control de la población amenaza con ser absoluto. A la gente, en general, le parece bien. Desde los atentados contra las torres gemelas de Nueva York está claro que entre libertad y seguridad prima la segunda.

La mayoría de los medios abren sus ediciones con la enérgica medida aconsejada por los "expertos". Pasamos del mando de los políticos al de los científicos, cuya propensión a las rigideces matemáticas es una pulsión tan destacada como la de meter mano en la caja entre los políticos. De la crónica de Ana I. Gracia en El Español: "El primer paso que el Ejecutivo ha dado en esa dirección ha sido solicitar a los presidentes autonómicos un informe detallado con los recintos públicos y privados disponibles --hoteles, palacios de congresos, albergues, hostales, polideportivos--. La intención es acondicionar el mayor número de plazas para acomodar allí a aquellos ciudadanos que den positivo en el test pero no presenten síntomas o sean extremadamente leves. Los expertos sitúan aquí un nuevo foco que podría provocar una segunda oleada de contagios masivos que quieren evitarse a toda costa".

Sigue la pieza: "Las comunidades autónomas han recibido entre el domingo y el lunes más de un millón de test. El objetivo más inmediato es hacer la prueba a los trabajadores de los sectores esenciales que están día tras día en primera línea de batalla. Sin embargo, el Gobierno busca ya fórmulas para aislar a los asintomáticos cuando se levante el estado de alarma --como mínimo, el 26 de abril-- y se active la segunda fase: la de detección precoz del Covid-19. Los expertos que trabajan codo con codo con el Ejecutivo son partidarios de hacer un test generalizado para poder dividir a la ciudadanía en grandes bloques: los infectados, los que posiblemente estén infectados y no lo saben, los que están expuestos al virus, los que desconocen si han pasado o no la enfermedad y los inmunes, los que ya la han superado, según han contado a El Español fuentes que ya se ocupan de ese futuro escenario".

Además de la clasificación de los ejemplares humanos por su relación con el virus que no se puede llamar chino, el Ejecutivo también dispone de la posibilidad de monitorizar los movimientos de los individuos, según alerta Ramón Muñoz en una nota de El País: "El Gobierno ha dado un paso más en su lucha contra la expansión del coronavirus aunque bordeando la frontera de los derechos fundamentales. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, ha aprobado una norma para autorizar el desarrollo de una aplicación para el teléfono móvil que permita a las autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos a los 'efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar'".

Portada El País
Portada de 'El País'
 
Continúa el texto: "Así consta en una orden ministerial publicada el pasado 28 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se atribuye al Ministerio de Sanidad una serie de prerrogativas para poder controlar mejor la expansión de la Covid-19. Entre esos poderes está el del 'desarrollo urgente' y la 'operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que permita, al menos, realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado, ofrecer información al usuario sobre el virus y proporcionarle consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación'". 

Todo esto plantea algunas dudas jurídicas de la que escribe Beatriz Parera en El Confidencial: "Los planes del Ejecutivo para la 'desescalada' frente al virus rozan la línea roja que separa lo constitucional de lo inconstitucional. En el terreno desconocido e incierto del estado de alarma impuesto para luchar contra el virus, juristas especializados en la materia albergan dudas sobre la legalidad de la última de las medidas que estudia el Gobierno para controlar la expansión del Covid-19. Pedro Sánchez reclamó este domingo a los presidentes autonómicos un listado de hoteles, espacios e infraestructuras públicas y privadas donde poder alojar a los pacientes asintomáticos y leves para mantenerlos aislados cuando arranque la siguiente etapa. Del confinamiento obligado en los domicilios que cumple ahora toda la población, se pasaría así al internamiento en espacios seleccionados de los positivos detectados, quizá también obligado. 'La propuesta equivale a un encarcelamiento', asegura contundente el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores".

Continúa Parera: "La creación de espacios para que los pacientes leves puedan estar aislados sin contagiar a sus familiares es una recomendación de expertos. Madrid, por ejemplo, ha medicalizado hoteles para pacientes que no requieran hospitalización y puedan estar controlados. Los médicos derivan allí a los enfermos de los hospitales para liberar camas y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está en uno de estos".

El Ejecutivo está en todo, según el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que promete el establecimiento de una renta mínima a la mayor brevedad. Será el soma de coronavirus. En El Diario entrevista al hombre de Podemos Ignacio Escolar y Andrés Gil. Ahí va una selección de preguntas con sus oceánicas respuestas: 

portada El Diario /CG
Portada de 'eldiario.es'

-¿Qué medidas cree que faltan?

-El paquete de medidas que ha presentado este Gobierno es histórico. Creo que revela que vamos a afrontar la salida de esta crisis de manera contraria a como se afrontó en 2008. Creo que un gobierno que prohíbe los desahucios para garantizar el derecho constitucional a la vivienda; que protege el empleo; que protege a las pequeñas y medianas empresas y que también protege a los autónomos, planteando, por ejemplo, una prestación que llega al 70% de la base reguladora, 660 euros, cuando se produce el cese de actividad o la pérdida del 75% de los ingresos que se tenían... Es un Gobierno que está haciendo algo que no había hecho ningún otro antes.

A partir de ahí, ¿qué habrá que hacer? El ingreso mínimo vital es algo que ya se ha discutido y que tenemos claro que se tiene que hacer. Falta concretarlo, dialogar entre los diferentes equipos y también con las comunidades autónomas. Pero yo espero que lo tengamos listo pronto.

¿Y sobre qué es lo que habrá que hacer en el futuro? Permítanme que cite al presidente: haremos lo que sea necesario cuando sea necesario.

-¿Hay margen de negociación con el Partido Popular para algunas medidas que tiene que aprobar el Gobierno en el Parlamento en relación con la crisis del coronavirus?

-Espero que sí, con el Partido Popular y con todos los partidos que tienen representación.

-¿También con Vox?

-Creo que Vox está en otra guerra y no quiero entrar en ese debate. Tenemos que trabajar para salvar vidas y no tenemos que dar el más mínimo oxígeno a los debates que pretenden imponer opciones que han defendido abiertamente el golpe de Estado. Pero el Gobierno tiene que apelar a todos los ciudadanos de este país, independientemente de las opciones a las que hayan votado. Y, a partir de ahí, la estrategia que nosotros estamos planteando no es una estrategia de dos partidos, es una estrategia de país. Y tenemos que hablar con las formaciones políticas del Parlamento, porque todas representan a muchos ciudadanos que son, en última instancia, los que están padeciendo y combatiendo los efectos de esta situación.

-Habla del golpismo. ¿Cree que hay sectores organizados que quieren intentar aprovechar esta crisis para hacer caer al Ejecutivo?

-Es evidente que hay sectores que podrían ser calificados de golpistas frustrados, porque no lo van a conseguir, pero no hay que dedicarles ni 30 segundos. Este Ejecutivo tiene que salvar vidas, tiene que tomar decisiones, tiene que orientar una estrategia de país en un momento muy complejo y creo que no puede atender las bajas pasiones de ciertos sectores que por muy alto que griten, no producen más que el canto final del cisne.

En El Mundo comparece la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien anticipa grandes cambios en la próxima legislatura interrogada por Fernando Lázaro: 

-¿Se equivocaron ustedes al no prever su alcance? Hubo un cambio de enfoque de un día para otro. De permitir el 8-M y otros actos multitudinarios a tener que cerrar colegios en Madrid y Vitoria.

-Siempre hemos seguido el consejo de los expertos. No puede hablarse de falta de previsión porque esto se refiere a algo que podría haber resultado previsible y no ha sido así. Lo vemos en el resto de países. Ha sido imprevisible.

-Pero sí hubo organismos internacionales que aconsejaron hacer acopio de material sanitario.

-Insisto en que la evolución de esta pandemia, que cambia en 24 horas, era un escenario imposible de prever desde cualquier punto de vista, incluso científico. Ante un escenario imposible de prever no se puede hablar de falta de previsión. 

-¿Ha sufrido el Ejecutivo una crisis de reputación por la compra de test defectuosos en China?

-Ha existido un material concreto defectuoso que no afecta al resto de actuaciones. En un mercado absolutamente saturado, con muchas dificultades para comprar, creo que es un dato muy menor. También digo: hay que aceptar que se pueden cometer errores, no pasa nada. Es una situación sin parangón. Como miembro de Gobierno les digo que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Se han cometido fallos, no me duele reconocerlo, pero nuestro esfuerzo está volcado en salvar vidas.

-¿Cómo vive usted que Podemos, su socio de coalición, se atribuya constantemente las decisiones sobre medidas sociales del Gobierno?

-Es el momento de aportar todos nuestro granito de arena, otras consideraciones no es la ocasión de hacerlas. Cuando todo haya acabado será cuando toque hacer balance.

-Pero entonces estamos ante un cambio en la arquitectura de la legislatura, con la búsqueda de otros socios parlamentarios.

-¿Es que alguien puede pensar que el mundo, España, la legislatura va a ser igual? ¿Alguien lo puede pensar? ¿Con la de miles de muertos que hay, con el drama humano que estamos viviendo? Es imposible. Nadie nunca podríamos haber imaginado esto. Cuando logremos acabar con la pandemia, el objetivo es trabajar pensando en los ciudadanos. Los parámetros que teníamos quedan fuera de lugar. Y no sólo en España, en el mundo entero.

-Entonces, ¿el compromiso de diálogo con los independentistas catalanes queda aparcado?

-Una vez que logremos superar esta situación debemos trabajar para levantar este país. El esfuerzo diario está volcado en salvar días. Nadie nos perdonaría que estemos haciendo cálculos de otro tipo. Gastar energías en otras cuestiones es algo que los ciudadanos no se merecen.

Dadas las circunstancias, la política catalana también modifica sus planteamientos. El proceso está en retroceso y las elecciones no tienen fecha, según apunta Oriol March en Nació Digital: "El coronavirus ha trastocat de dalt a baix el país. A la crisi sanitària ja s'hi han sumat les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia -davallada de l'activitat, creixement pronunciat de l'atur, incertesa per l'eficàcia de les mesures adoptades per les administracions-, de manera que ningú és capaç de fer pronòstics. A les files del Govern, però, existeix una certesa: les eleccions catalanes no arribaran fins, com a mínim, finals d'any. Així ho destaquen diverses fonts consultades per Nació Digital, tant de l'espai de Junts per Catalunya (JxCat) com d'ERC, que coincideixen en assenyalar que el marc dels futurs comicis ha variat per complet en tan sols tres setmanes".

Sigue March: "A les files republicanes ja parlen de "reconstrucció nacional", un marc que no acaba de fer el pes a Palau -tot i que, paradoxalment, es defensa des de sectors del PDeCAT consultats-, i insisteixen que els aspectes de gestió seran cabdals en els futurs comicis. La data de les eleccions, que s'havia de fixar la setmana del 16 de març un cop aprovats els pressupostos, segueix sent una incògnita. De fet, portaveus oficials assenyalen que aquest aspecte "no s'ha tractat" en cap de les múltiples reunions telemàtiques que mantenen el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès".

6 de abril, santoral: Celestino I, Eutiquio de Constantinopla, Filarete, Gala, Guillermo de París, Ireneo de Sirmo, Marcelino de Cartago, Prudencio de Troyes y Winebaldo.