El cierre de Nissan y el golpe de Iglesias a Vox

La prensa es un clamor. El cierre de Nissan ocupa todas las portadas. La fotografía es el humo negro de los neumáticos quemados a la entrada de la factoría. Un auténtico drama para cerca de 25.000 familias. Se veía venir, pero el futuro de la compañía japonesa en Cataluña no estaba en las agendas políticas. La ocurrencia de Podemos y ERC es la nacionalización. Es lo que ha dicho Rufián, a quien hasta ayer no se le conocía opinión alguna sobre la automoción en general y Nissan en particular. 

Nacionalizar una empresa japonesa tiene su punto filipino. Recuerda las amenazas de las autoridades bolivarianas de Venezuela, Bolivia o Ecuador sobre las empresas españolas que operan y operaban en esos países. Alegan los teóricos de las nacionalizaciones en España que ya se nacionalizó Bankia. Correcto, que diría el experto, pero es que Bankia, antes Caja Madrid, era un banco español de España con sede en la capital, no en Tokio.

España no es un país amable para la industria a pesar de la propaganda de las administraciones. En el caso catalán, la disparidad entre la publicidad y la realidad es aún más notoria. La innovación, el desarrollo y la investigación se limitan a la cocción de la gamba langostinera. 

"Así ha asfixiado la Generalitat al sector industrial catalán" titula Crónica Global su apertura. Ojo que no se habla de política ni de procés, sino de incentivos, legislación y marco funcional. Así arranca la pieza que firma María Jesús Cañizares: "Ni política industrial ni innovación. Cataluña es una de las regiones europeas con menos dinamismo en investigación para transferir al tejido empresarial. Algo que imposibilita la reconversión de sectores como el de la automoción, donde el cierre de la factoría de Nissan es el símbolo de la errática gestión de la Generalitat. Informes de la propia UE demuestran cómo la comunidad catalana está a la cola en esas políticas, mientras las formaciones independentistas incumplen sus propios compromisos parlamentarios".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha cambiado súbito de registro y apela ahora a la unidad de las administraciones para salvar los empleos. Nunca es tarde si se persevera en la rectificación. Ahora nada más falta que sus portavoces se retracten de la teoría de que España nos mata. 

Retener a Nissan en Cataluña se antoja misión imposible. La desindustrialización es tendencia, según apunta Javier González Navarro en ABC. En España se han perdido casi 600.000 empleos en el sector desde 2008: "Los casos de Nissan y de Alcoa han devuelto a la actualidad la mala salud de la que goza la industria en nuestro país. Muchos, incluso, vuelven a recordar las duras reconversiones industriales de la siderurgia, la minería y los astilleros que dejaron en la calle a miles de trabajadores en las últimas décadas del siglo pasado. Cuando empezó la crisis de 2008, había 3,352 millones de ocupados en la industria. Durante seis años fue de mal en peor, hasta los 2,29 millones de ocupados registrados en el primer trimestre de 2014, según la EPA (Encuesta de Población Activa)".

Portada del 'ABC' sobre el cierre de Nissan en Barcelona

Sigue la pieza: "Desde entonces, y gracias en gran parte a la reforma laboral del PP de 2012 que flexibilizó las relaciones laborales, comenzó una lenta y progresiva recuperación que le ha llevado hasta los 2,769 millones de ocupados en el primer trimestre de este año. Es decir, en el sector industrial español trabajaban hasta marzo pasado 583.000 personas menos que al comienzo de 2008".

Ayer se celebró una especie de comisión sobre la reconstrucción tras la pandemia. Pero no se habló de Nissan, sino de que los de Vox, a decir de Pablo Iglesias, son unos golpistas a los que les falta masa testicular para promover un golpe de Estado. Otra vez trending topic lo del golpe. En El País se acentúa además que "Calviño e Iglesias exhiben sus diferencias sobre los planes de reconstrucción", titular de portada al que acompaña este texto resumen: "La comisión parlamentaria para la reconstrucción sacó a la luz las contradicciones entre las propuestas económicas de dos vicepresidentes del Gobierno, Pablo Iglesias y Nadia Calviño. El primero defendió 'una nueva tasa de reconstrucción' a través de un impuesto sobre los patrimonios. Calviño apostó por un marco fiscal más progresivo, pero sin esa nueva figura, y lanzó este mensaje: 'La responsabilidad fiscal y la confianza de los inversores también son claves en la recuperación'. La jornada de ayer registró también un sonoro encontronazo entre Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, quien abandonó la sala al decir Iglesias que a su partido le gustaría 'un golpe de Estado'".

Iglesias, erigido en macho alfa, estuvo prebélico, con lo que consiguió que no se hablara de la reconstrucción que se nos avecina. "Cierre la puerta al salir" le dijo a Espinosa de los Monteros cuando el ofendido diputado hacía mutis por el foro. Plástico desplante del vicepresidente. 

El Gobierno está tenso. Creen que la oposición va a por ellos por todos los medios. En La Vanguardia se ocupa del tema Juan Carlos Merino: "'Es la estrategia del PP de siempre', advierten en la dirección del PSOE sobre la escalada de tensión con la que la derecha, a su juicio, intenta ahora que Pedro Sánchez no sobreviva políticamente a la crisis del coronavirus. 'Desde el principio fue así', alertan en la ejecutiva de Ferraz sobre la estrategia 'destructiva' que achacan al principal partido de la oposición, que desde la misma investidura de Sánchez tachó su mandato de 'ilegítimo' por sostenerse en 'chavistas, separatistas y amigos de ETA'".

Continúa el texto: "Los socialistas advierten que es lo mismo que ocurrió cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa en el 2004, tras los atentados del 11M. El PP de Mariano Rajoy, entonces a través de Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, desplegó una intensa estrategia de polarización política, también en la calle. 'Pero ahora será ­peor', auguraron ya en la Moncloa al ver al PP además arrastrado por la emergencia de la ultraderecha de Vox. Y, pese a que los socialistas aseguran que no tenían ninguna duda, resaltan que la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se lo confirmó este miércoles cuando acusó al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de ser 'hijo de un terrorista'".

Precisamente de eso habla el padre de la criatura en Público entrevistado por Alejandro Torrús:

"P. Hay cierta confusión sobre si usted perteneció al FRAP o no.

R. El FRAP no existe como tal hasta finales del año 1973, que es cuando se funda realmente. Yo pertenecí al comité para la creación del FRAP. Cuando los compañeros deciden que el Frente ya está formado y que el FRAP, por tanto, ya existe... yo discrepo de la decisión. Creía que un Frente Revolucionario tenía que ser mucho más grande y que teníamos que seguir trabajando en el comité para ampliar el grupo. Para ser más y para que pudiera tener éxito una huelga social revolucionaria que impidiera la continuidad del franquismo. Éramos muy jóvenes y seguíamos los esquemas de Mao. Así éramos. Y tengo que decir que estoy orgulloso de todos mis compañeros y no reniego en absoluto de mi pasado, pero yo abandoné la organización a principios de 1974 por estas discrepancias. Creía que el Frente tenía que ser mucho más amplio. Y fue en el año 1975 cuando el FRAP dio el paso de entrar en la lucha armada. Para mí fue un error".

Estupenda contestación. Lástima que el señor Iglesias padre considere que pegar tiros por la espalda es "lucha armada". 

Entrevista al padre de Pablo Iglesias en la portada de 'Público' 

Más sobre Pablo Iglesias. Expediente Bousselham y su móvil. La exasesora del líder de Podemos cambia su versión sobre el robo para no perjudicar al patrocinador de su periódico digital. Escribe Pablo Gabilondo en El Confidencial: "La exasesora de Podemos Dina Bousselham ha vuelto a cambiar de versión en el caso Villarejo. El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, investiga el robo de su móvil en 2015 y cómo el contenido del mismo acabó en manos del comisario, pero tras más de un año de pesquisas, las supuestas víctimas han acabado ahogándose en un mar de contradicciones. La situación ha llegado a tal punto que el juez retiró este lunes la condición de perjudicado a Pablo Iglesias y señaló que el vicepresidente segundo del Gobierno pudo incurrir en dos delitos. El magistrado se prepara para remitir el procedimiento al Supremo, dado que no puede investigar al líder de Podemos por ser aforado. Ahora, Bousselham, que comparte abogada con él, trata de desmontar cuatro días después la acusación contra su antiguo jefe con un nuevo escrito en el que evita mencionarlo".

Sigue líneas después: "Bousselham sostiene en el escrito que ha remitido ahora a García Castellón [...] que en realidad Iglesias le entregó el usb con los datos de su teléfono móvil 'antes de que se iniciaran estas actuaciones' y de que 'se conocieran los hechos que dieron lugar a las mismas' en la Audiencia Nacional, tratando así de minimizar el tiempo que Iglesias tuvo esa información en su poder sin ella saberlo. Aunque en ocasiones anteriores había declarado que se la entregó como pronto en junio en 2016, en su nuevo escrito ya no da una fecha concreta, e insiste en que los cambios de versión en los que ha ido incurriendo a lo largo de sus comparecencias han sido meramente accidentales: 'No se trata tanto de haber realizado declaraciones contradictorias sino de haber respondido a lo que entendía que se me preguntaba'".

Crisis en el Ministerio del Interior. "De los Cobos se plantea llevar al juez su despido 'político'" titula La Razón una nota que porta al firma de J. M. Zuloaga: "El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, sopesa presentar un recurso ante la justicia contra el Ministerio del Interior, al considerar que su cese se produjo de forma irregular y no ajustado a la legalidad, según han informado a La Razón fuentes conocedoras del asunto. El mando de la Benemérita contaría con 'evidencias' –se desconoce cuáles son– con las que avalarían de manera indubitable todo lo ocurrido en torno a su cese, y las distintas llamadas que tuvo hasta que se le comunicó, finalmente, la destitución, que corrió a cargo del ya dimitido Laurentino Ceña, entonces Director de Apoyo Operativo. En esas 'evidencias' quedaría clara la postura de Pérez de los Cobos de explicar a sus interlocutores, de forma nítida, que no podía facilitar información sobre las diligencias que tramitaba la Unidad de Policía Judicial (UPJ) de su Comandancia".

Al hilo de la movida en la Guardia Civil publica un sondeo El Español que apunta que "el 73% no cree a Marlaska y vincula el cese de Pérez de los Cobos con el informe sobre el 8M" así como que "un 44% de los votantes del PSOE y un 53% de Podemos liga la destitución 'con el informe remitido a la juez'; un 61% cree que debe dimitir la directora general de la Guardia Civil; y un 57%, el propio ministro".

Pues tiene toda la pinta de que va a ser que no.

29 de mayo, santoral: Bona de Pisa, Hesiquio Palatino, Maximino de Tréveris y Senador de Milán.