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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / EP

Yolanda Díaz convoca a los agentes sociales para abordar la nueva fórmula de los ERTE

El Gobierno busca el encaje del mecanismo RED tras la brecha abierta con la CEOE por la subida del salario mínimo

5 min

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales el próximo jueves para abordar la nueva fórmula de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La reunión se producirá tras la grieta abierta entre la patronal y el Gobierno por la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Asimismo, llega tras la alerta de organizaciones como Foment del Treball sobre la cascada de despidos que podrían darse cuando venzan los ERTE por Covid a partir del 28 de febrero.

Tras la aprobación del acuerdo laboral, el Estatuto de los Trabajadores incluye una figura denominada mecanismo RED --en concreto en los artículos 47 y 47 bis-- que sustituirá a los ERTE. A lo largo de la pandemia, esta figura ha garantizado el empleo y preservado la actividad de muchas empresas.

Encaje del mecanismo RED

"Lo que vamos a trabajar con empresarios y sindicatos es la aplicación directa de estos artículos de la reforma laboral", ha explicado la vicepresidenta. La dirigente de Podemos ha añadido que estos preceptos también podrán activarse para aliviar la situación de sectores económicos en crisis.

Un camarero en un bar de Barcelona, uno de los sectores donde más se ha notado el descenso del paro / EP

 

 

Un camarero en un bar de Barcelona, uno de los sectores donde más se ha notado el descenso del paro / EP

No obstante, la mesa tripartita entre sindicatos, patronal y Gobierno deberá clarificar el alcance de estos mecanismos. Los RED permitirán reducir jornada y suspender de empleo a los trabajadores en una compañía, y sustituirán los denominados ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Durante su duración, los trabajadores percibirán el 70% de la base reguladora, hasta un máximo del 225% del Iprem.

Causas de los nuevos ERTE

Esta flexibilidad empresarial dependerá de un informe preceptivo de Inspección de Trabajo, que deberá resolver las solicitudes en un plazo de cinco días. Además de la fuerza mayor clásica, la nueva regulación que introduce el acuerdo laboral incorpora, como causa específica del ERTE, el impedimento o las limitaciones a la actividad derivadas de decisiones gubernamentales.

En ambas modalidades se incorporan varios elementos que proceden de la experiencia obtenida por la pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa; de obtener bonificaciones en las cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva / EP

 

 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva / EP

Ayuda ante crisis sectoriales

Junto a ello, el pacto laboral suscrito entre el Gobierno y los agentes sociales crea lo que se ha denominado mecanismo RED de flexibilidad y estabilización en el empleo. Esta herramienta permitirá reducir jornada y suspender el empleo de los trabajadores al estilo de los ERTE ante crisis cíclicas y sectoriales.

El mecanismo RED tendrá dos modalides: la cíclica, que proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al shock; y la sectorial, que proporcionará apoyo a la recualificación de trabajadores de empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. En el caso de los RED cíclicos, las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de despedirles.