Críticos de Vox consiguen llevar a Abascal y Ortega Smith ante la justicia

Militantes catalanes logran llevar a la plana mayor de la formación verde a los tribunales; el partido lo ve una "cosa juzgada" y recuerda que celebró primarias

Militantes de Vox, críticos con la actual dirección, sentarán a Santiago Abascal, presidente del partido, en el banquillo. Algunos activistas de la formación verde han conseguido que la justicia admita a trámite, investigue y cite a todas las partes, incluido al máximo dirigente de la formación y a Javier Ortega Smith, secretario general, a un juicio.

La vista se centra en la disolución del anterior comité ejecutivo provincial (CEP) de Barcelona aprobada por Vox el 1 de octubre de 2019, tal y como explican los denunciantes. Se trata de militantes descontentos con esa decisión que interpusieron un recurso en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 44 de Madrid, al estar la sede en la capital. ¿El objeto? Presunta vulneración de derechos fundamentales. La sala admitió el escrito, desestimó un texto de la contraparte y, ahora, el juicio arrancará en noviembre.

"No buscamos dañar al partido"

Según ha explicado la defensa de los denunciantes, el procedimiento debería haber sido sumario al existir presunta vulneración de derechos fundamentales, en este caso el de libre asociación política. Alegan que así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). "No ha sido así por el retraso de los plazos administrativos por culpa del coronavirus y el juicio será en noviembre", indican.

Sobre la mesa del juez figurará la denuncia de los afectados, que alegan que se les destituyó como miembros del CEP de Barcelona sin que Vox hubiera realizado primero un cambio estatutario. "No se pudo disolver el órgano de gobierno e imponer una gestora sin seguir los cauces que el partido marcaba para ello", manifiestan. ¿Y si la justicia les da la razón y condena al partido? "Se declararía nula la disolución y, en teoría, todos los actos que emanan de ella, incluido el proceso interno de elección del nuevo comité que encabeza Joan Garriga", añaden los mismos interlocutores. Recalcan que "no buscan dañar al partido, sino corregir un acto arbitrario". 

Vox: "Hecho juzgado y hubo primarias"

Preguntado por la cuestión, el presidente del CEP de Barcelona, Juan Garriga, ha admitido a este medio que el juicio se celebrará, y que Santi Abascal y Ortega Smith deberán comparecer. Lo harán como representantes del Comité Ejecutivo Nacional que cesó el órgano de gobierno de Barcelona, sí, "pero también otros en diversas provincias de España". Con todo, desde Vox recuerdan que el lance político "es un hecho juzgado", por lo que el juicio se celebrará, pero el juez valorará que se han respetado los derechos de todo el mundo.

El magistrado lo hará, cree la formación, por el hecho de que tras las destituciones de los comités provinciales se celebraron primarias. En Barcelona, de hecho, la candidatura oficialista arropada por Abascal y Ortega Smith logró una mayoría de avales y votos frente al corriente crítico, liderado por Jesús Rodríguez, de Vox Terrassa. "La militancia pudo hablar y dio su aval al comité provincial actual", ha subrayado Garriga.

Lío a meses de las autonómicas

El proceso por presunta vulneración de derechos fundamentales en Vox sería una simple vista ordinaria sobre una discrepancia interna de una formación política salvo por dos hechos. El primero es que tendrán que acudir el presidente y el secretario general del partido, Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, a la sazón diputados por Madrid en el Congreso. "Tienen que presentarse, sí, pues el recurso que interpuso el partido fue rechazado", remarca la defensa.

El segundo es el hecho es que tendrá lugar a pocos meses de las elecciones autonómicas en Cataluña. Los comicios se celebrarán el 14 de febrero. Vox acude a las mismas con grandes expectativas, pues la mayoría de encuestas publicadas hasta ahora les otorgan representación en la Cámara catalana con una lista encabezada por Ignacio Garriga. Si se cumplen las previsiones demoscópicas, quedará solo por dilucidar si el partido verde consigue grupo propio en el Parlament, formado por cinco diputados o más. La pugna judicial puede interponerse en los planes del partido en la región.