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Elsa Artadi, consejera de Presidencia (i), participa en una manifestación en defensa de los políticos presos tras el juicio / EFE

“Vodevil” y “parcialidad”, lo más bonito de los abogados al tribunal del 1-O

Los letrados de los acusados por la intentona separatista acusan a los jueces de no respetar la legalidad procesal y de montar un espectáculo

12.02.2019 20:17 h.
7 min

Vulneración de derechos, parcialidad de una parte del tribunal, pruebas documentales a las que las defensas no han podido tener acceso… Son algunos de los alegatos expuestos, durante la primera jornada de juicio contra los 12 acusados por el proceso independentista catalán, por los letrados de los inculpados, a cuya inocencia han apelado en sus respectivas intervenciones a lo largo de más de seis horas. Lo han hecho incidiendo unos en los aspectos más técnicos de los hechos enjuiciados en contraste con quienes --prácticamente la totalidad de letrados defensores-- han optado por recalcar la “criminalización” a la que, en su opinión, se han visto sometidos sus patrocinados a lo largo de la instrucción de la causa.

Hasta un total de diez intervenciones han copado la sesión de inicio de la vista oral, centrada en la fase de cuestiones previas, en la que expresiones como “vodevil procesal”, “derecho penal del enemigo”, “atentado”, entre otros, a los derechos políticos, a la libertad ideológica o al principio de legalidad penal, han servido de base a las defensas para denunciar lo que consideran una vulneración de derechos “desde el minuto uno y una transgresión que hace sonrojar”, en palabras de Andreu Van den Eynde, letrado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva.

Acceso a la prueba documental

Uno de los principales argumentos desplegados por los abogados se centra en la indefensión que, a su juicio, recae sobre los procesados como consecuencia de no haber podido tener acceso a parte de la prueba documental, motivo por el que Benet Salellas, representante legal del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestado reservarse la posibilidad de solicitar la suspensión de las testificales cuya declaración se sustente en los documentos que no se encuentran a disposición de las partes. Un hecho que, ha procedido a aclarar, no persigue mostrar “una actitud obstrucionista o dilatoria del procedimiento”.

La de Salellas ha sido una de las alocuciones más contundentes de la primera jornada del juicio. De acuerdo a sus alegatos, el procedimiento judicial se ha convertido “en una suerte de derecho procesal del enemigo”, aseverando que, tal y como ha arrancado, la vista “se opone al sistema democrático y supone una derrota colectiva de la sociedad española”. “De comenzar así, el sistema de derechos entrará en un universo de riesgos irreparables y desconocidos”, ha sentenciado.

Imparcialidad de cuatro magistrados

Por su parte, Jordi Pina, abogado del exportavoz del Govern y exconsejero de Presidencia Jordi Turull, del exconsejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull y del presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha recriminado la “parcialidad” de varios de los magistrados que componen el tribunal encargado de juzgar la causa debido a que cuatro de ellos, ha apuntado, formaron parte de la sala que admitió a trámite la querella de la Fiscalía por los hechos del 1-O y, por tanto, están “contaminados”.

“Hagan de jueces y no de salvadores de la patria”, ha llegado a proclamar dirigiéndose al tribunal, presidido por Manuel Marchena, cuyos integrantes considera que, en el marco de este juicio, no deben “erigirse en héroes de la unidad de España”.

Inviolabilidad parlamentaria de Forcadell

Centrada en su papel como parlamentaria, la abogada de la expresidenta de la Cámara autonómica de Cataluña Carme Forcadell --quien permitió la tramitación y aprobación de la Ley del referéndum del 1-O, posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional, y se posicionó en diversas ocasiones a favor de la admisión a trámite de otras propuestas enmarcadas en la estrategia secesionista--, ha subrayado que se limitó a cumplir con las funciones propias de la actividad que conllevaba su cargo y que estas deben estar protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, una garantía que “debería excluirla del juicio”.

En una extensa exposición --Marchena le ha solicitado que al igual que sus compañeros se ciñese a los tiempos otorgados a los turnos de palabra--, la letrada, Olga Arderiu ha lamentado que se trate a los acusados “en todo momento como si fuesen condenados” y ha llegado a apuntar a una posible conculcación del principio de separación de poderes al recordar las declaraciones que efectuó el exministro de Justicia Rafael Català en el sentido de que los procesados serían inhabilitados por participar en el procés a pesar de que, ha señalado la abogada, aún no se había dictado auto de procesamiento.

Divergencias entre las defensas

Sin embargo, antes de que el resto de defensas desplegasen su artillería dirigida a denunciar la campaña judicial “contra el independentismo catalán” y la politización de este procedimiento --como ha manifestado Van den Eynde--, Xavier Melero, letrado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, ha centrado su intervención en los aspectos puramente jurídicos, dejando al margen las cuestiones de naturaleza política y evidenciando ante el tribunal las divergencias presentes en los alegatos con los que las defensas afrontan la vista oral.

El discurso de Melero ha contrastado así con el del resto de defensas al defender el papel de su patrocinado deslindándolo del epicentro del plan secesionista y enfocar su alocución en rebatir las imputaciones que las acusaciones vierten sobre su patrocinado en relación a la actuación de los Mossos d’Esquadra durante la celebración del referéndum. Más de 500 testigos desfilarán ante el tribunal y más de 600 periodistas de hasta 150 medios de comunicación nacionales e internacionales se encuentran dando cobertura a un macrojuicio sin precedentes en la historia de la democracia.