El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, se ha reunido hoy con la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para abordar la situación de este sector en el contexto del proceso secesionista catalán.
Según informa el sindicato en un comunicado, la vicepresidenta compartió con CSIF la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso en la situación de los funcionarios catalanes. En este sentido, trasladó un mensaje de tranquilidad porque, según dijo, el Estado velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.
Defensa de la ley
"CSIF y la vicepresidenta valoran la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la necesidad de preservar la labor y profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad", aseguran. En relación a este punto, lamentaron las declaraciones realizadas días atrás por el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, sobre las supuestas sanciones a los funcionarios que no colaboren con el procés.
En este sentido, CSIF explicó a Santamaría el protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones. A mediados de mes, el sindicato mantendrá también un encuentro con el delegado del Gobierno en Barcelona, Enric Millo, para analizar este asunto.
Protocolo de actuación ante posibles presiones
El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la policía, Fiscalía u órganos judiciales.
La reunión de CSIF con la vicepresidenta forma parte de una ronda de encuentros con instituciones para abordar, entre otros temas, los efectos del proyecto independentista en los funcionarios.
