Cinco monjas octogenarias realizando labores de desinfección en un asilo de ancianos porque el Ayuntamiento rechaza la ayuda del Ejército. Esa es la situación en la que se encuentra una asilo de Palafrugell (Girona), regido por una orden religiosa, mientras que en un centro municipal en el que han fallecido hasta ahora 30 residentes, el consistorio también rechazó la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los motivos, a juicio de la oposición, municipal, no pueden ser otros que ideológicos. Situaciones similares se viven en otros municipios de la provincia, como Roses o Girona, un territorio con gran arraigo independentista.
El veto al Ejército obliga a monjas octogenarias a desinfectar su residencia / CG
El número de fallecidos en la residencia Palafrugell Gent Gran asciende ya a 30 personas y otras 32 han sido infectadas durante la crisis del Covid-19. Una cifra importante si se tiene en cuenta que este centro, que depende del Ayuntamiento de Palafrugell (Girona), tiene 150 plazas. El alcalde Josep Piferrer (ERC) siempre ha vetado la ayuda de la UME, tanto en esta residencia, como en el Asil Nostre Senyora de Montserrat, dirigido por las Hermanitas de los ancianos desamparados.
La directora de este centro privado con 65 plazas solicitó al consistorio que el Ejército realizara esos trabajos de limpieza. El alcalde prefirió enviar a sus servicios municipales, que solo trabajaron un día en el interior, mientras que otra empresa externa se dedicó a hacer la limpieza en los alrededores. Ante esta situación, cinco monjas de 70 y 80 años se han visto obligadas a hacer esos trabajos.
Cs pide una comisión de control
Todo ello es consecuencia del rechazo ideológico del gobierno municipal a la intervención de la UME. ¿Se pudieron evitar muertes? El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palafrufell, Joan Farré, ha pedido una comisión de control, externa al patronato de la residencia, para averiguar las causas de la virulencia del Covid-19 en ese centro.
Al igual que en el citado asilo, la respuesta del alcalde es que el consistorio “ya tenía otros medios para desinfectar”, como empresas de limpieza y bomberos. El alcalde instó a la UME “a ir a otros pueblos o ciudades con mayor necesidad”.
A fecha de 29 de abril, el brote en la residencia Palafrugell Gent Gran afectaba ya a 39 pacientes (uno estaba por confirmar) y 27 ancianos habían fallecido. Cs pidió en el pleno municipal y en la junta de portavoces la ayuda del Ejército, pero fue en vano.
A fecha de ayer, el número de fallecidos ascendía ya a 30 y el de infectados, a 32. “Era el momento de la responsabilidad y de dejar de lado los complejos y las ideologías”, denuncia a Crónica Global el diputado de Cs y portavoz provincial de Girona, Jean Castel, quien acusa a la Generalitat de secundar la omisión del gobierno local. “No costaba nada pedir la ayuda de la UME, se hubiera ganado en celeridad y prevención”, afirma Castel.
La situación en otros municipios no es muy diferente. En Girona, donde el consistorio está en manos de la neoconvergente Marta Madrenas, 30 trabajadores de la residencia Creu de Palau, donde 25 ancianos han sido contagiados, están confinados, y otros 27 empleados del centro Puig d’en Roca, con 68 residentes infectados, también han sido aislados. En el resto de residencias de la capital gerundense, el número de infectados es el siguiente: Mutuam (47), Maria Gay (35), Sanitas (5), Germanetes (9) y Can Regàs (25).
"Ya estamos bien"
En Roses se instó a la alcaldesa Montse Mindan (Junts per Catalunya) a que solicitara ayuda de la UME para hacer trabajos de desinfección. La primera edil dijo que no lo descartaba, pero que “ya tenemos un equipo de trabajadores del Ayuntamiento que lo hace muy bien. No hace falta desinfectar las calles, ya estamos bien”.
Precisamente ayer se supo que la mitad de las diligencias que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto contra residencias de ancianos en España corresponden a centros catalanes. Un total de 109 --84 civiles y 25 penales--, frente a los 319 en el conjunto del país.
