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Una de las sedes de Unipost / EUROPA PRESS

Unipost anuló unas facturas y el juez considera que el Govern ha malversado

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera también tiene en cuenta estas estimaciones sobre el dinero público destinado al 1-O para imputar al antiguo Govern

4 min

La empresa Unipost canceló cinco facturas giradas a la Generalitat semanas antes del 1-O. El Juez cree que con esta fórmula el Govern llegó a malversar un millón de euros de fondos públicos para pagar los servicios de distribución postal del referéndum.

La administradora concursal de Unipost ha informado de la cancelación de esas facturas en un informe que ha enviado al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el marco de la causa en que investiga como se preparó el 1-O.

Servicios de distribución

El magistrado pidió información sobre el concurso voluntario que en el mes de julio presentó Unipost. La deuda de la empresa se acerca a los 50 millones y el juez investiga la lista de acreedores de la empresa y determinará si el Govern pagó a la empresa por servicios de distribución postal vinculados al referéndum ilegal.

Según la conjetura del magistrado, Unipost facturó 979.661 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O. También repartió 5,3 millones de tarjetas censales. El juez sostiene que para "simular" la operación, repartió los pagos en cinco facturas giradas a las conselleries de Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura, con las que desde 2016 mantenía un contrato marco por servicios de envío postal.

"No figuran como cobradas"

La administradora concursal ha manifestado que esas facturas fueron giradas a la Generalitat el 7 de septiembre del pasado año y curiosamente, el mismo día, anuladas. Por lo tanto, "no figuran como cobradas, ni compensadas ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación".

Las cinco facturas por los servicios de distribución postal constituyen una de las principales partidas de los 3,2 millones de euros que el magistrado sospecha que el Govern desembolsó para la realización del referéndum, lo que a su entender podría suponer un delito de malversación de caudales públicos.

Delito de malversación

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera también tienen en cuentas estas estimaciones sobre el dinero público destinado al 1-O para imputar un delito de malversación al expresident fugado de la justicia Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exmiembros del Govern procesados.

Las facturas de Unipost motivaron la detención e imputación del exdirector de la compañía Pau Raventós. El exdirector aseguró ante el juez que no había percibido ni un euro de la Generalitat por encargos vinculados a la consulta.

Otro millón

Además, y como consecuencia de varios informes de la Guardia Civil, el magistrado sostiene que, además de las facturas de Unipost, la Generalitat designó otro millón de euros a las campañas publicitarias del 1-O.

A esas cifras se sumarían, 1,2 millones de euros que se gastaron en las obras de reforma de la sede del CTTI, que iba a convertirse en el centro logístico del referéndum de independencia.

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