Tumban un contrato de 8 millones a Colau por imponer el catalán

Un sindicato frena un concurso público del Ayuntamiento de Barcelona porque obligaba a los empleados a identificarse sólo en una de las dos lenguas

Marta Clari, gerente del Instituto de Cultura de Barcelona, la 'estelada' independentista y un vigilante de seguridad / FOTOMONTAJE CG
12.08.2018 00:00 h.
5 min

Revolcón a un contrato de ocho millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau, por imponer el catalán. Un sindicato ha tumbado un concurso público del segundo mayor consistorio de España porque obligaba a los vigilantes de seguridad a identificarse únicamente en una de las dos lenguas cooficiales en Cataluña.

La licitación en cuestión buscaba a guardias jurados sin arma para vigilar las dependencias adscritas al Instituto de Cultura de Barcelona (Icub). El presupuesto era de 8,015 millones de euros para dos años, una jugosa cantidad a la que muchas empresas hubieran aspirado. No obstante, el organismo dependiente del ayuntamiento cometió un error de principiante --o políticamente intencionado-- e incluyó en las plicas de contratación la obligación de que los vigilantes debían identificarse sólo en lengua catalana.

Contra el criterio del Supremo

Ello no pasó inadvertido para el sector de la seguridad. La obligación de que los vigilantes portaran su placa identificativa en catalán la aprobó la Consejería de Interior en 2012 (INT/15/2012). No obstante, la orden fue recurrida por la Fiscalía General del Estado, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón. Cuatro años después, en 2016, el Supremo rechazó un recurso de la Generalitat, confirmado el criterio del TSJC y alegando que el Gobierno catalán se había excedido en sus competencias.

Ello no ha sido óbice para que el Ayuntamiento de Barcelona tratara de sortear esa parte de la jurisprudencia. El Instituto de Cultura de Barcelona (Icub), que depende del área del concejal Jaume Asens, sacó a concurso la vigilancia de sus dependencias con una exigencia: quería que sus vigilantes llevaran la placa ovalada con fondo blanco y de ocho centímetros sólo en lengua catalana, contraviniendo la sentencia del Supremo. La licitación fue lanzada en agosto en tres lotes con un presupuesto de ocho millones de euros.

Frenada

La agrupación ADN Sindical interceptó la contrata pública y conminó al Ayuntamiento de Barcelona a corregir las bases de contratación para ajustarse a la normativa vigente. El Icub, que ahora dirige Marta Clari tras la marcha de Valentí Oviedo a la dirección general del Patronato de la Fundación Gran Teatre del Liceu, contestó de malas maneras a la parte social. De hecho, el día 8 de agosto trató de eludir la normativa con una añagaza: respondió que corregía las bases para que los vigilantes llevaran la placa "al menos en catalán", según la documentación oficial a la que ha podido acceder este medio.

Ello, no obstante, sigue vulnerando la jurisprudencia, ya que la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 subraya que la Generalitat "carecía de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por razón de su competencia en materia lingüística podía incidir en esta materia". Finalmente y tras otro requerimiento, el viernes de esta semana el Icub ha entrado en razón y ha informado de que "en relación al pliego técnico, los distintivos de los vigilantes deberán cumplir lo que prevé la normativa vigente". Esto es, estarán en castellano.

"Es una cuestión legal"

Preguntado por la cuestión, un portavoz de ADN Sindical ha recordado que la obligatoriedad de portar los distintivos identificativos en lengua castellana "no es una cuestión de debate político, se trata simplemente de ceñirse a la ley". La misma agrupación ha recordado que el organismo cultural, el Icub, ya fue advertido por la Consejería de Interior por utilizar a auxiliares de seguridad en lugar de vigilantes en actos callejeros para ahorrarse dinero, con el consiguiente peligro para el público asistente.

El caso del Instituto de Cultura de Barcelona es parecido al del Ayuntamiento de Roses (Girona), que encajó un varapalo en su contratación para vigilantes del paseo marítimo para el verano porque exigía que se identificaran exclusivamente en catalán. El consistorio comandado por Montse Mindan (PDeCAT) tuvo que corregir la licitación para que el concurso público no fuera impugnado.

Contactado por este medio, el departamento de prensa del Icub ha retornado los requerimientos informativos alertando de que sus miembros estaban de vacaciones.

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