Menú Buscar
Josep Maria Jové, diputado de ERC investigado en la causa del 1-O, en la entrada en el TSJC / EFE

El TSJC gana 18 meses para instruir la causa de la ‘moleskine’ de Jové

La magistrada Maria Eugénia Alegret declara la causa compleja y prosigue con la declaración de testigos y el recabo de información

09.07.2019 13:14 h.
3 min

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado como compleja la causa que afecta al exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, el actual diputado de ERC está acusado de malversación de fondos, revelación de secretos y desobediencia grave. Con este paso, la magistrada Maria Eugénia Alegret gana como mínimo 18 meses más para continuar con la instrucción.

Deberá intentar demostrar su implicación en la preparación del 1-O, la celebración del referéndum y la declaración simbólica de la república catalana a partir de las reuniones que tenía apuntadas en su agenda Moleskine. Además de prorrogar la investigación, también ha llamado a más testigos.

Nuevas declaraciones

Entre el 12 y el 17 de septiembre deberán declarar ante la sala más funcionarios de la Policía Judicial de la Guardia Civil que participaron en la recogida de información que afectaría a Jové. Lo harán en calidad de testigo y tras la petición de la Fiscalía.

No serán los únicos que deberán acudir ante el TSJC. En el mismo escrito, la magistrada acuerda la declaración testifical del “director de proyectos de la UTE IBM-INSA” por la posible relación que puede tener con la factura de 240.000 euros que se halló en el despacho del exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvador. El Gobierno catalán habría abonado esta cantidad a la tecnológica para crear el sistema que debía usar la futura Agencia Tributaria catalana.

Contratación de la campaña institucional del 1-O

Asimismo, ha reclamado a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que remita al tribunal una “copia de la carta de fecha 19 de febrero 2018” que fue firmada por el que era administrador único del ente de medios públicos, Brauli Duart, y estaba dirigida a la ahora exdirectora de servicios generales del departamento de Presidencia, Teresa Prohías. Es decir, la que hace mención a las facturas sobre la campaña institucional que se lanzó para publicitar el referéndum del 1-O.

El último paso que ha dado la magistrada en su nuevo auto ha sido pedir al secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, Albert Castellanos, “certifique en relación con el convenio entre dicho departamento y el CTTI”. Alegret quiere conocer los detalles de “qué utilización se ha dado del espacio compartido” entre ambas instituciones.

¿Quiere hacer un comentario?
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Más información