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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se saludan en el acto de apoyo a los 750 alcaldes citados por la Fiscalía por apoyar el referéndum / JORDI BEDMAR

El triple enredo de Colau y el referéndum

La alcaldesa desoye a sus bases, torpedea su pacto con el PSC y participa en la propaganda de Puigdemont, pero su Guardia Urbana requisa material de campaña

5 min

Se rompió la equidistancia de tanto usarla. Ada Colau, que desde hace meses navega entre el independentismo y el rechazo de sus bases a la estrategia política de Junts pel Sí, se convirtió ayer en colaboradora necesaria de la agitación propagandística de Carles Puigdemont. Lo hizo como coanfitriona del acto de apoyo a los 750 alcaldes que han sido citados a declarar por la Fiscalía por apoyar el referéndum, cerrando así su círculo de contradicciones.

Colau se la juega y lo sabe. Se debe a su pasado antisistema, que apoya el derecho a decidir, pero otra cosa es posar rodeada de alcaldes que pertenecen a una formación, la nueva CDC, a la que siempre señaló por sus casos de corrupción, sus recortes y su afinidad al capital.

La líder de los comunes, que se niega a ceder los locales municipales para acoger el 1-O, prestó ayer toda la sede del Ayuntamiento de Barcelona para ponerse al lado de los querellados, proclamar su "vergüenza" ante un Estado que "intimida" y asegurar que ése, el edificio consistorial, es la “casa de todos”.

El olvido de los alcaldes socialistas

¿De todos? Desde el PSC, su secretario de organización, Salvador Illa, afeó a Colau que apoye a los alcaldes que se saltan la ley e ignorara a los ediles socialistas que son “amenazados y acosados” por no secundar el referéndum independentista. Las críticas proceden de un partido, el PSC, con el que Colau tiene un acuerdo de gobierno. Los equilibrios de Colau para mantenerlo pasaban por no ceder los locales municipales. Y así lo ha hecho, invitando a la Generalitat a ceder los que tiene en Barcelona --el 70% de los colegios que hay en la Ciudad Condal son propiedad del Gobierno catalán--, pero el encendido discurso de respaldo a los ediles de PDeCAT, ERC y CUP ha escocido, y mucho, a los dirigentes socialistas.

Igualmente contradictorio es que Colau contribuya a la logística propagandística de Puigdemont, con quien ha firmado una carta dirigida a Mariano Rajoy y al jefe del Estado en la que pide negociar un referéndum pactado, y que las bases de Catalunya en Comú hayan decidido apoyar el 1-O, pero solo a modo de movilización. Una fórmula difícil de aplicar, pero que evita un cisma dentro de los comunes, donde 600 destacados militantes firmaron un manifiesto en contra del referéndum.

La Guardia Urbana requisa

Pero el principal alarde de confusión que ayer protagonizó Colau tuvo que ver con el hecho de que, horas después de que la alcaldesa denunciara a un Estado español que “persigue e intimida a alcaldes y alcaldesas, medios de comunicación y, a través de la Fiscalía, ordena arrancar carteles y registrar imprentas”, su propia Guardia Urbana requisaba material de campaña en un tenderete situado en el barrio de Sant Antoni de Barcelona.

La policía local tiene instrucciones judiciales de impedir que se celebre el referéndum, como lo tienen los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, de cumplir la ley. Y este es el mismo motivo alegado por Colau para no ceder sus locales: proteger a sus funcionarios y trabajadores de procesos judiciales por incumplimiento de la ley.

Y para acabar de complicar el lío, el presidente Rajoy hacía ayer unas declaraciones en las que valoraba positivamente la postura de Colau. "Mientras no ceda los locales, está bien", dijo el líder del PP. Elogios envenenados que supieron aprovechar bien los independentistas en las redes sociales.