El tribunal permite el catalán a los acusados y rechaza la declaración de Puigdemont

El presidente del tribunal que juzga a los 12 acusados del procés en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha aceptado la petición de que los procesados puedan expresarse en catalán tras reconocer sus razones “de carácter emocional”, aunque ha querido dejar claro que esta decisión no está vinculada “a una hipotética indefensión que se produciría si compareciesen en castellano”: “Llevamos un año y cuatro meses de causa en castellano y no se ha hecho la más mínima alusión a esto, cuando lo que ha estado en juego la aplicación de medidas cautelares que han conllevado la restricción de la libertad”.

No obstante, ha denegado la solicitud de traducción simultánea al castellano de las respuestas de los acusados --“sería una inadmisible restricción del principio de publicidad, pues quienes están fuera de la sala y no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas”--, puesto que la traducción se llevará a cabo de forma consecutiva a través de dos intérpretes. Se ha amparado para justificar su decisión en varios informes estatales y europeos, entre ellos la Carta Europea de Lenguas Regionales.

El también ponente de la sentencia que se dictará al término de la vista oral, durante la intervención que ha abierto la tercera jornada del juicio, previa al arranque del interrogatorio de los procesados --el primero en declarar será el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras-- ha abordado parte de las cuestiones previas planteadas por las defensas durante la primera sesión, entre las que se encuentra la declaración como testigo de Carles Puigdemont, petición que el magistrado ha rechazado al alegar que “en un proceso penal no se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo; es inviable y conceptualmente imposible”.

Continuarán en prisión provisional

También ha hecho referencia a la situación en la que se hallan nueve de los procesados y, en este sentido, ha manifestado que deberán continuar así durante el juicio al considerar que no han variado los presupuestos por los que están privados de libertad.

Respecto a la petición de documentos a los que las defensas afirman no haber tenido acceso de cara al juicio, Marchena ha aseverado que la sala “está concernida respecto al derecho a un proceso sin dilaciones y a ser juzgado en un plazo razonable”, por lo que ha anunciado que el tribunal ha admitido la posibilidad de abrir una nueva ronda de interrogatorios una vez los abogados tengan en sus manos la documentación solicitada, limitada “a los aspectos que queden en el tintero” y a las preguntas que en esta primera fase de preguntas no puedan formular.