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Puigdemont, solo en el Parlamento Europeo / EFE

El Tribunal de Cuentas reclama 4,1 millones a Puigdemont por el 1-O

El organismo de fiscalización presupuestaria pide la cantidad al 'expresident' prófugo, a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, y a otros 31 altos cargos por su papel en el referéndum ilegal

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El Tribunal de Cuentas reclama a Carles Puigdemont devolver 4,1 millones de euros malversados en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El organismo de control presupuestario exige devolver la cantidad al expresident prófugo, a Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, y a otros 31 ex altos cargos de la administración catalana por su papel en la consulta ilícita.

El ente informará esta mañana a los abogados de la defensa la cantidad que solicita por el desvío de fondos para el proceso participativo que el Tribunal Constitucional (TC) prohibió. En total son 4.146.274 euros que se reclamarán a Puigdemont, Junqueras y otros 30 exdirectivos del Gobierno autonómico. Si éstos no abonaran la cantidad, el Tribunal iniciaría un proceso de embargo de bienes a las personas a las que ha hallado culpables.

¿Qué dinero se reclama?

Durante la instrucción del caso en el Tribunal de Cuentas, la cifra que se reclamaría a los coorganizadores del referéndum, hoy condenados por sedición o malversación o huidos por la justicia, bailaba. La fiscalía no exigió devolver una cantidad concreta, aunque aportó copias de las facturas relacionadas con la apertura de los locales de votación por un total de cerca de un millón de euros; gastos publicitarios que sumaban otro millón; un gasto de 979.666 euros en papeletas y pruebas de que el Govern que dirigía Puigdemont gastó 38.431 euros en cartelería para publicitar la consulta ilícita. A esta cifra suma el ministerio público otros 2,3 millones de euros en gastos relacionados con la presencia de los autodenominados observadores internacionales.

Por su parte, otros dos denunciantes, Abogados por la Constitución y Sociedad Civil Catalana (SCC), entró un escrito con indicios de que Puigdemont y su gabinete habían destinado 1,9 millones de euros de dinero público a una consulta que el poder judicial ilegalizó antes de que se celebrara.

¿Qué pasará ahora?

A partir de ahora, se abre una ventana para que las defensas de los ex miembros del Govern formulen apelaciones contra el acta de liquidación. Tienen de plazo los letrados hasta las 11:30 horas para recurrirla, lo que puede hacer que la cifra varíe. Tras ello, se dará a conocer la fianza para responder a la condena y 15 días a los citados para que depositen la cantidad. Si no lo hacen en tiempo y forma, el Tribunal procederá al embargo de bienes de forma preventiva.

El procedimiento es similar al que siguió el ente con los responsables de organizar el pseudoreferéndum del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña. En aquella ocasión, el expresident Artur Mas; la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs fueron condenados a pagar 4,9 millones de euros. Finalmente, los independentistas reunieron el dinero con la llamada Caixa de Solidaritat y la abonaron, salvándose así del embargo definitivo de bienes.

Los condenados

En esta ocasión, el Tribunal ha señalado a Puigdemont, Junqueras y otros 31 ex altos cargos del Govern por su papel en la organización del referéndum ilícito. Entre estos figuran todos los condenados en el macrojuicio del procés, amén de los exconsellers huidos de la justicia: Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

Otros de los citados hoy por el ente de fiscalización del presupuesto público son la exconsejera Neus Munté, destituida en 2017; amén de ex altos cargos como Antoni Molons, Joaquim Nin, Amandeu Altafaj y Josep Maria Jové, este último investigado por el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por el 1-O y negociador del acuerdo de investidura entre ERC y PSOE. También figura en la instrucción Josep Maria Ginesta, actual secretario general de Treball.