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Joana Ortega, Artur Mas e Irene Rigau durante la rueda de prensa del domingo sobre el juicio por el 9N / EFE

¿Ha aprendido el Tribunal Constitucional de los errores del 9N?

Las notificaciones del alto tribunal sobre el proceso independentista son mucho más precisas que hace unos meses

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“Notifíquese personalmente la presente resolución al presidente de la Generalitat de Cataluña, D. Carles Puigdemont i Casamajó, y a cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat...”. Así rezaba el reciente acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) sobre la suspensión cautelar de las partidas que los presupuestos del Gobierno catalán destinaban al referéndum independentista. La frase iba seguida de un largo listado de altos cargos a los que se debía notificar la resolución.

En los últimos meses, los dictámenes del TC referidos a la hoja de ruta secesionista se han vuelto más precisos en lo que respecta a los altos cargos susceptibles de incurrir en ilegalidades. Este aumento del rigor en las comunicaciones del alto tribunal, que se ha hecho notar especialmente desde que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, incurrió en desobediencia a este tribunal por permitir que se votaran acuerdos secesionistas, induce a pensar que los magistrados pretenden evitar errores del pasado y garantizar que no haya defectos de forma en sus notificaciones que luego puedan ser invocados en los procedimientos penales que se deriven al respecto, como sucedió en el juicio por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Evolución natural

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Crónica Global aseguran que ese rigor en las notificaciones responde a una evolución natural del procedimiento. “A medida que se han ido incumpliendo las resoluciones del TC, los magistrados han personalizado sus notificaciones a modo de advertencia. No deja de ser una garantía para los afectados, pues de alguna forma se les está advirtiendo de que están incumpliendo las leyes”, explican estas fuentes.

Como se sabe, durante el juicio del 9N, las defensas de los acusados Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, alegaron que el Tribunal Constitucional no notificó correctamente su prohibición de celebrar esa votación. No obstante, los tribunales que finalmente condenaron a los exdirigentes catalanes por desobediencia dejaron bien claro que no hubo error o falta de aclaración en las indicaciones del TC.