El Tribunal Constitucional acusa a Torrent de vulnerar derechos políticos

El Tribunal Constitucional (TC) ha amparado a Ciudadanos, como ya hizo anteriormente con el PSC, frente a la admisión a trámite en el verano de 2018 de una moción de la CUP para que el Parlamento de Cataluña se reafirmara en la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.

La sentencia reitera que en este caso el presidente del Parlament, Roger Torrent, vulneró los derechos de los diputados autonómicos de Ciudadanos al no atender a sus reparos sobre la Moción 5/XII, aprobada el 5 de julio de 2018, en algunos de cuyos apartados se reiteraban los objetivos de otra resolución acerca del proceso de creación de un Estado catalán, que ya fue declarado inconstitucional en 2015.

Y lo hizo, según la sentencia, al acordar seguir adelante con la moción de la CUP y no acceder a convocar a la Mesa de la Cámara, como le pidieron el vicepresidente segundo y el secretario tercero.

Inconstitucionalidad "palmaria y evidente"

Al igual que en el caso del PSC, el TC establece en esta nueva resolución que se ha lesionado el denominado ius in officium de los parlamentarios para poder ejercer adecuadamente su función pública, así como la función de representación política de la ciudadanía.

Según el TC, las cámaras legislativas pueden controlar el contenido material de las iniciativas parlamentarias, pero tienen la obligación de impedir la tramitación de las propuestas cuya "inconstitucionalidad sea palmaria y evidente", como es el caso de la moción en cuestión.

"Manifiesto incumplimiento de su deber"

Por ello, los magistrados del tribunal de garantías entienden que la decisión de la Mesa constituye un "manifiesto incumplimiento de su deber de respetar lo resuelto" por el TC, lo que deriva en la vulneración de los derechos de Ciudadanos, que representan una minoría parlamentaria.

Asimismo, el TC apunta "conflictividad" entre los diputados de la oposición y "los grupos parlamentarios que integran la mayoría parlamentaria" lleva presente en el Parlament desde las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, "cuyos resultados son interpretados por quienes ostentan la mayoría de escaños en la Cámara como un mandato democrático" dirigido a conseguir que "Cataluña sea un Estado independiente".

La moción de la discordia salió adelante con el beneplácito de JxCat, ERC y CUP --que, con un 47% de los votos, ostentan la mayoría parlamentaria--, y en ella se reafirmaban "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015 que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña.