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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (2d), junto al nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza (c); el conseller de Justicia, Carles Mundó (d); el fiscal superior de Cataluña, Jose Maria Romero de Tejada (2i) y el jefe de Unidad de Ap

La última treta de Puigdemont para salvar el referéndum

Mientras el 'president pide diálogo a Rajoy, Junts pel Sí estudia sacar de la ley de desconexión la regulación de la votación independentista para soslayar la querella de la Fiscalía

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La gestión del procés se ha convertido en una carrera de obstáculos legales que el Gobierno de Carles Puigdemont intenta saltar mediante ardides jurídicos. El último consiste en extraer de la ley de transitoriedad la regulación del referéndum. El objetivo es que la futura querella de la Fiscalía no mate dos pájaros de un tiro, es decir, que no deje en suspenso al mismo tiempo la arquitectura jurídica de la futura República catalana y la organización del referéndum.

Según han informado a Crónica Global fuentes parlamentarias, Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) estudian ese desglose, tal como viene pidiendo la CUP. Es decir, que mientras Puigdemont oficializa su oferta de negociación del referéndum al presidente español Mariano Rajoy, los grupos separatistas siguen adelante con la tramitación de una ley, encerrada en un cajón durante meses para censurar el debate parlamentario.

Querella de la Fiscalía

La ley de transitoriedad, conocida como de desconexión, es la norma más importante de la hoja de ruta secesionista, pues regula el paso de las leyes españolas a las catalanas. Por eso, los grupos secesionistas intentan blindarla y reducir la capacidad de reacción de las instituciones del Estado, dispuestas a impugnar ante la Justicia cualquier iniciativa que implique avanzar en el independentismo. Por eso, el desglose de esa ley permitirían a los secesionistas ganar tiempo, pero no evitarán la anunciada acción de la Fiscalía.

Reducir el margen de maniobra del Estado es precisamente el motivo que ha llevado a Junts pel Sí y la CUP a impulsar una reforma del reglamento del Parlamento catalán para aprobar de urgencia la ley de transitoriedad, es decir, en lectura única, lo que impide a los grupos de la oposición poder debatirla.

Los ejes de la ley

Junts pel Sí y la CUP pactaron en diciembre de 2016 los ejes de la ley de desconexión. Según informaron entonces, la norma contiene los siguientes epígrafes: un preámbulo; disposiciones generales, nacionalidad y territorio; la sucesión de ordenamientos y de administraciones; Los derechos y deberes; el sistema institucional; el poder judicial y la administración de justicia; las finanzas; referéndum de independencia; el proceso constituyente y disposiciones finales y de descuelgue.

La ley dota y habilita las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación "de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana", informaron la formaciones secesionistas.