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Policía y activistas del independentismo durante la jornada del referéndum ilegalizado del 1-O / EFE

‘Tregua’ judicial ante el independentismo

Reducir el alud de denuncias, facilitar el deshielo político y la voluntad de destensar las consecuencias penales del 'procés' han dejado en suspenso algunos procedimientos

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Junto al deshielo político, ‘tregua judicial’ sobre las causas relacionas con el independentismo. Sea por causalidad, sea porque jueces y fiscales se han conjurado para destensar también los efectos colaterales del procés, lo cierto es que determinadas causas atraviesan estos días por un cierto impasse. Fuentes judiciales precisan a Crónica Global que cada diligencia tiene su ritmo y que los instructores hacen su trabajo sin injerencias políticas. Invocan la separación de poderes. Pero el alud de causas abiertas en el último trimestre a raíz tras el referéndum del 1 de octubre, del que informó este diario, ha obligado a los jueces a acumular procedimientos, evitar reiteraciones y extremar el rigor jurídico.

El resultado es que, durante estos días, querellas presentadas contra el presidente Quim Torra por supuestos delitos de odio, que supuestamente habría cometido en sus polémicos tuits y artículos de opinión, son analizadas con lupa. Así, la denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado mes de mayo ha sido archivada porque los jueces entienden que es muy similar a la presentada por Vox, también contra Torra.

Querellas ante el TSJC

En el caso de la querella de este partido político, el TSJC abrió diligencias indeterminadas, pero permanece a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre la viabilidad de la misma.

Recientemente, el TSJC archivó una querella de la Fiscalía contra el diputado de ERC, Ferran Civit, por publicar en Twitter comentarios contra los policías alojados en hoteles catalanes con motivo del 1-O. Entendió el tribunal catalán que no había delito de odio.

Más llamativa es la demora de la suspensión de los siete políticos procesados que debe decretar el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, tras la confirmación de sus procesamientos. Según La Vanguardia, el motivo de este retraso es no interferir en el diálogo que acaban de iniciar Quim Torra y el presidente español Pedro Sánchez.

Igualmente cauta se mostró ayer la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien explicó que los escritos de acusación contra los procesados se presentarán en las próximas semanas. Niega Segarra que haya negociaciones con los independentistas para rebajar las peticiones de condena y que no hay ningún cambio en la estrategia del ministerio público tras el cambio de gobierno.