De cómo el rechazo de la escolarización en castellano vulnera tratados europeos

El próximo 7 de febrero, la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, intervendrá ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo para denunciar la desobediencia de la Generalitat a los tribunales que avalan un 25% de horas lectivas en castellano en las escuelas.

Junto a los hechos recientes que se han producido en torno a ese incumplimiento de las resoluciones judiciales, como el acoso a los padres del alumno de Canet de Mar (Barcelona) que pidieron la ejecución de las sentencias o el blindaje de los profesores que desacaten las mismas por parte del Govern, Losada relacionará esa situación con los tratados europeos. Alegará discriminación lingüística de los castellanohablantes y vulneración de un principio sagrado para la UE: el del libre movimiento de ciudadanos. Este enfoque, en el que se ha incidido muy poco durante esta tormenta política y mediática, alude a la inmersión monolingüe como impedimento para la circulación de personas entre comunidades autónomas.

Tratados europeos

"Siempre intentamos ligar los tratados europeos con la situación de discriminación de los castellanohablantes", explica Losada a Crónica Global. La presidenta de la AEB ya compareció el 29 de octubre de 2020, cuando ya aludió a esas infracciones. Concretamente, del articulo 2 del Tratado de la Unión Europea "al no respetarse el Estado de Derecho, porque la administración pública española y catalana está obrando conscientemente en contra de lo exigido legalmente". También considera que se atenta contra el artículo 3.3 "al constatarse la discriminación, la desigualdad y la desprotección de los derechos del niño".

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe / EP

Asimismo, sostiene Losada, "en Cataluña no se respeta el articulo 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión puesto que se discrimina a los alumnos castellanohablantes por razón de lengua, y no se les transmite la diversidad lingüística y cultural de nuestro país". Y también "se obstaculiza la libre circulación de los trabajadores dentro de la UE que contempla el art. 45".

Espacio sin fronteras interiores

El mercado interior se describe como "un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales". Este espacio sin fronteras debe garantizarse en el marco de la Unión en general, y no sólo entre los Estados miembros. "La discriminación lingüística a los castellanoparlantes que se da en los centros educativos de Cataluña supone una restricción a la libertad de circulación de los niños y de sus familias dentro del Estado. Esta situación no solo obstaculiza el aprendizaje de los niños o jóvenes migrados a Cataluña desde otros lugares de España o de la UE, sino que también restringe las opciones de sus padres a la hora de buscar un empleo. Estas normas impiden la libre circulación y actúan como medidas proteccionistas del mercado laboral catalán, al dificultar la llegada de profesionales de fuera de Cataluña", afirma Losada en sus argumentos ante la eurocámara. Asimismo, se desatienden las recomendaciones del Consejo relativas a la enseñanza en lengua materna, a la integración de niños con discapacidad en los sistemas de enseñanza, y al multilingüismo.

Desde aquella comparecencia de la AEB ante la PETI, los tribunales han dictado varias sentencias a favor de la escolarización en castellano. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado ocho proyectos lingüísticos escolares por excluir el español. Pero, sin duda, la novedad más importante ha sido el rechazo del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Consejería de Educación, lo que dio firmeza a esa orden de aumentar las horas de castellano en la escuela catalana.

La posición del Gobierno

Tras aquella comparecencia de Losada, PETI pidió explicaciones al Gobierno español por la situación de desprotección de los castellanohablantes en Cataluña, denunciada por la AEB. En un escrito al que ha tenido acceso Crónica Global, el Ministerio de Educación alegó que la “política lingüística en la escuela no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas” y que “si las administraciones educativas incumplieran la legislación básica en detrimento del castellano, constatada dicha infracción, la Alta Inspección educativa, en su labor de supervisión y vigilancia, pondría en marcha los controles legalmente previstos (requerimiento y recurso contencioso-administrativo)”.

La ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno, Pilar Alegría / EUROPA PRESS

"Si bien es cierto --añadía-- que el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 23 y 28 de abril de 2015, estableció en un 25 % el porcentaje razonable de horas lectivas que debían impartirse en castellano, en dichas resoluciones se aclara que los jueces imponen este porcentaje para garantizar los derechos de las familias que así lo soliciten, el canon constitucional del bilingüismo castellano y lengua cooficial en la enseñanza no responde a un porcentaje cuantitativo determinado que deba ser atribuido como mínimo a cada lengua", señala. Añade que "la constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas, el castellano y la lengua cooficial, tienen presencia, no solo como materias, sino también como lenguas para enseñar, y que con ello el alumnado alcance el dominio pleno y equivalente en ambas lenguas, sin que el estado pueda intervenir en la definición de las políticas autonómicas que regulen este deber, según la Constitución y la consolidada doctrina constitucional".

Críticas de AEB

La respuesta de la AEB fue contundente: “El Ministerio no asume la realidad que se vive en Cataluña en relación con la presencia del castellano en la educación; confirma su nula voluntad en conocer cuál es esa realidad y obvia incluso las medidas ya adoptadas para garantizar el derecho a recibir la educación en ambas lenguas oficiales (el recurso planteado en 2015 y que ha dado lugar a la sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020)”.

Añadía la entidad que “resulta lamentable que tenga más interés en garantizar la aplicación de la Constitución en todo el territorio español la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo que el propio Gobierno de España”.

En su intervención, Losada también se referirá a la carta enviada por el consejero de Educación, Josep González-Cambray, a los directores de centros, en la que calificaba la resolución del Supremo de “grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana” e instaba a los centros a “no hacer ningún cambio en los proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia”. Asimismo, se referirá a la distribución entre los escolares catalanes de una encuesta del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sobre sus usos lingüísticos, que la AEB ha denunciado ante la Fiscalía.