Es Albert A., activista on line e independentista irredento. Este chispas --trabaja en el sector de la electricidad-- es uno de los impulsores de la enigmática campaña Us volem lliures (Os queremos libres en catalán), que amaga con retener a los presos independentistas en las cárceles catalanas para que no acudan al juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia (DUI) frustrada.
Queda poc pel trasllat dels ostatges polítics a Madrid
— Poquibo_76 (@Pokibo_76) 6 de gener de 2019
Queda poc perquè comenci el judici que ens jutjarà a tots
Queda poc perquè es buidin les presons
Davant del trasllat, ens tocarà mostrar força, coratge i fermesa.#UsVolemLliures
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Desde Sils (Girona), donde participa activamente en la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Albert promueve la iniciativa, que promete que, cuando llegue el traslado de los reos investigados por rebelión y sedición, "se movilizarán, reclamarán república, independencia y democracia". No han concretado qué métodos utilizarán para bloquear el traslado de los nueve encarcelados por organizar el desafío independentista de 2017, pero sí aseguran que "tienen ojos en todos los lugares", incluso si el cambio de cárcel es de noche para evitar protestas independentistas, como ha avanzado OKDiario.
"Mostrar fuerza, coraje y firmeza"
A semanas de que dé comienzo el juicio por la organización del 1-O y el intento frustrado de separación de octubre de 2017 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la fantasmagórica campaña Us volem lliures arenga a los suyos. Pide "mostrar fuerza, coraje y firmeza" cuando los furgones de la Guardia Civil vengan a recoger a los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva y a los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (en la prisión de Lledoners, en Barcelona); a la extitular de Trabajo, Dolors Bassa (en la penitenciaría de Puig de les Basses, en Girona) y a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell (en el penal de Mas d'Enric, en Tarragona).
Logo de la campaña 'Us volem lliures', que amaga con dificultar el traslado de los presos 'indepes' a Madrid / CG
Hasta el momento, la movilización independentista para arropar --o impedir-- que se traslade a los presos secesionistas a cárceles situadas en la Comunidad de Madrid, donde podrán acudir con más celeridad a las vistas del macrojuicio, ha pinchado en Twitter, pero se está viralizando por otras redes sociales. Atesora ya casi 1.700 seguidores en la red social Telegram, desde donde pide "estar atento a las convocatorias". ¿Qué protestas? Nadie lo sabe, la campaña no lo aclara y tampoco explica si se manifestará dentro de los límites de la legalidad o, de nuevo, se enfrentará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Llamadas a la calma
Cualquiera que fueran las intenciones de Albert, alias @Pokibo_76 en Twitter, y otros independentistas ultramontanos, no encontrarán eco en los afectados, los reos investigados por organizar el procés en Cataluña. El pasado 15 de diciembre, los nueve presos secesionistas ya llamaron a la calma en las calles ante las arengas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) frente a la proximidad de la celebración del Consejo de Ministros de Barcelona el 21D. Esta misma semana, la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, para quien la Fiscalía pide 16 años de prisón y la Abogacía del Estado once, exigió que las protestas indepes durante el juicio no taparan sus alegatos "prodemocracia".
Llegada de los presos independentistas investigados por rebelión a la cárcel de Lledoners (Barcelona) / CG
El contexto del traslado de los presos independentistas catalanes a cárceles situadas cerca de la sede del Supremo tiene otra arista polémica: las denuncias de supuestos privilegios de los que habrían gozado los reos durante su estancia en los penales de la región. El último capítulo ocurrió la víspera del Día de Reyes, cuando Josep Rull fue excarcelado durante unas horas para visitar a su hijo, que acababa de sufrir una caída. Lo hizo sin permiso judicial, un hecho que el Tribunal Supremo ahora investiga. La Generalitat de Cataluña se escuda en que el también extitular de Territorio se benefició de un permiso especial de emergencia.
