Torrent vulneró los derechos de Cs con la moción de "autoderminación"

El Tribunal Constitucional (TC) ha concluido que la Mesa del Parlament vulneró los derechos de Ciutadans (Cs) al rechazar en 2019 sus peticiones para reconsiderar la admisión de resoluciones sobre la "autodeterminación" de Cataluña y para reprobar a la monarquía, por las que será juzgado el expresidente de la cámara Roger Torrent.

Así lo ha acordado este jueves el pleno del tribunal de garantías, en una sesión en la que ha dado la razón a Cs y ha determinado que los acuerdos de la Mesa del Parlament del 29 de octubre y del 5 de noviembre de 2019, en los que rechazó la petición del partido naranja de reconsiderar la admisión de dichas resoluciones, vulneró su derecho de ejercer sus funciones representativas.

Dos de los magistrados del Constitucional han anunciado un voto particular respecto al pronunciamiento de la mayoría, a la espera de que próximamente se conozca el contenido concreto de la resolución.

Recurso por desamparo

En concreto, el TC ha dado la razón a Cs en su recurso por desamparo ante la decisión de la Mesa del Parlament, entonces presidida por el actual conseller de Empresa, Roger Torrent (ERC), de rechazar el 29 de octubre de 2019 su petición para reconsiderar la admisión a trámite de una propuesta de resolución de los grupos independentistas en respuesta a la condena del Tribunal Supremo a la cúpula del procés, en el que se reprobaba a la monarquía.

El tribunal de garantías ha considerado también que la Mesa de Torrent vulneró los derechos de Cs al desestimar su petición de reconsideración, del 5 de noviembre de 2019, sobre la admisión a trámite de una moción de la CUP sobre el derecho de autodeterminación.

De hecho, la admisión a trámite de ambas resoluciones, pese a las advertencias del TC de que lo impidiera, sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados a Torrent y a los miembros soberanistas de su Mesa, acusados de un delito grave de desobediencia, por lo que afrontan una petición de la Fiscalía de hasta un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa.