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Quim Torra es presidente de la Generalitat / EFE

Torra promueve la insumisión municipal contra Hacienda

El presidente de la Generalitat alienta a los municipios a rebelarse contra el Gobierno haciendo un "cierre de cajas" tras la propuesta de Hacienda sobre los remanentes

6 min

Quim Torra hace un llamamiento a la "revuelta" contra el Gobierno alentando a los municipios a hacer un "cierre de cajas" después de que Hacienda haya propuesto que los ayuntamientos entreguen sus superávits al Estado, de forma voluntaria, a cambio de mejorar su financiación con el fondo de ayuda de 5.000 millones de euros. Una medida que, según el Ejecutivo, les permitiría ahorrarse los intereses que actualmente pagan por tener sus remanentes en el banco y beneficiarse de un tipo efectivo del 0 %, que supondría un ahorro anual de hasta 70 millones de euros.

Torra ha utilizado este planteamiento para cargar, de nuevo, contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Qué es lo que no entiende el Estado español de que los remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos? Llevamos meses insistiendo, meses perdidos para salvar puestos de trabajo y dar oportunidades a la gente. Adelante con el cierre de cajas municipal", ha proclamado el presidente de la Generalitat a través de un mensaje en su perfil de Twitter.

Acusa al Gobierno de "apropiación"

Torra ya anunció la semana pasada la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de "apropiarse", según él, de remanentes municipales, y así lo anunció en una carta dirigida a los alcaldes de Cataluña.

El convenio firmado por Pedro Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado: los consistorios dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021; el resto del dinero de los remanentes se devolvería al 100% en un plazo de diez años, a partir de 2022.

Llamamiento a la "revuelta"

La propuesta de Hacienda suscitó el rechazo del resto de partidos con representación en la Junta de Gobierno de la FEMP (PP, Cs y PDeCAT), al entender que el acuerdo abandona a los ayuntamientos sin liquidez, mientras que IU-Podemos optó por la abstención.

Ante este "agravio", según Torra, el Govern independentista catalán "iniciará todos los trámites legales necesarios para recurrir esta decisión, así como la interposición del recurso de inconstitucionalidad". El presidente de la Generalitat ofreció además todo su apoyo a "la revuelta" de los alcaldes, a los que pide encarecidamente "que emprendáis todas las acciones para impedir y evitar que el Estado pueda utilizar, de forma injusta, insolidaria y unilateral, los recursos que deben ser destinados a la mejora de los servicios y la atención" de los ciudadanos de cada municipio.

Los ayuntamientos y el resto de entidades locales tienen hasta el 15 de septiembre para trasladar al Ministerio de Hacienda su compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería.

Colau y los 'comuns' no ceden sus remanentes

Los Ayuntamientos gobernados por los comuns --entre ellos el de Barcelona, liderado por Ada Colau-- no tienen intención de ceder los remanentes de tesorería municipales al Gobierno central porque consideran que la propuesta del ministerio de Hacienda "vulnera la autonomía municipal y pone trabas a los gobiernos locales para gestionar sus recursos".

Así lo indica un comunicado de Catalunya en Comú, según el cual estos ahorros municipales se invertirán "en la reconstrucción social y económica de las ciudades" mismas y no se cederán al Ejecutivo central. Así, los grupos municipales de los comunes pedirán que esta misma medida se aplique en todas las localidades en las que cuentan con representación.

 

 

Colau pide a Sánchez que revise el decreto sobre los remanentes / EP

Los comuns consideran "un grave error" que el Ministerio de Hacienda pretenda que los municipios hagan "de financieros del Estado" y avisan de que votarán en contra del Real Decreto que se someterá a votación en el Congreso en septiembre si el contenido del mismo no se modifica.

Lo que se debe hacer, a juicio de los comunes, es modificar o derogar la ley de Estabilidad Presupuestaria para que los consistorios puedan usar los recursos acumulados.