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Quim Torra entre el Tribunal Supremo, donde se celebrará el juicio por el 1O, y la Generalitat / FOTOMONTAJE DE CG

Torra paraliza la Generalitat por el juicio del ‘procés’ sin consultar a ERC

El presidente suspende de forma unilateral la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán porque quiere despedirse de los presos, tras proponer el bloqueo del Parlament en el arranque de la vista oral

01.02.2019 00:00 h.
9 min

"La segunda reunión del Espacio de Diálogo con los grupos parlamentarios que estaba prevista para mañana viernes por la tarde se aplaza hasta nueva fecha". Con este escueto mensaje, el Govern informaba de la suspensión de una reunión planteada como vía de reconciliación de los partidos catalanes tras el traumático proceso independentista. Pero las prioridades de Quim Torra, son otras. Y diferentes a las de sus socios de ERC. Según ha podido saber Crónica Global de fuentes parlamentarias, el president acordó ese aplazamiento a espaldas de los republicanos, que no esconden su malestar. "La estrategia de ERC es diálogo, diálogo y diálogo. Y después la independencia", explican esas fuentes.

El motivo de esa suspensión, sine die, es la decisión del presidente catalán de volcarse en el juicio del 1-O, llamado a ser una especie de "semana grande" del independentismo que bloqueará, de nuevo, las instituciones catalanas. Un agitprop que, como se ve, ha provocado el enésimo conflicto entre Junts per Catalunya y ERC.

Despedida de los presos

Así, el president ha acordado posponer esa segunda convocatoria de la Mesa de Diálogo, promovida por el PSC y en la que participan también Catalunya en Comú-Podem, Junts per Catalunya y ERC --Ciudadanos, PP y CUP han rechazado participar desde el primer momento--, porque dedicará esa jornada a despedir a los presos preventivos que serán trasladados a una cárcel de Madrid para estar a disposición del Tribunal Supremo, una vez comience el juicio. 

Torra ha convocado al mediodía una reunión extraordinaria del Govern al término de la cual hará una declaración institucional. Previamente se desplazará al centro penitenciario Brians 2 para expresar el apoyo del Ejecutivo catalán a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Los diputados del grupo parlamentario de JxCAT también acudirán a la cárcel para "acompañar" a los presos.

Cabreo del PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, lamentó la suspensión del Espacio de Diálogo que, recordó, había convocado el presidente Torra "en cumplimiento de un mandato parlamentario. El diálogo es hoy más necesario que nunca. La solución solo puede llegar a través del diálogo, la negociación y el pacto", escribió en las redes sociales. Una postura en la que también están de acuerdo los republicanos, enfrentados por enésima vez a un socio de gobierno inmerso en una escalada de agitación que alcanzará su punto álgido en la vista del 1-O.

En este sentido, Torra ha anunciado su intención de asistir al juicio que comenzará el 12 de febrero. El Supremo lo tiene previsto, según explicó ayer su presidente, Carlos Lesmes, aunque todavía no ha recibido la petición oficial. No obstante, adelantó Lesmes que el presidente catalán tendrá un asiento preferente, dada su condición de autoridad. 

Y, mientras el presidente catalán lo deja todo para participar en esa estrategia de movilización con la que el independentismo afronta el juicio, Carles Puigdemont radicaliza su campaña internacional contra las instituciones españolas desde Waterloo. "Tengo el derecho y el deber de perseguir al Estado español y lo haré hasta las últimas instancias internacionales", declaraba ayer a Ràdio Arrels.

Vacío de poder

En resumen, la celebración de la vista oral del procés consolidará un vacío de poder que Cataluña arrastra durante esta legislatura, en la que no se ha aprobado ninguna ley. Los enfrentamientos entre los socios de gobierno han agudizado esa parálisis. Tanto los grupos de la oposición como los propios dirigentes de Junts per Catalunya y ERC asumen que esta legislatura está agotada y que la sensación de provisionalidad en las consejerías catalanas es generalizada. De ahí que los proyectos que hay marcha estén paralizados por las discrepancias entre departamentos o por la falta de presupuesto.

Un ejemplo de ello son las disputas entre las consejerías de Interior (Miquel Buch, PDeCAT) y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (Chakir el Homrani, ERC) sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA). O las que mantienen paralizado, desde hace 10 años, el Centro de Formación Profesional de la Automoción de Martorell (Barcelona). Unas desavenencias que ahora deberían quedar allanadas con el desembarco de ERC en Enseñanza.

La gran excusa de los presupuestos

Pero la gran excusa para no avanzar en su acción de gobierno es la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos para 2019. La presión sobre Catalunya en Comú-Podem, en este sentido, es máxima, pero esta formación ha decidido abandonar las negociaciones. Denuncia que el Govern no ha puesto sobre la mesa ningún proyecto concreto, ninguna cifra y ningún modelo de fiscalidad.

No es ajeno al futuro de esas cuentas catalanas el tacticismo político, pues los independentistas se niegan a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez, que sí avala Podemos. Torra rechaza respaldar a un Gobierno español al que considera cómplice del procesamiento de los dirigentes secesionistas.

Plante a las comisiones parlamentarias

El bloqueo del Govern se ha hecho extensivo al Parlament, donde los independentistas pretendían suspender el próximo Pleno si éste coincidía con el inicio de la vista oral del procés. El calendario de sesiones plenarias señala los días 6-7 y 20-21 de febrero. Llueve sobre mojado porque, a principios de este mes, y en una iniciativa sin precedentes, los diputados de JxCAT y ERC abandonaron las comisiones parlamentarias en protesta por lo que calificaron de nueva acción represora del Estado. Lo hicieron a remolque de la CUP y los comités de defensa de la república (CDR), después de que los alcaldes antisistema de Verges y Celrà, y una quincena de activistas fueran detenidos por la Policía Nacional por invadir las vías del AVE en el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017. 

Cinco comisiones (Asuntos InstitucionalesTerritorio; Trabajo, Asuntos Sociales y FamiliasInterior y Medio Ambiente y Sostenibilidad) quedaron suspendidas, mientras que una sexta, la de Economía y Hacienda, también se pospuso tras la incomparecencia del vicepresidente Pere Aragonès y del consejero de Territorio, Damià Calvet, quienes justificaron su ausencia en la "situación de alteración de la normal vida política".