El Gobierno catalán vuelve a desobedecer el mandato del Parlament y asegura ahora que no piensa aumentar la inversión en infancia. Esta es su postura a las puertas de una nueva crisis económica, que puede disparar todavía más los índices de pobreza infantil en Cataluña, que supera el 28 por ciento. Y así lo advierte en un informe de seguimiento, al que ha tenido acceso Crónica Global, de la resolución aprobada en el Parlament en el Pleno celebrado los días 18 y 19 de diciembre de 2018, referente a la protección de los menores.
En esa resolución, los grupos parlamentarios acordaron instar al Govern a aumentar hasta un 1,4% del PIB la inversión de políticas de infancia en el presupuesto de la Generalitat para 2019 y hasta un 2,4% para el ejercicio de 2020, con el objetivo de pasar del 0.8% actual a la media europea.
“Hay que tener en cuenta que el impacto presupuestario sería muy alto. Pasar del 0,8% del PIB de 2017 a un 1,4% representan 1.400 millones adicionales, y al 2,4%, 3.285 millones. El sistema de financiación actual de la Generalitat no permite asumir estos compromisos, ni los incrementos que se deberían producir son compatibles con la regla de gasto”. Así de rotundo se muestra el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, encargado de las relaciones entre el Govern y el Parlament.
"No somos un Estado"
“Hemos votado numerosas resoluciones en las que se marcaban esos objetivos. Pero ahora la Generalitat se niega a aplicar esa subida. Tampoco se plantea recortar de otros ámbitos. Por lo visto no le preocupa la infancia”, denuncia la diputada del PSC, Beatriz Silva.
Pero es que, además de negar esos acuerdos reiteradamente reclamados en el Parlament, así como por parte de entidades sociales, el Govern rechaza que el PIB sea un indicador de la inversión necesaria en este ámbito. “No es adecuado poner como referencia un indicador como el PIB, dado que Cataluña, por el hecho de no ser un Estado, ni dispone de la totalidad de este PIB, solo de los recursos que aporta el modelo de financiación”.
El gasto del Estado
Además, asegura que esa metodología basada en el PIB parte de “una concepción muy amplia de la protección social” y la cifra prevista de gasto “incorpora también el gasto que hace el Estado en Cataluña (prestaciones por maternidad y paternidad, etc.) y los beneficios fiscales. Al ser un gasto/beneficios fiscales compartidos con el Estado, una parte del aumento también debería venir de parte del Estado”.
En este sentido, la Generalitat anuncia que el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias trabaja junto a Unicef en un nuevo “mecanismo para calcular la inversión pública en políticas de infancia, adolescencia y juventud equiparables a los estándares europeos”.
Las instrucciones de Unicef
Se da la circunstancia de que Unicef es uno de los organismos internacionales que ha criticado la gestión de la Generalitat. Su estudio La agenda 2030 en clave de infancia en Cataluña --que se puede leer en este enlace suspende las políticas de infancia aplicadas hasta el punto de asegurar que “la pobreza infantil es un problema estructural en Cataluña”. Y encomendó al Govern que, de aquí a 2030, redujera la pobreza infantil del 25% al 10% y aumentara el gasto público en educación respecto al PIB de un 3,70% a un 7%.
La comunidad catalana solo destina el 0,9% de su PIB a políticas de infancia y familia, según los datos de Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña), mientras que la media europea es del 2,4%. España dedica el 1,3% del PIB a esas políticas, muy lejos del 3,5% de Dinamarca o el 2,5% de Francia. “Las altas tasas de pobreza infantil en España no van a mejorar si no se aumenta la inversión en infancia”, advertía Save the Children en un informe.
Por su parte, Eurostat (Oficina Europea de Estadística) indicaba que el número de niños que viven en hogares con privación material severa en Cataluña se disparó entre los años 2013 y 2015, hasta alcanzar los 162.742 menores. La cifra más alta de toda España, que en conjunto tenía a 756.594 niños en esa situación. Le sigue Andalucía (159.538) y la Comunidad de Madrid (123.347).
