Torra y Ayuso inician la guerra autonómica por los fondos europeos

Comienza una nueva batalla entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno central para captar el grueso de las ayudas europeas. El pistoletazo de salida lo dio el presidente catalán, Quim Torra que, pese a todas las diferencias que ha mostrado durante la pandemia con Pedro Sánchez, ha dado un paso al frente para pedir hasta 30.000 millones de euros, de los 140.000 millones que le tocarán a España tras la aprobación del fondo de reconstrucción de la Unión Europea. Aunque sin ofrecer partidas concretas, también alzó la voz la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para pedir que esos recursos “los gestionen las comunidades autónomas”, mientras que otro presidente del PP, el de la Junta de Andalucía, exigía a Sánchez que convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Se trata de una guerra por unos recursos que estarán condicionados. De los 140.000 millones que le pueden corresponder a España, 72.000 millones serán transferencias sin contrapartidas que serán, de hecho, deuda que la Comisión Europea emitirá en los mercados. Hasta completar los 140.000 millones, el resto serán préstamos que se devolverán tras un periodo de carencia, hasta 2027, y por un periodo de 27 años. El grueso del fondo, como apuntan fuentes del Ejecutivo, se recibirá en los dos primeros años, entre 2021 y 2023. Y, por ello, los gobiernos autonómicos han salido disparados para presentar proyectos.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, durante la inauguración institucional de Casa Seat / EP

Las patronales piden seriedad

El problema, sin embargo, es que tienen que estar “muy bien dirigidos”, como apuntan fuentes de Pimec, la patronal de la pequeña y mediana empresa, que muestra su “conformidad y satisfacción” por la condicionalidad de esas ayudas. Se trata de “no malgastar ni un euro y salvar el aparato productivo que se lo merezca”, en línea con las prioridades de la Unión Europea: ámbito sanitario y de cuidado a las empresas, proceso de digitalización empresarial y ámbito energético. Pimec añade que también se deberá atender al sector servicios y al turismo, pero eso dependerá en buena medida de los gobiernos nacionales.

Foment también responde con satisfacción por el acuerdo europeo, y aunque entiende la carrera de los gobiernos autonómicos, precisa que “la conexión la tendrá el Gobierno central y los agentes económicos y sociales, con oficinas, por ejemplo en el caso de Foment, en Bruselas”. Lo que señala la patronal que dirige Josep Sánchez Llibre es que el conjunto de esos recursos sirva para “un proceso de reindustrialización” que debe permitir un salto de calidad del tejido productivo español y catalán. En concreto, Foment trabaja ahora, dentro de la comisión de movilidad, para atraer inversores en el sector automovilístico que incidan en la electrificación. Y en eso sí encontrará ese sector, según Foment, toda la complicidad de la Unión Europea y, por tanto, del fondo de 140.000 millones para España.

Cambiar el modelo productivo

Lo que señalan las patronales es que el Govern deberá contar con el tejido económico para diseñar los mejores proyectos que puedan contribuir a un cambio en el modelo productivo. En eso coinciden con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se refirió a la necesidad de “hacer un país mejor”. ¿Pero cómo se impulsará, justo en un momento de incertidumbre política, con las elecciones muy próximas?

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès / DEPARTAMENTO DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

Los gobiernos autonómicos, en todo caso, han acelerado. Junto al presidente Torra se pronunció prácticamente de inmediato la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con la idea de que los fondos “lleguen en parte a las comunidades autónomas en 2021 y siguientes”. Pero las diferencias se mostraron también con claridad, al pedir Ayuso que se mantenga “intacta” la reforma laboral. La dirigente del PP reclamó una reunión “urgente” del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Pero, por ahora, sólo el Gobierno catalán ha presentado distintos proyectos en ámbitos como el sanitario o el educativo, para aprovechar la transformación digital. Uno de los gobiernos autonómicos más reivindicativos en los últimos meses, el valenciano, no ha presentado proyectos, aunque su presidente, Ximo Puig, señaló que los distintos planes los presentará en pocos días en el Parlamento regional.

Mecanismo para distribuir las partidas

También valoró la posibilidad de recibir fondos el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, al calificar el pacto europeo de “gran acuerdo”. En el caso del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que se exige es que se debata conjuntamente en “la Conferencia de Presidentes autonómicos para tratar el reparto de fondos europeos, como se comprometió el presidente Sánchez”.

El Ejecutivo de coalición que preside Sánchez quiso predicar con el ejemplo con el fondo de 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia del Covid-19 sin coste para las autonomías, como transferencias, las mismas que pedía a la Unión Europea. Pero ahora deberá lidiar con todas las autonomías para ver cómo aprovecha de la mejor manera los recursos europeos, que estarán condicionados en función de los proyectos y supervisados por el Consejo Europeo, aunque no habrá capacidad de veto, como pedía Holanda.