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Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y la última portada de 'The Economist'.

‘The Economist’ carga contra la política lingüística de la Generalitat

La prestigiosa publicación critica en un reportaje, con Barcelona en el titular, las multas que se aplican a los comercios que no traducen al catalán la información comercial

Redacción
3 min

Las sanciones que aplica la Generalitat de Cataluña a los comercios que no traducen el material a disposición de los clientes en catalán se han convertido en la diana de un artículo publicado este lunes en The Economist. La prestigiosa publicación carga contra las multas lingüísticas que han proliferado a medida que el procés soberanista tomó fuerza.

En 2014, un total de 57 empresarios catalanes habían recibido una penalización económica en este sentido por un valor total de 51.300 euros; la cifra de sancionados creció hasta los 68 en 2015 y este año las multas han llegado a casi un centenar de comerciantes, según el prestigioso medio internacional.

Sanciones ‘in crescendo’

El artículo se hace eco de varios casos: un vendedor de pisos de Barcelona sobre quien recayó una multa de 1.000 euros o un vendedor de muebles que tuvo que hacer frente a una sanción de 1.260 euros. La capital catalana también recibe de forma indirecta en el artículo, ya que al ser una marca mucho más global que la de Cataluña aparece en el titular.

The Economist incluso recoge algunos comportamientos un tanto curiosos, como la de un “librero patriota, Roger Seuba, que afirmó haber denunciado a unas 5.000 compañías”.

Problema económico

¿Por qué mantienen la información comercial solo en castellano cuando es notorio que las sanciones están a la orden del día? Porque la mayoría son pymes con recursos muy limitados, por lo que no se pueden permitir, y menos en época de crisis, abonar los 18.000 euros que costaría la rotulación nueva de todo el local, por ejemplo, señala el artículo.

Eso propicia otra consecuencia fatal para las empresas que usan únicamente el castellano como lengua vehicular: las sanciones dejan en el limbo las finanzas de los comerciantes. Una multa de 1.000 euros complica mucho el ejercicio a aquellos que la reciben.

Torpedo al plan de Puigdemont

“Obligar a las empresas a traducir cada comunicación pública a un idioma local con unos pocos millones de habitantes puede ampliar su atractivo para algunos. Para otros, tiene el efecto contrario”, concluye el artículo. Un torpedo en la línea de flotación del intento del presidente, Carles Puigdemont, de internacionalizar el independentismo catalán y tranquilizar a los inversores que quieren poner un pie en Cataluña.

The Economist los espanta con la amenaza de las sanciones lingüísticas.