El TC da 48 horas a la "sindicatura electoral catalana" para suspender el referéndum

El Alto Tribunal advierte de las consecuencias penales en que incurrían los síndicos si incumplen la prohibición del 1-O

2 min
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c), su gobierno, y el resto de diputados celebran la aprobación de la ley del referéndum, con los escaños vacios de PSC, Ciudadanos y PPC en el Parlament / EFE

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado, por unanimidad, exigir a las personas designadas como miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña -figura prevista en la ley del referéndum suspendida por el Alto Tribunal-- que informen antes de 48 horas de las medidas llevadas a cabo para suspender los preparativos del 1-O.

El TC recuerda la suspensión cautelar acordada en relación con la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña. Dicha providencia fue notificada personalmente, a las personas recién designadas integrantes, titulares y suplentes, de la Sindicatura Electoral de Cataluña. A todas ellas, el Tribunal les advirtió de su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” cautelar de la Resolución 807/XI, bajo el apercibimiento de las eventuales responsabilidades, incluidas la penal, en las que podrían incurrir de no atender a su requerimiento.

A la vista de que, pese a dicho requerimiento, se ha procedido a la designación de los síndicos territoriales (territorios de Arán, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), el Tribunal decide iniciar los trámites previstos en el art. 92.4 LOTC y requiere personalmente a las personas que integran dicha sindicatura electoral de Cataluña, titulares y suplentes, para que, “en el plazo de 48 horas, informen a este Tribunal de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la suspensión del referéndum.

Asimismo, a petición de la Abogacía del Estado, el Pleno advierte a esos síndicos de su deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, “de cualquier acto y/o actuación en aplicación del art. 23 de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la mencionada Ley, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

¿Quiere hacer un comentario?