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Sede del Tribunal Supremo / EFE

El Supremo admite a trámite la querella de rebelión contra Forcadell y la Mesa del Parlament

Según la Fiscalía, la DUI era el "fin último" y la "culminación" del proceso para proclamar la independencia

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El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite este martes la denuncia por rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía General del Estado ha presentado contra los miembros de la Mesa del Parlament y contra la presidenta cesada, Carme Forcadell. Tras reanudar la deliberación que inició en la tarde del lunes, el Supremo ha designado instructor de la misma al magistrado Pablo Llarena.

La querella se presenta contra seis personas: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas; los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, y contra el secretario tercero de la misma, Joan Josep Nuet, de CSQP.

Los magistrados que integran la sala de admisiones que decidirá a este respecto son: Manuel Marchena, que ha ejercido como ponente; Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar; Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela.

Referencias

En su denuncia, el fiscal sostiene que las decisiones de Forcadell y el resto de querellados de la Mesa "han sido parcialmente ejecutadas" y "producen efectos" fuera de Cataluña. Por tanto, la eficacia de los presuntos delitos va "más allá" de la comunidad. "El daño institucional es de alcance nacional", recoge la notificación. El ministerio público les atribuye a todos los querellados un delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.

El fiscal considera que Forcadell participó en la "creación de condiciones" previas a la declaración unilateral de independencia (DUI). Esos actos "constituyen un levantamiento contra el orden establecido en los términos previstos en nuestro Código Penal", afirma la querella.

A todos ellos la Fiscalía pide al juez imponerles una fianza de 6,2 millones de euros que deberían abonarla de manera solidaria todos los querellados, tanto los del Supremo --Mesa del Parlament--, como los de la Audiencia Nacional --el Govern--.