El Supremo juzgará a 12 de los 18 acusados del 'procés'

La Sala Penal del Tribunal Supremo se ha declarado competente para juzgar a 12 de los 18 líderes del procés acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los seis restantes los juzgará el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al verse sólo afectados por el delito de desobediencia.

Los seis encausados del TSJC fueron acusados en su día de desobedecer al Tribunal Constitucional por el fiscal y la Abogacía del Estado. Se trata de los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, y también de Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP.

Para estos seis casos sólo se pedía pena de multa debido a su actividad parlamentaria, que impulsó las leyes anticonstitucionales, aunque sin formar parte del núcleo principal de decisiones del plan independentista.

Los que irán a Madrid

El Supremo juzgará, por tanto, en Madrid a los 12 líderes independentistas acusados por los delitos más graves: el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los en aquella época presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila. Los nueve primeros están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, mientras que los tres restantes sólo por este último motivo.

La Sala ha justificado su decisión en un auto que admite parcialmente los planteamientos expresados por los abogados en la vista del pasado 18 de diciembre.

El juicio, a final de enero

La tesis acusatoria acogida por el Supremo para confirmar su competencia es que para lograr la independencia ilegal de Cataluña hubo un acuerdo entre el gobierno catalán, una parte del Parlament y líderes de movimientos sociales secesionistas que se repartieron las funciones. Una de ellas fue la denominada internacionalización del procés.

Ahora se abrirá un plazo de diez días para presentar los escritos de defensa. Tras ello, el Alto Tribunal decidirá qué pruebas admite para el juicio oral, y determinará la fecha del mismo. El inicio sería a finales de enero o principio de febrero, y duraría unos tres meses.

En manos de Marchena

El tribunal lo presidirá el magistrado Manuel Marchena, a pesar de que alguna defensa interprete todas estas circunstancias como un escenario que cumple "con los requisitos típicos de los tribunales de excepción y del derecho penal del enemigo", del todo "incompatibles con el estado social y democrático de derecho".

Para la Sala de lo Penal, estos argumentos suponen "legítimos desahogos defensivos" sin el "más mínimo respaldo argumental".

Traslado y uso del catalán

El auto, del cual ha sido ponente el propio Marchena, responde a varias de las cuestiones planteadas por las defensas en la vista previa. Entre ellas, los problemas que supone para los acusados desplazarse hasta Madrid, y la invocación a que el juicio pueda desarrollarse en catalán.

Por lo que respecta al primer punto, la Sala razona que "nuestro sistema constitucional no concede a los procesados el derecho a ser enjuiciados en las proximidades del domicilio familiar. Ningún sistema procesal contempla la cercanía domiciliaria como fuero determinante de la competencia en el proceso penal".

Sobre la petición de algunos letrados de instalar un sistema de traducción simultánea para que los interrogatorios sean en catalán, el Supremo abre la puerta a estudiar la petición una vez se hayan presentado los escritos. Aunque muestra su extrañeza por el hecho de que no surgieran quejas sobre el idioma durante "el largo tiempo" que ha durado el proceso.

Lea el auto completo del Tribunal Supremo sobre el 'procés'