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La diputada de la CUP Eulàlia Reguant responde a los medios antes de entrar en el Tribunal Supremo, en Madrid / EUROPA PRESS

El Supremo anula el juicio a Eulàlia Reguant por un "error" en la tramitación de la causa

El alto tribunal acepta que el juzgado de Madrid no era competente para declarar la apertura de la causa, dado que la acusada ya era aforada

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El Tribunal Supremo ha anulado el juicio contra la diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña Eulàlia Reguant por un "error en la tramitación de la causa", al entender que el juzgado de Madrid no era competente para declarar la apertura del juicio, dado que la acusada ya era aforada ante el alto tribunal.

"Con la finalidad de extremar las garantías, el tribunal va a apoyar la nulidad acordando la retroacción de las actuaciones", ha señalado el presidente de la sala. De esta forma, el alto tribunal ha ordenado que se devuelvan las actuaciones al final de la instrucción, para que la Fiscalía del Supremo emita su informe de acusación y un instructor del alto tribunal acuerde ya, si procede, la apertura del juicio oral.

La acusada celebra la decisión

A la salida, Reguant ha declarado que, mas allá de la suspensión, la lucha contra el fascismo "es urgente y necesaria" y ha llamado a organizarse "en las calles construyendo comunidad, barrios y pueblos libres de fascismo".

Por su parte, su abogado, Daniel Amelang, ha indicado que alegaron al inicio que el escrito de acusación y el auto de apertura de juicio oral se siguieron en un juzgado que no era competente. Ha indicado que el tribunal le ha dado la razón y por tanto se ha decretado la nulidad de las actuaciones para dar traslado a la Fiscalía del Supremo para un nuevo escrito de acusación.

Reducción de pena

El órgano judicial juzgaba a Reguant por haber cometido un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad durante el juicio del procés, cuando se negó a responder en calidad de testigo a las preguntas de Vox, que ejercía la acusación popular en la causa, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos.

Los hechos ocurrieron en 2019 y, por ellos, la fiscalía pedía en un principio una pena de seis meses de prisión y de inhabilitación. Sin embargo, ha rebajado su petición a cuatro meses de cárcel y suspensión. En su momento, el ministerio público subrayó que las libertades alegadas por Reguant --ideológica y de expresión-- tienen unas "limitaciones" establecidas en la Constitución. "Está claro que las libertades de Reguant no están amparadas en ninguno de los preceptos a los que se han alegado", añadió.