El Supremo acusa a Bélgica de falta de compromiso con España

El Tribunal Supremo ha respondido a la justicia de Bélgica ante el rechazo a la la extradición de los exconsellers huidos Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Fuentes de la sala de lo Penal a la que pertenece el magistrado Pablo Llarena aseguran que la decisión se interpreta como “una ausencia de compromiso con la colaboración judicial pedida”.

Desde el Supremo están pendientes de recibir la resolución para estudiarla. No obstante explican que no se comparte la motivación por la que se deniega la entrega.

Discrepancia en las formas

La Cámara del Consejo de Bélgica ha rechazado, atendiendo a los criterios de la Fiscalía belga, la entrega de estos tres procesados porque la petición del juez del Tribunal Supremo no se basa en una nueva orden nacional de detención, sino en el requerimiento emitido por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre de 2017, cuando investigaba la causa. Según la jurisprudencia comunitaria, cada orden de detención europea tiene que estar respaldada por una orden de detención nacional.

Sin embargo, desde el Supremo argumentan que el auto de procesamiento del juez Llarena explica los "hechos y argumentos jurídicos" por los que son procesados. Toni Comín está procesado por el delito de rebelión y malversación, mientras que Meritxell Serret y Lluís Puig están imputados también por malversación y por desobediencia.

El auto de procesamiento recoge los argumentos

En este sentido, las fuentes de la sala inciden en que dicho auto es el que explica "con más desarrollo argumental" los hechos acusatorios, "a excepción de la sentencia" y que "sólo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden". Además, recuerdan que el pasado 23 de marzo, el juez Llarena ordenó librar las ordenes europeas de detención en base a la argumentación del auto de procesamiento y atendiendo la petición de la Fiscalía.

El magistrado instructor del procés remitió el pasado 17 de abril un escrito a las autoridades judiciales belgas ofreciendo "información suplementaria" en relación a las órdenes europeas de detención emitidas contra estos ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont. Entre la documentación, Llarena aportó el auto de procesamiento para explicar los posibles delitos por los que se solicita la extradición de los tres exconsejeros.

La malversación, un delito de corrupción

Recalcó que se trata de unos "hechos complejos", en los que "cada partícipe ha tenido una contribución diferente", pero que los tres han sido procesados por el empleo presuntamente de "dinero público para pagar los gastos derivados de celebrar un referéndum declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", lo cual se "cataloga" en el Derecho español como "un delito de corrupción". Sólo por estos hechos ve "oportuna" la entrega.

Sobre Comín, en concreto, afirmó que se pide su extradición por un presunto delito de rebelión, "sin perjuicio de otras calificaciones" y destacó que su participación consistió "básicamente en promover que la Comunidad Autónoma de Cataluña declarara su independencia del resto del Estado español y se constituyera como una república independiente, sirviéndose para ello de alzamientos y movilizaciones públicas que llegaron a contener expresiones de violencia con las que se pretendía forzar al Estado a reconocer la nueva realidad política".