El Gobierno catalán 'despide' a S&P para esconder su solvencia financiera

El Gobierno catalán ha rescindido el contrato con la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P), que evaluaba la solvencia financiera de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo autonómico de Quim Torra dejará de estar vigilado por la firma estadounidense por decisión propia. Ello dará menos información sobre el estado de la economía autonómica a los posibles inversores o compradores de deuda.

En un comunicado, S&P ha indicado que la Generalitat ha transmitido su voluntad de no renovar el contrato de fiscalización financiera al vencimiento del mismo. Ello finalizará la relación contractual entre ambas partes. En el momento de ruptura del contrato entre la agencia de calificación y la administración autonómica, Standard mantenía la economía catalana en una nota de B+ con perspectiva de mejora. Este nivel significa que Cataluña está en grado especulativo, esto es, que es capaz de mantener los compromisos de pago de deuda, pero que es "más vulnerable que otras economías a las condiciones empresariales, económicas o financieras".

Liquidez a las autonomías

El análisis de S&P de la economía catalana contenía algunos elementos a destacar. La agencia mantenía a la autonomía en previsión ascendente por la "rica economía regional y el marco institucional que rige las relaciones entre el Gobierno central y las regiones". Asimismo, la firma de calificación valoraba "el fuerte del soporte de liquidez disponible para las regiones españolas", esto es, el apoyo del Gobierno a las autonomías con inyecciones de liquidez como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En opinión de Standard&Poor's, "la calificación estaba limitada por los muy elevados niveles de deuda de Cataluña, una gestión financiera muy débil, un pobre comportamiento presupuestario y una liquidez poco adecuada".

Política: obstáculo al pago de la deuda

El análisis de la firma con sede en Nueva York también alertaba en su valoración que "la relación entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña podría obstaculizar la capacidad de la autonomía de afrontar el pago de su deuda". De hecho, el pasado mes de marzo, la enseña que guía a los compradores de deuda nacional decidió subir el rating a España de BBB+ a A- al constatar que las tensiones del desafío independentista en Cataluña no habían afectado tanto como esperaban a la economía nacional. Era la mejor nota desde abril de 2012.

Antes de ello, el Gobierno ya había decidido no renovar el acuerdo con Standard&Poor's el pasado mes de enero tras la finalización del contrato entre las dos partes para fiscalizar la solvencia de la deuda soberana española. No obstante, S&P Global seguía ofreciendo la calificación de las obligaciones nacionales, comercializándolas como "rating no solicitado".