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Rótulo del Institut Català del Sòl, empresa pública dependiente de la Conselleria de Territorio de la Generalitat / CG

La sindicatura sospecha de un contrato de Sumarroca con el Govern

Un informe del órgano fiscalizador cuestiona la adjudicación de una obra a Teyco en 2012, pese a no tener la puntuación máxima exigida

29.06.2017 00:00 h.
4 min

La Sindicatura de Comptes, órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público catalán, halló indicios de delito en la adjudicación de un contrato del Institut Català del Sòl (Incasòl) a la empresa Teyco, perteneciente a la familia Sumarroca. Así lo indica en un informe correspondiente a la gestión de la empresa pública entre 2010 y 2013.

Incasòl, dependiente del Departamento de Territorio de la Generalitat, se dedica a la promoción de suelo urbanizado, el fomento de la vivienda y la gestión de equipamientos públicos, con la finalidad de atender necesidades colectivas, remodelaciones urbanas, creación de espacios libres y zonas verdes, dotaciones y equipamientos.

El informe, presentado por el síndico Miquel Salazar, corresponde a los ejercicios 2010-13 y pone el foco en un contrato que Teyco, la empresa perteneciente a la familia Sumarroca, suscribió con Incasòl en mayo de 2012. El trabajo, cuyo coste ascendía a 275.143,44 euros, consistía en la restauración del castillo de Montsoriu, en Arbúcies (Girona).

Cuadro de valoraciones

“El contrato se adjudicó a una empresa que, según la documentación que consta en el expediente fiscalizado, no reunía la puntuación máxima para ser adjudicataria”, indica el informe. Posteriormente, la entidad aportó "un cuadro de valoraciones en que queda justificada la adjudicación de esta empresa, que corresponde con el cuadro de que dispuso la Mesa de Contratación". Sin embargo, la sindicatura precisa que “ni el informe de valoración de las ofertas ni en ningún otro documento se justifica el cambio de puntuación de 0,50 puntos al alza en la valoración técnica correspondiente a la relación de maquinaria, medios auxiliares y personal previsto en la obra, que es lo que hacía que esta empresa fuera finalmente adjudicataria”.

El autor del informe advierte de que la irregularidad descrita “podría dar lugar a hechos perseguibles administrativamente y judicialmente. Esta información se hace con todas las reservas y poniendo de manifiesto que solo se hace respecto a la posible existencia de indicios, ya que la apreciación únicamente corresponde a la jurisdicción competente”.

Necesidad de mejoras

Por lo demás, la sindicatura detecta diversas irregularidades en el proceder del Incasòl relacionadas con “la constitución de la Mesa de Contratación y el nombramiento de sus miembros, la redacción de los pliegos de forma más exhaustiva detallando el objeto del contrato y los criterios de adjudicación y su ponderación”.

Destaca “la necesidad de dar más peso a los criterios que hagan referencia al objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos; que es preciso detallar, describir y ponderar las mejoras que serán admitidas; que deben especificarse las causas concretas de modificación; que hay que tener el registro con fecha de todas las comunicaciones con los licitadores; que es necesario motivar la adjudicación; que la recepción de servicios debe tener la firma del responsable técnico del contrato y la fecha, y que la devolución de las garantías debe efectuarse en el tiempo adecuado".