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Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo

Los sindicatos defenderán en el Congreso una renta mínima

UGT y COOO presentarán una Iniciativa Legislativa Popular que aboga por una prestación de 426 euros para 1.800.000 hogares

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Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, defenderán este jueves en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una renta mínima de 426 euros para 1,8 millones de hogares sin ingresos o que viven en el umbral de la pobreza. Toxo y Álvarez acudirán a la Comisión de Empleo del Congreso después de recoger durante más de un año cerca de 700.000 firmas que abogan por una ley que garantice unos ingresos mínimos a las familias más pobres y que está vinculada a la búsqueda de un empleo.

La prestación que plantean los sindicatos se dirige a más de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80% del Iprem. Es decir, unos 426 euros, que a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares. El presupuesto anual necesario para poder llevarla a efecto es de unos 11.000 millones de euros, el 1 % del PIB.

Incompatible con otras prestaciones

Se trataría de una renta universal, no condicionada a las disponibilidades presupuestarias e incompatible con otras prestaciones de la seguridad social, tanto del nivel contributivo como del no contributivo. De todas formas, sí se podría percibir si se cobran prestaciones de dependencia o en favor de la infancia. Respecto al requisito de carencia de rentas, el umbral se sitúa en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Condición necesaria es ser demandante de empleo al menos, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación, y para mantenerla hay que demostrar anualmente los ingresos y rentas.

En caso de que la proposición de Ley fuera aprobada sería la segunda ILP desde 1977 que ser convierte en Ley, ya que de las 12 que han sido admitidas con 500.000 firmas, sólo una relativa a la reclamación de deudas hipotecarias y que supuso una modificación de la ley de propiedad horizontal tuvo rango legal.