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El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una comparecencia en el Parlament / EP

El Síndic Ribó intensifica su defensa de los líderes del 'procés' fugados

Acusa al Estado español de desoír al Consejo de Europa con las euroórdenes por el referéndum ilegal de secesión, amparadas esta misma semana por la Comisión Europea ante el TJUE

Ricard López
6 min

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, vuelve a salir al rescate de los mandatarios de la Generalitat que impulsaron el procés secesionista. El equivalente al defensor del pueblo catalán acusa ahora al Estado de desoír una resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que, según él, instaba a retirar la solicitud de extradición de los políticos fugados por el referéndum ilegal del 1-O, al mantener en vigor las eurórdenes contra el expresidente Carles Puigdemont y algunos de sus exconsellers para ser juzgados.

Así lo ha manifestado Ribó en una rueda de prensa junto a su adjunto Jaume Saura, al hilo su Informe de seguimiento de la Resolución 2381 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ha entregado al Parlament este jueves.

Las críticas de Ribó, curiosamente, llegan dos días después de que la Comisión Europea apoyara el martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la posición de España contra los motivos de Bélgica para rechazar las euroórdenes, y de que recordara que no cabe alegar una posible vulneración de derechos para no entregar al exconseller Lluís Puig.

Impunidad

Ribó reconoce que, si el Ministerio Fiscal pidiera dejar sin efecto las euroórdenes vigentes contra los fugados del procés, el procedimiento ante el TJUE a raíz de las peticiones del Tribunal Supremo también llegaría a su fin. Algo que, a su modo de ver, el Gobierno puede ordenar al fiscal "en cualquier momento".

El informe del Síndic --criticado en los últimos años por su reiterada defensa de los líderes que impulsaron el referéndum ilegal de secesión, y con su mandato caducado desde hace años-- evalúa cómo España ha implementado las recomendaciones de la resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, que bajo el título "¿deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?" pedía indultar a los independentistas encarcelados --algo que el Gobierno español ya hizo el año pasado-- y reformar los delitos de sedición y rebelión.

En este sentido, Ribó ha lamentado que los indultos sólo afectaran a las penas de cárcel, pero no a las de inhabilitación --varios de esos dirigentes fueron condenados también por malversación--, y ha asegurado que sigue pendiente la amnistía para evitar "el goteo de causas penales" contra excargos del Govern, manifestantes y activistas.

Exige reformar la rebelión y la sedición

El Síndic también cree que se ha incumplido, según él, la resolución al exigir que "renegaran" de sus convicciones políticas mientras estuvieron en la cárcel. Y ha añadido que España en estos momentos mantiene una concepción legalista y formalista del Estado de Derecho, en sus palabras.

Ribó, en cambio, ha celebrado la absolución de la cúpula policial del 1-O y de la Sindicatura Electoral de Cataluña del referéndum ilegal. Pero aún así, le reprocha al Gobierno haber "abandonado" la reforma de los delitos de sedición y rebelión.

Sobre la petición de la resolución de abrir un "proceso de diálogo", ha advertido en referencia a la mesa de diálogo entre el Gobierno y los dirigentes secesionistas de la Generalitat de que "hasta hoy, no ha trascendido ningún resultado tangible".

Ve "en retroceso" la libertad de expresión

El informe del Síndic analiza también las recomendaciones generales que la resolución dirigió a España sobre la libertad de expresión y otros derechos, que el Síndic ve "en pleno retroceso" con las condenas contra el rapero Valtònyc y tuiteros y con la denominada "ley mordaza".

"Esta tendencia de rebajar la libertad de expresión ha venido avalada por algunas sentencias del Tribunal Constitucional que creemos que no son compatibles con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como han denunciado algunos de los magistrados con su voto particular", señala.

Apoyo a Torra

A su modo de ver, también son "desproporcionadas" las condenas por desobediencia de diversos dirigentes de la Generalitat que incumplieron la legalidad democrática, como el expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, inhabilitados de sus cargos por este delito.

El Síndic de Gregues hará llegar ahora su documento al Consejo de Europa y también prevé ponerlo a disposición del Defensor del Pueblo.