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El Síndic de Greuges, Rafael Ribó (en el centro), junto al expresidente de la Generalitat Quim Torra y el por aquellas fechas vicepresidente Pere Aragonès, a finales de 2019 / EFE

El Síndic Ribó carga contra el mínimo de 25% de clases en castellano en Cataluña

El equivalente al defensor del pueblo de Cataluña cree que no implementar la inmersión lingüística en catalán "puede comportar un riesgo elevado de segregación social y lingüística"

6 min

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha salido este viernes en defensa de la inmersión lingüística obligatoria en catalán en el sistema educativo de Cataluña aduciendo que "garantiza derechos, favorece la cohesión social y lingüística y disfruta del consenso local e internacional".

El equivalente al defensor del pueblo catalán ha cargado con dureza contra el Poder Judicial, después de que el Tribunal Supremo desestimara esta semana el recurso del Govern secesionista contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ratifica que al menos un 25 de las clases deben impartirse en castellano, lengua cooficial en una autonomía bilingüe.

Críticas al Poder Judicial

El Síndic ha defendido el hasta ahora vigente modelo de inmersión, y lo ha hecho cargando contra la justicia: "La determinación de una cuota única por parte de un tribunal sustituye a la competencia de la Generalitat, cuando sería necesaria mayor flexibilidad según la realidad sociolingüística". La sentencia establece que ambas lenguas --catalán y castellano-- deben ser vehiculares en, como mínimo, un 25% de las clases, por lo que el porcentaje resulta variable.

En opinión de Ribó, la decisión del TS "interfiere en el marco jurídico vigente y obvia que, de acuerdo con los datos disponibles hasta ahora, el castellano también tiene un uso vehicular en el sistema educativo". Y ha afirmado que es el centro el que debe establecer la proporción de uso de lenguas oficiales y que "la misma determinación de una cuota mínima por parte de tribunales supone ejercer las competencias que tiene la Administración autonómica".

El Síndic esgrime como "evidencia" del "carácter vehicular de la lengua castellana en nuestro sistema educativo" el hecho de que la sentencia del TSJC "asume los datos" aportados por la Consejería de Educación de la Generalitat, según a cual "la media de horas de uso del castellano es del 18% en el caso de la educación Primaria, del 19% en los de secundaria obligatoria y del 26% en bachillerato".

Ve "riesgo de segregación social"

Según Ribó, no consolidar el modelo el modelo lingüístico que propugna la Generalitat --donde la lengua castellana apenas se emplea en esa misma asignatura-- "comporta un riesgo elevado de segregación social y lingüística y afecta negativamente a la competencia lingüística en lengua catalana de los niños de familias no catalanohablantes".

En opinión del equivalente al defensor del pueblo en Cataluña, el Tribunal Constitucional ha establecido que la existencia de varias lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística en la enseñanza, lo cual significa que todas deben tener un uso vehicular en la enseñanza.

Sin embargo, el Síndic entiende que "el uso vehicular no debe ser necesariamente simétrico", como entiende el propio Tribunal Constitucional al admitir un uso superior del catalán en atención a las necesidades de "normalización" del catalán con la intención de paliar déficits históricos.

Contra el mínimo del 25% de castellano

En este sentido, el Síndic ha considerado que en Cataluña el catalán es minoritario como lengua inicial y de uso habitual, y que de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta de usos lingüísticos en la población, mientras el 55,1 % de la población tiene el castellano como lengua inicial, sólo el 31 % tiene el catalán; y mientras que el 48,6 % de la población tiene el castellano como lengua habitual, en el caso del catalán esta proporción decrece hasta el 36,1 %.

Ribó considera que "la proporción del uso de las lenguas oficiales debe fijarla en cada caso el centro educativo atendiendo a criterios diversos, de acuerdo con las singularidades del proyecto educativo y del modelo lingüístico y las del propio alumnado del centro, sin que la generalización de cuotas, que ya había fijado con anterioridad el TSJC para casos concretos y particulares, deba considerarse como un mínimo de referencia válido para todos los centros".

A su modo de ver, ese 25% mínimo "interfiere en el marco jurídico vigente y obvia que, de acuerdo a los datos disponibles hasta ahora, el castellano también tiene un uso vehicular en el sistema educativo".

Lleva el asunto a Europa

El Síndic Rafael Ribó, con mandato caducado tras más de 17 años en el cargo, y cuestionado por su afinidad y acérrima defensa de los dirigentes del procés secesionista, trasladará estas consideraciones al presidente de la Generalitat, los consellers de Educación y Cultura, al presidente del Gobierno central, a la ministra de Educación y al Defensor del Pueblo, y a entidades internacionales.