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El Síndic de Greuges Rafael Ribó (i) y el presidente del Parlament, Roger Torrent / EFE

El Síndic Ribó entra en cólera porque le echan en cara su imputación

Investigado por su relación con un empresario del 3%, exige a la Mesa del Parlament que actúe contra una diputada en una carta en la que dice estar blindado por las normas europeas

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Al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, no le ha gustado nada que una diputada de Ciudadanos le haya recordado que está “imputado”, una expresión judicial que nada tiene que ver con estar acusado o procesado, y mucho menos con ser culpable, pero que Ribó se ha tomado como una ofensa. En una la carta enviada al presidente del Parlament, Roger Torrent, a la que ha tenido acceso Crónica Global, Ribó pide amparo y que se abra un procedimiento contra la parlamentaria María Francisca Valle

Asegura estar blindado como ombudsman por la normativa europea y considera que se ha vulnerado su derecho al honor. Su mandato caducó hace un año, pero sigue en funciones.

La diputada se refirió al caso del 3% investigado por la Audiencia Nacional y en el que está implicado el empresario Jordi Soler, quien invitó a Ribó a viajar a Berlín en avión privado en 2015 para ver jugar al Barça en la final de la Champions. El juez José de la Mata quería indagar si esa invitación fue una contraprestación por la adjudicación de algún tipo de contrato y por eso ofreció a Ribó que declarara como investigado el pasado 18 de febrero.

En su airada carta, el Síndic pide el amparo de la Mesa del Parlament en relación a la comparecencia que tuvo lugar el pasado lunes en la ponencia sobre la proposición de ley de protección integral de los altertadores en el ámbito competencial de la Generalitat.

Presunción de inocencia

Al término de la intervención, explica el Síndic, la diputada Francisca Valle, manifestó “que yo estaba ‘imputado’ en una causa penal, razón por la cual no pensaba hacerme observaciones o preguntas”.

El defensor del pueblo catalán considera que su derecho fundamental a la presunción de inocencia fue "vulnerado por la diputada”, a la vez que “las manifestaciones objeto de este escrito no pueden ser consideradas ni cuidadosas y respetuosas, antes el contrario: radicalmente falsas”.

Ribó declaró voluntariamente en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de cohecho pasivo el pasado día 18. Lo hizo en calidad de investigado, sinónimo de encartado o imputado, términos equivalentes a inculpado, pero dado que generaba confusión, jurídicamente ya no se utiliza. Esta categoría judicial no equivale a estar acusado o procesado, y mucho menos a ser culpable, pues corresponde al inicio de unas diligencias en las que el investigado es advertido de que, en función de sus declaraciones, podría afrontar en el futuro una acusación formal. Es decir, que estar imputado o investigado supone una garantía procesal para el declarante.

Pero a Ribó no le gustó nada el término atribuido por la diputada. “Este Síndic ha defendido siempre y con firmeza la libertad de expresión, particularmente en el ámbito parlamentario. Ahora bien, el ejercicio de este derecho fundamental no puede ser excusa para vulnerar otros derechos igualmente fundamentales, como el derecho al honor o la presunción de inocencia”, escribe al presidente del Parlament.

Código de conducta

Entiende Ribó que la parlamentaria “ha contravenido el código de conducta del Parlament”, por lo que pide que se abra un procedimiento interno de verificación, a iniciativa propia de la Mesa, y que se pida de forma motivada un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Subraya que “esta conducta es absolutamente contraria a los recientemente aprobados Principios de Venecia (normas europeas) sobre la institución del ombudsman, que establecen que los Estados se deben abstener de llevar a cabo cualquier acción destinada a suprimir la institución del ombdusman o a obstaculizar el funcionamiento eficaz, y deben protegerla de manera eficaz contra todas las amenazas de este tipo”.

Ciudadanos pide su dimisión

"El señor Ribó debería dimitir inmediatamente, no solo porque haya caducado su mandato hace un año, sino porque desprestigia a la institución cada día que pasa y porque los catalanes llevamos aguántandole demasiadas polémicas en los últimos meses", afirma el diputado de Cs Manuel Rodríguez. Pero "en lugar de dimitir --añade--, se aferra al cargo, en lugar de dar explicaciones, se esconde tras Torrent y el PSC", añade en referencia al rechazo de los socialistas a que se debatiera el cese del Síndic en un Pleno del Parlament.

"No tiene suficiente con una investigación judicial por su viaje a la final de Champions valorado en 40.000 euros, lo cual supondría un presunto delito de cohecho pasivo, tampoco ha explicado sus relaciones con Jordi Soler, ni se ha arrepentido de sus declaraciones bochornosas sobre la sanidad catalana. Ahora ataca a los diputados de Cs y a más de un millón de catalanes por decirle las verdades a la cara y exigir su dimisión".