Sigue la purga en la Consejería de Interior: prohíben a un experto penalista defender a los Mossos

El Govern ha revocado la habilitación para ejercer la defensa de los Mossos d’Esquadra a Josep Lluís Florensa, un experto penalista que llevaba años ejerciendo la defensa de los agentes ante los tribunales. Fuentes policiales enmarcan ese cese en la “purga” de cargos de la Consejería de Interior que se oponen a las nuevas instrucciones consistentes en reinterpretar la ley mordaza para proteger a los activistas.

Florensa es uno de los juristas con más experiencia y que se había convertido en un referente en la defensa de los agentes que se veían envueltos en casos judiciales. En noviembre de 2021 fue obligado a retirarse como abogado de la acusación particular en un juicio contra siete manifestantes acusados de desorden, atentado y lesiones a doce agentes de los Mossos durante las protestas por la investidura fallida de Carles Puigdemont en 2018. Florensa anunció ante la Audiencia de Barcelona que se retiraba del caso por orden de la Conselleria de Interior.

Su inhabilitación, según ha podido saber Crónica Global, le fue notificada ayer al mediodía por decisión del gabinete jurídico central dependiente de Presidencia. Portavoces de la Consejería de Interior aseguran que "no se nos informó ni sabíamos nada" de esa medida, que se une al el cese de Jordi Ferreres, subdirector general de Seguridad Interior de la Dirección General de Administración de Seguridad. Se trata de la unidad que, entre otros cometidos, tramita las actas de orden público.

Reestructuración

Asimismo, Mari Pau Martí, jefa del servicio jurídico de la policía autonómica, fue sustituida por Àlex Bas el pasado 26 de mayo. Martí había coordinado la estrategia de defensa de quien fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como de la intendente Teresa Laplana en la causa del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1-O.

La Conselleria atribuye esos dos cambios a la reestructuración llevada a cabo por el consejero Joan Ignasi Elena desde que tomó posesión del cargo y arrancó con la destitución de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos y la del responsable de la Comisaría Central de Investigación Criminal, Toni Rodríguez. 

Ninguno de los dos estaba de acuerdo con las nuevas instrucciones sobre la aplicación de la Ley 4/2015 de seguridad ciudadana --conocida como la ley mordaza- con la finalidad de proteger a los activistas. Esto es, hacer la vista gorda en movilizaciones como las que tuvieron lugar en la avenida Meridiana de Barcelona, donde a pesar de la gravedad de algunos incidentes, decenas de actas nunca fueron tramitadas como expediente.