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La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (i) con los jefes de los letrados de la Cámara Antoni Bayona y Xavier Muro (d) / EFE

Los seis desplantes independentistas a los letrados del Parlament

Los separatistas han obviado los informes jurídicos de la Cámara en cuestiones tan importantes como la DUI, las leyes de ruptura o las declaraciones de soberanía

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Si los dirigentes independentistas hubieran hecho caso a los letrados del Parlament, ahora no estarían en la cárcel o en el exilio. Si bien es cierto que sus informes no son vinculantes, el desprecio demostrado por los secesionistas ha provocado un gran malestar entre los miembros de estos servicios jurídicos.

El último desplante tuvo lugar ayer, cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, impidió a los letrados intervenir en el debate sobre la anunciada querella de la Cámara contra el juez Pablo Llarena, que instruye la macrocausa del procés. Los abogados ya habían expresado la semana pasada su rechazo a esas acciones penales, porque, según avisaron, podría suponer una malversación.

Contra el Tribunal Constitucional

Pero esos feos hacia la labor de los letrados se remonta al inicio de la anterior legislatura. Cada declaración de soberanía expresada por los partidos independentistas era respondida por los asesores parlamentarios con un aviso de que el Tribunal Constitucional no permite desarrollar ese tipo de iniciativas, que le han costado la carrera política a la predecesora de Torrent, la también republicana Carme Forcadell, actualmente en prisión preventiva.

Los letrados también rechazaron la reforma del reglamento instada por los secesionistas para impulsar, por la vía de urgencia, las leyes del referéndum y de transitoriedad, que finalmente fueron llevadas al pleno en las traumáticas sesiones del 6 y el 7 de septiembre. Aquellas jornadas pusieron a prueba la paciencia del letrado mayor, Antoni Bayona, y del secretario general del Parlament, Xavier Muro, a quienes también se privó del uso de la palabra.

Se negó a firmar

La situación llegó a tal extremo que Muro se negó a firmar determinadas tramitaciones, consciente de la ilegalidad que se estaba cometiendo.

Pese a ello, las leyes fueron aprobadas en la Cámara catalana. Al igual que la declaración unilateral de independencia (DUI), a la que, obviamente, también se opusieron los letrados.

Tras las elecciones del 21D, el proceso de investidura, hasta ahora fallido, también ha evidenciado las divergencias entre los abogados del Parlament, que se han pronunciado en contra de la delegación del voto de Carles Puigdemont, y los independentistas.