Investidura

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Las seis contradicciones del discurso de Aragonès

A la pretensión del republicano de unir dos opciones tan contrapuestas como JxCat y la CUP se añaden una serie de iniciativas incoherentes con su gestión

27 marzo, 2021 00:00

Tras cinco semanas de negociaciones, la investidura de Pere Aragonès constató demasiadas contradicciones que los grupos no independentistas señalaron en esta primera sesión fallida. La primera, por ser más evidente, la pretensión de embarcar en un mismo gobierno tripartito a la CUP y Junts per Catalunya (JxCat), cuyo ideario social y económico se sitúa a años luz.

A partir de ahí, los malabarismos del candidato republicano han ido aumentando en dificultad, aunque insista en que un pacto entre las tres formaciones todavía es posible. De ahí que, a lo largo de su intervención de ayer, Aragonès desgranara una serie de propuestas incoherentes con su gestión como vicepresidente en el anterior mandato.

1. Un gobierno “inequívocamente de izquierdas”

Se trata de la primera premisa contradictoria dado que, en ese tripartito independentista que Pere Aragonès propone, tienen que convivir JxCat y la CUP. Los neoconvergentes carecen de un programa social y económico definido, dada la transversalidad de sus dirigentes, pero ni fiscal ni socialmente comparten el ideario de los antisistema. A mitad de camino entre ambas formaciones está ERC, cuyo candidato hizo un discurso muy social y económico, con guiños al empresariado, pero también a la CUP

2. Un nuevo Pacto Nacional para la Industria.

El año 2020 acabó sin que el anterior Pacto Nacional para la Industria se ejecutara por completo y sin haber definido las líneas básicas del que tiene que ponerse en práctica en 2021. La falta de diálogo con los sectores sociales, así como los cambios de gobierno --Àngels Chacón fue cesada por sus diferencias con Carles Puigdemont, quien impuso a Ramon Tremosa como consejero de Empresa-- han torpedeado este acuerdo para proteger el tejido productivo catalán. De ahí que PSC, Ciudadanos o los comunes recordaran sus incumplimientos como número dos del Ejecutivo catalán en esta materia. “El consejero de Industria no se ha reunido con los trabajadores de Nissan”, aseguró la líder de los comunes, Jèssica Albiach.

3. Competencias estatales.

Buena parte de los compromisos entre ERC y CUP son competencias estatales, de ahí que esa confrontación que se augura para la nueva legislatura no solo se ciña a la cuestión identitaria. Por ejemplo, algunos compromisos suscritos en materia de vivienda vulneran competencias del Gobierno español. También la creación de una energética pública o la gestión de los fondos europeos, tutelados también por el Estado.

4. Energías renovables

Quedó muy clara la apuesta de Aragonès por una economía verde y sostenible, así como sus quejas por la falta de energía barata en Cataluña. De ahí que resulte contradictorio que, en su pacto de investidura, Pere Aragonès y la CUP hayan pactado una moratoria en los grandes proyectos de energía renovable.

En concreto, el documento firmado entre cupaires y republicanos recoge la creación de una Consejeria de Acción para el Clima y la aprobación de una ley de Transició Energética en 2022. Asimismo, se alude a una moratoria para los grandes proyectos de impacto territorial negativo”.

5. Guarderías gratuitas

Se trata de una antigua reivindicación de los ayuntamientos que, debido a los recortes aplicados por Artur Mas, tuvieron que asumir el coste de la enseñanza de 0 a 3 años. Los tribunales han condenado al Govern a pagar los retrasos.

“Apostamos por hacer gratuita la etapa de 0 a 3 años. Porque es una de las mejores formas de trabajar por la igualdad de oportunidades”, dijo, “sin que se haya devuelto todavía lo adeudado a los consistorios por sufragar las guarderías”, matiza la diputada de PSC-Units, Esther Niubó.

6. Feminismo

Pere Aragonès ha insistido en su discurso en la necesidad de aplicar políticas feministas, esto es, garantizar la igualdad y la paridad. Pero las políticas de mujer del gobierno ya extinto han sido especialmente errática en este ámbito. Incluso poco transparente respecto al dinero que el Estado ha pagado a la Generalitat en base al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Asimismo, la inversión de la Generalitat se ha reducido al pasar de los 12 millones de 2010 a 10 millones en 2020.