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Cabecera de la manifestación organizada por Societat Civil Catalana (SCC) contra la "matraca tóxica" del 'procés' / CG

SCC reclama a las entidades que la vincularon con el franquismo que pidan perdón

El Tribunal Supremo dio la razón a la asociación constitucionalista y sancionó con 15.000 euros a los impulsores de un manifiesto que menoscababa su honor

3 min

La entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) ha solicitado a las organizaciones que en 2015 impulsaron un manifiesto en el que la vinculaban con el franquismo que pidan disculpas públicas.

La petición de SCC llega después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara este jueves una sentencia de la Audiencia de Barcelona que le daba la razón, condenando a los secesionistas por intromisión al honor.

Dirigentes de ERC y JxCat

SCC recuerda en un comunicado que el manifiesto, titulado La societat civil de Catalunya, per la dignitat, lo impulsaron, entre otros, dirigentes independentistas como Josep Maria Terricabras o Ernest Maragall (ERC), Ramon Tremosa (JxCat) o Jordi Sebastià. En el mismo, se atribuyeron falsamente a SCC actos de apología del franquismo y del nazismo, y ahora la justicia impone a sus impulsores el pago de 15.000 euros como reparación.

El presidente de SCC, Fernando Sánchez, considera que este es un día importante para SCC y que no dejarán que "se vincule a una entidad profundamente comprometida con los valores constitucionales con ningún régimen ni movimiento dictatorial".

15.000 euros de multa

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó los recursos de cinco entidades y un particular y los impulsores del manifiesto deberán indemnizar con 15.000 euros a SCC por daños y perjuicios, además de costear la publicación de la sentencia en La Vanguardia.

Las organizaciones en cuestión son la Comissió de la Dignitat, Amical de Mauthausen, SOS Racisme, Fundació Congrés de Cultura Catalana y Fundació Catalunya Fons, además de Markus Pucnik, exempleado de SCC.

Las acusaciones vertidas contra SCC carecen de base fáctica, según el fallo, y se hicieron sin pruebas a pesar de tratarse de “imputaciones de la mayor gravedad”. Además, no se hicieron con la “proporcionalidad” necesaria para verse amparadas por la libertad de expresión, sino que se reducen a “la más absoluta descalificación”.