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Santi Vila, en una imagen de archivo / EFE

Santi Vila admite que "lo que pasó en Cataluña en 2017 fue impropio de una democracia"

El exconsejero de Empresa de la Generalitat señala que, por lo que a él "corresponde", lleva la pena consigo y le "acompañará siempre"

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Santi Vila, exconsejero de Empresa de la Generalitat condenado por desobediencia en la causa el procés, entona el mea culpa al admitir la falta de principios democráticos de la aventura secesionista impulsada por el Govern de Carles Puigdemont que desembocó, entre otros, en la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, el referéndum ilegal del 1-O y la DUI del 27-O de 2017.

Sin necesidad de mencionar acontecimientos como los tres antes citados, el exdirigente de Junts pel Sí reconoce que "lo que pasó en Cataluña en el 2017 hay que reconocer que fue impropio de una democracia liberal madura y avanzada". "Por lo que a mí me corresponde, llevo la pena conmigo y me temo que me acompañará siempre". Así se expresa en un artículo de opinión publicado en La Vanguardia, donde confiesa su arrepentimiento y apunta: "Los condenados debemos reconocer que erramos en muchas de las decisiones tomadas y debemos comprometernos con la reconciliación".

Pide el indulto de los políticos presos

Vila defiende en su artículo la necesidad de indultar a los políticos presos y fugados por el procés, al considerar "injusta, por desproporcionada" la sentencia impuesta a los condenados encarcelados. En su opinión, "los propios magistrados" que la dictaron en el Tribunal Supremo consideraron que "fue una causa de innegable carácter político, que nunca debió haber llegado a los tribunales" y, en definitiva, asumía la "tesis de que lo que se pretendía era tensar la cuerda sin que en ningún caso esta llegara a romperse".

"Más de tres años en la cárcel es tiempo suficiente para acreditar el castigo y la gravedad de los hechos", apunta Vila, quien además aboga por reformar el delito de sedición. Según él, en Cataluña "urge restaurar el consenso constitucional quebrado como mínimo desde el 2010" y, para ello, ve necesario "articular una reforma institucional que dé nuevo encaje y reconocimiento a las históricas aspiraciones nacionales catalanas, que finalmente pueda ser votada por el conjunto de los españoles".